(19.10.2023) El Consejo de Defensa del Estado, a través de la Procuraduría Fiscal de Punta Arenas, interpuso una querella criminal por el delito consumado de fraude al fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, y por todos aquellos delitos posibles de acreditar durante el curso de la investigación en que se indagan ilícitos que afectan a la Corporación de Educación, Salud y Menores de Puerto Natales, CORMUNAT.
La querella del Consejo, presentada ante el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales, busca determinar la calidad de autores, cómplices o encubridores del exalcalde José Fernando Paredes Mansilla y del ex Secretario General de la CORMUNAT, Alejandro Velásquez Ruiz, quienes en el desempeño de sus funciones públicas y de manera concertada, habrían ejecutado “actos en el ejercicio de sus cargos para defraudar a la referida Corporación consistentes en dar término al contrato del señor Alejandro Velásquez Ruiz como Secretario General de la CORMUNAT, de mutuo acuerdo, para luego celebrar inmediatamente un nuevo contrato en el mismo cargo, acordando que a través del finiquito por término de contrato, la CORMUNAT le pagaría un monto de dinero determinado como indemnización”.
Los hechos señalan que el querellado Alejandro Velásquez, fue contratado por el exalcalde en enero de 2013 para desempeñar funciones públicas en el cargo de Secretario General de CORMUNAT, hasta julio de 2019, fecha en que los querellados de mutuo acuerdo habrían decidido poner término a dicho contrato. El propósito, según lo señala la querella, era que el querellado Velásquez, suscribiera un finiquito para poner término al contrato de trabajo recibiendo por ello una indemnización de $32.623.640 por años de servicios y por $10.563.845 de pesos adicionales por concepto de feriado anual, monto que sería pagado en su totalidad con fondos provenientes de la subvención general de educación de la CORMUNAT.
Luego de ese hecho, el querellado fue contratado nuevamente por la corporación, de acuerdo con lo mandatado por el exalcalde, en el mismo cargo y con las mismas funciones, con ciertos reajustes que beneficiaban la condición contractual del querellado.
De acuerdo con lo señalado por el Consejo, los querellados “actuando concertadamente, idearon y ejecutaron un plan para defraudar al Fisco, en un incumplimiento doloso de sus deberes funcionarios”, causando con ello un perjuicio al erario Fiscal de $43.187.485.
