CONVENCIÓN DE LA OCDE PARA COMBATIR EL COHECHO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

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CONVENCIÓN DE LA OCDE PARA COMBATIR EL COHECHO DE FUNCIONARIOS públicos  extranjeros en transacciones comerciales internacionales*

Preámbulo

Las partes,

Considerando que el soborno es un fenómeno generalizado en las transacciones económicas internacionales, incluyendo el comercio y las inversiones, lo cual constituye una seria preocupación moral y política, socava y distorsiona las condiciones de competitividad internacional;

Considerando que todos los países participan de la responsabilidad de combatir el soborno en las transacciones económicas transnacionales;

Teniendo en vista que las Recomendaciones Corregidas para Combatir el soborno en las Transacciones Económicas Internacionales, adoptadas por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el 23 de mayo de 1997, las cuales, inter alia, convocaron a la adopción de medidas efectivas para impedir, prevenir y combatir el soborno de funcionarios públicos extranjeros en conexión con transacciones económicas transnacionales, en particular la pronta criminalización de tal soborno de una manera eficiente y coordinada, de conformidad con los elementos comúnmente convenidos a partir de tal recomendación y con los principios de jurisdicción y otros fundamentales de cada país;

Acogiendo otros recientes desarrollos que favorecen el avance del entendimiento y la cooperación internacionales para combatir el soborno de funcionarios públicos, incluyendo las acciones de las Naciones Unidas, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial de Comercio, de la Organización de los Estados Americanos, del Consejo de Europa y de la Unión Europea;

Aceptando los esfuerzos de compañías, organizaciones económicas y uniones comerciales así como otras organizaciones no gubernamentales para combatir el soborno;

Reconociendo el papel de los gobiernos en la prevención de pedidos de sobornos por personas individuales y empresas en las transacciones económicas transnacionales;

Reconociendo que obtener profesos en este campo requiere no sólo esfuerzos de nivel nacional sino también cooperación multilateral, monitoreo y seguimiento;

Reconociendo que obtener homogeneidad entre las medidas a ser adoptados por las Partes es un objetivo esencial y el propósito de la Convención, el cual requiere que la Convención sea ratificada sin derogaciones que afecten esa homogeneidad;

Han convenido lo siguiente:

Artículo 1

El delito de sobornar a un funcionario público extranjero

Cada parte adoptará las medidas necesarias para establecer en su legislación como un delito, para cualquier persona, ofrecer, prometer o dar intencional e ilegalmente cualquier cosa de valor pecuniario u otras ventajas, sea en forma directa o mediante intermediarios, a un funcionario público extranjero, para ese funcionario o para otra persona, a fin de conseguir que tal funcionario realice u omita cualquier acto en el cumplimiento de sus deberes oficiales en orden a obtener o conservar un negocio u otras ventajas impropias en el contexto de un negocio internacional.

Cada Parte adoptará las medidas necesarias para establecer como un delito criminal la participación, incluyendo la incitación, la ayuda y el encubrimiento o la autorización de un acto de soborno de un funcionario público extranjero.

Los delitos son los expuestos en los párrafos 1 y 2 que anteceden y los citados abajo como “soborno de un funcionario público extranjero”.

Para los propósitos de esta Convención:

1. a) “Funcionario público extranjero” significa cualquier persona perteneciente al poder legislativo, ejecutivo o judicial de un país extranjero, sea designado o electo; cualquier persona en ejercicio de una función pública para un país extranjero, un organismo público o una empresa pública de un país extranjero; y cualquier funcionario o agente de una organización pública internacional;
2. b) El término “país extranjero” incluye todos los niveles y subdivisiones de gobierno de ese país, sean nacionales o locales;
3. c) La expresión “acto u omisión de una conducta en relación con el ejercicio de los deberes oficiales” incluye cualquier uso de una posición oficial, figure o no dentro de la competencia formal del funcionario.

Artículo 2

Responsabilidad de las personas jurídicas

Cada Parte adoptará las medidas necesarias, de acuerdo con sus principios legales, para establecer la responsabilidad de las personas jurídicas en el soborno de un funcionario público extranjero.

Artículo 3

Sanciones

El soborno de un funcionario público extranjero será sancionado con una pena criminal efectiva, proporcionada y disuasiva. El monto de la pena será comparable al que el Estado Parte aplique para el soborno de sus propios funcionarios y tendrá, en el caso de las personas naturales, el nivel de privación de libertad suficiente para hacer viable la asistencia recíproca y la extradición.

Si en el orden jurídico de un Estado Parte, la responsabilidad penal no fuere aplicable a las personas jurídicas, ese Estado Parte asegurará que tales personas jurídicas estarán sujetas, en caso de soborno de un funcionario público extranjero, a una sanción no criminal efectiva, proporcionada y disuasiva, incluyendo penas pecuniarias.

Cada Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer que el soborno y los bienes derivados del soborno a un funcionario público extranjero o el valor de los bienes correspondientes a tales procedencias estén sujetos a embargo y decomiso o establecerá sanciones pecuniarias comparables con esos valores.

Cada Parte considerará la imposición de una penalidad civil y administrativa adicional a las personas sujetas a sanciones por el soborno a un funcionario público extranjero.

Artículo 4

Jurisdicción

Cada Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción sobre los actos de soborno de un funcionario público extranjero cuando el delito sea cometido total o parcialmente en su territorio.

Cada Parte que tenga jurisdicción para perseguir a sus nacionales por delitos cometidos en el exterior adoptará las medidas que sean necesarias para establecer esa jurisdicción cuando sus nacionales incurran en un soborno de un funcionario público extranjero, de acuerdo con los mismos principios.

Cuando más de una Parte tenga jurisdicción sobre un delito de los descriptos en esta Convención, las partes involucradas deberán, a requerimiento de una de ellas, consultar con el propósito de determinar la jurisdicción más apropiada para la persecución.

Cada parte revisará si las bases actuales de su jurisdicción son efectivas en la lucha contra el soborno de los funcionarios públicos extranjeros y, si no es así, seguirá los pasos encaminados a corregir esa situación.

Artículo 5

Autoridad de aplicación

La investigación y persecución del soborno de los funcionarios públicos extranjeros estarán sujetas a las reglas y principios aplicables de cada Estado Parte.

Ellos no serán influidos por consideraciones de sus intereses económicos nacionales, por los potenciales efectos sobre las relaciones con otros Estados o la identidad de las personas naturales o jurídicas involucradas.

Artículo 6

Estatuto de limitación

Cualquier norma de prescripción aplicable a los delitos de soborno de un funcionario público extranjero concederá un tiempo adecuado para la investigación y persecución de ese delito.

Artículo 7

Lavado de dinero

Cada Estado Parte que haya hecho del soborno a sus propios funcionarios un delito sobre el cual puede fundarse la aplicación de su legislación sobre lavado de dinero, procederá en los mismos términos con el soborno de un funcionario público extranjero, sin atender al lugar donde el soborno hubiere ocurrido.

Artículo 8

Contabilidad

En orden al combate efectivo del soborno de los funcionarios públicos extranjeros, cada Parte adoptará las medidas que sean necesarias, dentro del marco de sus leyes y regulaciones concernientes al mantenimiento de libros y grabaciones, declaración de estados financieros y parámetros de contabilidad y auditoría, para prohibir el establecimiento de contabilidades paralelas, la confección de libros paralelos o la inadecuada identificación de las transacciones, la omisión de registrar gastos, los asientos de deudas con una incorrecta identificación de su objeto, así como el uso de documentos falsos, por parte de las compañías sujetas a tales leyes y regulaciones, con el propósito de sobornar a funcionarios públicos extranjeros o de ocultar tales sobornos.

Cada Parte aplicará penalidades civiles, administrativas o criminales efectivas, proporcionadas y disuasivas para tales omisiones y falsificación respecto de los libros, grabaciones, asientos contables y estados financieros de las citadas compañías.

Artículo 9

Asistencia jurídica recíproca

Cada Estado Parte deberá, con la extensión más completa posible bajo sus leyes, tratados y acuerdos relevantes, proveer una rápida y efectiva asistencia jurídica a otro Estado Parte para los propósitos de las investigaciones y procedimientos penales que sean conducidos por un Estado Parte en relación con delitos propios del ámbito de esta Convención y también para los procedimientos no criminales ligados a los objetivos de esta Convención y promovidos por una Parte contra una persona jurídica. La Parte requerida informará a la Parte requirente, sin demora, de cualquier información o documentos adicionales necesarios para sostener el pedido de asistencia y, donde fuere requerido, el estado y resultado de tal requerimiento.

Cuando una Parte condicione la asistencia jurídica a la existencia de doble incriminación, la doble incriminación se considerará como existente si el delito por el cual es solicitada la asistencia pertenece al contexto de esta Convención.

Una parte no denegará la asistencia jurídica mutua contenida en esta Convención para materias penales sobre la base del secreto bancario.

Artículo 10

Extradición

El soborno de un funcionario público extranjero será considerado incluido en las leyes de los Estados Partes y los tratados de extradición entre ellos como un delito extraditable.

Si un Estado Parte que condicione la extradición a la existencia de un tratado de extradición recibe un requerimiento de extradición de otro Estado Parte con el cual no tenga tratado de extradición, podrá considerar a esta Convención como base legal para la extradición con respecto al delito de soborno de un funcionario público extranjero.

Cada Estado Parte adoptará cualquier medida que sea necesaria para asegurar a cualquier otra Parte que puede extraditar o perseguir a sus nacionales por delitos de soborno de un funcionario público extranjero. Un Estado Parte que deniegue un pedido de extradición de una persona por el delito de soborno de un funcionario público extranjero, únicamente con apoyo en la nacionalidad de esa persona, remitirá el caso a sus autoridades competentes para su juzgamiento.

La extradición por soborno de un funcionario público extranjero está sujeta a las condiciones dispuestas en su legislación interna, tratados y acuerdos aplicables de cada Estado Parte. Toda vez que un Estado Parte condicione una extradición a la existencia de doble incriminación, esa condición se considerará cumplida si el delito por el cual la extradición es solicitada pertenece al ámbito del artículo 1 de esta Convención.

Artículo 11

Autoridades responsables

Para los propósitos del artículo 4, párrafo 3, sobre consultas, artículo 9, sobre asistencia jurídica recíproca y artículo 10, sobre extradición, cada parte notificará al Secretario General de la OCDE la autoridad o autoridades responsables para hacer y recibir requerimientos, las cuales servirán de canal de comunicación para esas materias en cada uno de los Estados, sin perjuicio de otros acuerdos entre las partes.

Artículo 12

Monitoreo y seguimiento

Las Partes cooperarán en llevar a cabo un programa de seguimiento sistemático para monitorear y promover la total implementación de esta Convención. A menos que las Partes hubieran decidido otra cosa por consenso, esto será cumplido en el marco del Grupo de Trabajo sobre Soborno y Transacciones Comerciales de la OCDE y de acuerdo con sus términos de referencia, o dentro del marco y términos de referencia de cualquier ente que suceda esas funciones, y las partes deberán pagar los costos de los programas de acuerdo con las reglas aplicables a todos.

Artículo 13

Firma e ingreso

Hasta su entrada en vigor, esta Convención estará abierta a la firma por cualquier miembro de la OCDE y por otros Estados no miembros los cuales serán invitados a iniciar una plena participación en el Grupo de Trabajo sobre Soborno y Transacciones Comerciales Internacionales.

Después de su entrada en vigor, esta Convención estará abierta al ingreso de cualquier Estado no firmante que sea un miembro de la OCDE o haya comenzado una plena participación en el Grupo de Trabajo sobre Soborno y Transacciones Comerciales Internacionales o cualquier ente que le suceda en sus funciones. Para los Estados no firmantes, la Convención entrará en vigor después del sexagésimo día posterior a la fecha de depósito de su instrumento de adhesión.

Artículo 14

Ratificación y depósito

Esta Convención está sujeta a la aceptación, aprobación o ratificación por los firmantes, de acuerdo con sus respectivas legislaciones.

Los instrumentos de aceptación, aprobación, ratificación o adhesión serán depositados en la oficina del Secretario General de la OCDE, quien servirá como depositario de esta Convención.

Artículo 15

Entrada en vigor

Esta Convención entrará en vigor después del sexagésimo día siguiente a la fecha en la cual cinco de los diez países que tengan las diez mayores cuotas de exportaciones, y que representen por sí mismos al menos el sesenta por ciento del total de exportaciones combinadas de esos diez países, hayan depositado sus instrumentos de aceptación, aprobación o ratificación. Para cada firmante que deposite su instrumento después de la entrada en vigor, la Convención entrará en vigor después del sexagésimo día posterior al depósito de tal instrumento.

Si, después del 31 de diciembre de 1998, la Convención no entró en vigor según el párrafo 1 de este artículo, cualquier Estado firmante que haya depositado su instrumento de aceptación, aprobación o ratificación puede declarar por escrito al depositario su buena voluntad de aceptar la entrada en vigor de esta Convención según este párrafo 2. La Convención entrará en vigor para tal Estado firmante después del sexagésimo día siguiente a la fecha en la cual tales declaraciones han sido depositadas por al menos dos firmantes. Para cada firmante que haya depositado su declaración después de la entrada en vigor, la Convención entrará en vigor después del sexagésimo día siguiente a la fecha de depósito.

Artículo 16

Enmiendas

Cualquier parte puede proponer enmiendas a esta Convención. Una propuesta de enmienda será remitida al depositario, quien la comunicará a las otras partes al menos sesenta días antes de convenir un encuentro de las Partes para considerar tal propuesta.

Una enmienda adoptada por consenso de las partes, o por otro medio que las partes determinen por consenso, entrará en vigor sesenta días después del depósito del instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de todas las Partes, o en otras circunstancias que pueden ser especificadas por las Partes al tiempo de la adopción de la enmienda.

Artículo 17

Denuncia

Una Parte puede denunciar esta Convención por medio de una notificación escrita al depositario. Tal denuncia será efectiva un año después de la fecha de recepción de la notificación.

Después de la denuncia, la cooperación continuará entre las partes y la parte que se ha retirado sobre todos los requerimientos pendientes de asistencia o extradición hechos antes de la fecha de la retirada efectiva.

* Esta Convención fue firmada por Chile el 17 de diciembre de 1997, ratificada el  18 de abril de 2001 y promulgada el 30 de enero de 2002.