DISCURSO INAUGURAL EMBAJADOR. SEÑOR CARLOS PORTALES

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INAUGURACIÓN

DISCURSO INAUGURAL EMBAJADOR

SEÑOR CARLOS PORTALES

Señora Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, doña Clara Szczaranski; señor Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, profesor don Jaime Náquira; señoras y señores panelistas, señoras y señores. Para el Ministerio de Relaciones Exteriores es un privilegio unir sus esfuerzos con el Consejo de Defensa del Estado, con el Ministerio de Justicia, con la Pontificia Universidad Católica de Chile y con el Centro de Prevención del Delito de Naciones Unidas para reflexionar en conjunto y con la ayuda de los distinguidos panelistas y asistentes que nos acompañan respecto de dos de las más complejas y extendidas nuevas amenazas que enfrenta la sociedad contemporánea, la corrupción y el crimen organizado. Durante los 3 días que durará el seminario y el taller que le sigue esperamos avanzar en una mejor comprensión de la naturaleza de estos fenómenos, la corrupción y el crimen organizado amenazan la seguridad del Estado, pero también la de nuestros ciudadanos, y afectan a la comunidad internacional en su conjunto, y justamente el desarrollo de estas antiguas lacras en el contexto de un mundo trasnacionalizado es el que transforma problemas que pudieron tener dimensiones principalmente domésticas en el pasado, en fenómenos de alcance global que pueden llegar a amenazar a la humanidad. De ahí que las respuestas que hoy planteamos trasciendan el ámbito nacional y requieran de la cooperación internacional como única forma adecuada para enfrentarlos, ningún gobierno, por poderoso que sea, puede resolver aisladamente los problemas de la corrupción y del crimen organizado y por lo mismo cada vez es más necesaria la cooperación internacional, toda vez que la globalización ha traído una creciente permeabilidad de las fronteras nacionales y la trasnacionalización de estos problemas.

Debemos partir de la base que las organizaciones criminales que han convertido sus actividades en un fenómeno trasnacional se encuentran entre los entes que más provecho han obtenido de los propios avances tecnológicos, la globalización de la economía y la apertura de los mercados nacionales al comercio mundial, junto con generar innegables condiciones de progreso para nuestros países, han servido también para que grupos delictivos organizados utilicen las facilidades que otorgan los sistemas financieros más abiertos para potenciar conductas y actividades criminales; éstas se nutren de sus propias ganancias, se diversifican permanentemente y utilizan los más recientes avances tecnológicos que les permite el dinero en grandes sumas provenientes de sus actividades criminales altamente rentables.

Debido a la envergadura alcanzada en el curso de los últimos años por algunas organizaciones criminales la delincuencia trasnacional organizada se ha consolidado como una de las nuevas amenazas más complejas y peligrosas para la seguridad internacional, los hechos demuestran que muchas de estas organizaciones han desarrollado capacidades para ampliar casi indefinidamente sus actividades y con ello minar la estabilidad de las economías así como la seguridad y la gobernabilidad de los países. Este riesgo es sin duda mayor en los países en desarrollo y también en aquellos con economías en transición cuyos sistemas normativos en proceso de reforma representan una oportunidad para la capacidad de adaptación de las organizaciones criminales. Chile ha participado en el esfuerzo que la comunidad internacional está llevando a cabo en el ámbito de Naciones Unidas orientado a elaborar y a aplicar una normativa que permita concertar voluntades para luchar con eficiencia y eficacia en contra del crimen trasnacional organizado y en contra de la corrupción. En este sentido hemos sido parte del proceso que llevó a la adopción de la “Convención contra la delincuencia trasnacional organizada” o “Convención de Palermo” la que todavía no ha entrado en vigor, su implementación representará una clara demostración de la voluntad política de promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente esta amenaza, la Convención de Palermo define con claridad qué se entiende por grupo delictivo organizado, por delito grave, por grupo estructurado, por producto del delito y otras figuras jurídicas relevantes para combatir la criminalidad internacional, ese texto tipifica también los delitos y señala que su ámbito de aplicación corresponderá a todos aquellos ilícitos graves que involucren la participación de un grupo delictivo organizado. Dicho esquema jurídico está formulado para permitir la cooperación internacional con vistas a luchar con mayor eficacia en contra de actividades criminales tales como el lavado de dinero, el tráfico de armas y el tráfico de drogas.

El terrorismo también ha adquirido dimensiones internacionales tales que la comunidad internacional ha aprobado después del 11 de septiembre del 2001 diversas convenciones internacionales para enfrentarlo, un avance mayor lo constituye la entrada en vigor en abril de 2002 de la “Convención Internacional para reprimir la financiación del terrorismo” que Chile ratificó en noviembre del 2001.

También en el ámbito de las Naciones Unidas, en el curso del último año, la comunidad internacional ha logrado avanzar de manera importante en la negociación de una convención contra la corrupción, cuya finalización parece estar próxima; el futuro texto de dicha convención expresará por una parte la preocupación compartida por la gravedad de los problemas que plantea la corrupción, que puede poner en peligro la seguridad y la estabilidad de las sociedades, socavar los valores de las democracias y la moral y comprometer el desarrollo social, económico y político de los países. Por otra parte esta convención promoverá y fortalecerá a la cooperación internacional para prevenir y combatir más eficazmente los actos delictivos y todos los demás actos que tengan relación con la corrupción.

Señoras y señores, como se ha dicho, la sola existencia de un marco normativo no garantiza el éxito de nuestros esfuerzos para eliminar el crimen organizado y la corrupción. Creemos que lo determinante es la real voluntad de los Estados para aplicar sus disposiciones y con ellos generar las condiciones necesarias para hacer efectiva la aplicación de estas nuevas normas de derecho internacional. Consecuentemente entendemos que un objetivo principal en este campo consiste precisamente en fortalecer la cooperación internacional para no dar espacios al crimen organizado y evitar que existan condiciones para que nazca, crezca y se extienda la corrupción.

En términos concretos, la cooperación internacional debe incluir operación judicial reforzada, asesoría en materia netamente criminal, nuevas facilidades para hacer posible la extradición de los delincuentes internacionales, la protección de testigos y la asesoría técnica a las víctimas. Es importante señalar que la aplicación de estos nuevos acuerdos internacionales demandará un esfuerzo legislativo adicional, toda vez que para lograr la eficacia de las medidas que los nuevos acuerdos estipulan, cada país deberá crear organismos y adaptar su legislación para contar con los instrumentos financieros y humanos adecuados, para hacer frente al crimen organizado y la corrupción; sin esos instrumentos nuestras sociedades se verán cada vez más expuestas a la aparición de nuevas y sofisticadas formas de criminalidad provenientes de organizaciones que no conocen fronteras, las cuales con las enormes sumas de dinero que le reportan sus actividades podrían eventualmente llegar a amenazar la estabilidad de nuestras democracias y el estado de derecho.

Quisiera finalmente referirme de manera breve a alguna de las actividades internacionales que en materia de lucha contra la corrupción Chile está desarrollando en el marco de la Organización de Estados Americanos, de la Organización para la cooperación y desarrollo económico y de las Naciones Unidas. La Dirección de Política especial de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores ha conformado y coordina diferentes grupos nacionales de expertos en el combate de la corrupción compuestos por los Ministerios e instituciones nacionales que abordan el problema, permitiendo de esta forma responder de la mejor manera a los requerimientos y compromisos adquiridos en el ámbito de los tres organismos internacionales antes mencionados. En la Organización de Estados Americanos el proceso de evaluación del cumplimiento de la “Convención Interamericana contra la corrupción” se inició en nuestro país en el mes de junio del año 2002, el informe elaborado por el grupo nacional de expertos fue entregado a la Secretaría General de la OEA el 30 de agosto del 2002. El referido documento refleja los esfuerzos realizados por nuestro país en la prevención, detección, investigación y represión de los actos de corrupción, a la vez que entrega una resumida descripción del sistema institucional y jurídico nacional y de los avances logrados con estos propósitos. Es del caso señalar que a comienzos del mes de diciembre de 2002 se hizo entrega, a la Secretaría de la OEA, del informe sobre el análisis de la respuesta de Colombia, país respecto del cual Chile fue designado evaluador junto con la República Dominicana. También en el mes de julio recién pasado, durante la tercera reunión del grupo de expertos del mecanismo de seguimiento de esta Convención, realizada en Washington, se completó la evaluación de Colombia; así participamos en este esfuerzo cooperativo interamericano contra la corrupción. En el ámbito de la “Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico”, Chile ha multiplicado sus actividades de cooperación con la organización durante el último año, hemos participado regularmente en calidad de miembro pleno en el Consejo Directivo del Centro de Desarrollo y en el grupo de trabajo sobre la “Convención de la OCDE” para la lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales. En octubre de 2002 Chile fue evaluador principal de Portugal en la implementación por ese país de la “Convención de la OCDE” contra el soborno a los funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, asimismo en el mes de junio del presente año Chile concurrió como evaluador principal de Brasil en la implementación por ese país de la Convención; a su vez, en octubre de este año, una delegación chilena participará en París en la defensa del informe elaborado por el grupo nacional de expertos en corrupción respecto de la aplicación de la referida convención. El próximo paso a desarrollar en el marco de la OCDE será continuar nuestra política de cooperación, especialmente en lo que dice relación con las evaluaciones de la OCDE y las evaluaciones entre pares, y participar activamente en los comités y en los foros y mesas redondas organizados por esta entidad.

En el ámbito de las Naciones Unidas se ha trabajado coordinadamente con los grupos nacionales de expertos por más de un año y medio para analizar los artículos que conforman el proyecto de “Convención de Naciones Unidas contra la corrupción”. Cabe destacar el importante compromiso de las diferentes instituciones nacionales, tanto en la fase previa de los análisis de esos artículos como en la participación en las diferentes sesiones de negociación que se han llevado a efecto en el Centro de Prevención del Delito de Naciones Unidas en Viena y que durante estos días está cumpliendo su 6º y último período.

Señoras y señores: la celebración de este seminario internacional, que ha sido posible gracias a la estrecha cooperación entre el Ministerio de Justicia, el Consejo de Defensa del Estado, la Universidad Católica de Chile, el Centro de Prevención del Delito de Naciones Unidas y el Ministerio de Relaciones Exteriores, representa una reiteración de nuestro compromiso inalterable de proteger a nuestras sociedades de la corrupción y de la delincuencia trasnacional organizada.

Agradecemos muy especialmente a los participantes extranjeros que nos ayudan a esta reflexión y quiero destacar la tarea del Embajador Raimundo González, quien con su incansable labor ha hecho posible la realización de este seminario. Estamos dispuestos a luchar en contra de esas amenazas, cualquiera que sea la forma que ésta adopte; para ello contamos con los instrumentos que el derecho internacional y nuestra legislación nos ofrecen; sin embargo, debemos reconocer que todavía tenemos desafíos importantes en el ámbito de las medidas legislativas a adoptar y en la disponibilidad de los recursos financieros y humanos que son necesarios para hacer más eficiente esa lucha.

El seminario que ahora iniciamos nos debe encaminar en la senda adecuada para que se haga realidad el derecho de nuestros ciudadanos a vivir en una sociedad más segura, más justa y más humana… Muchas gracias.