CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO ALEGÓ NULIDAD DE JUICIO QUE ABSOLVIÓ A SENADOR CARLOS BIANCHI

En una extensa jornada desarrollada en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, el Consejo de Defensa del Estado, representado por la Abogada Consejera María Inés Horvitz y el Abogado Procurador Fiscal en esa ciudad, Dagoberto Reinuava, entregó sus argumentos para solicitar la nulidad del juicio  que absolvió al senador Carlos Bianchi de los delitos de negociación incompatible y fraude al Fisco.

 

La Corte decidió dejar en acuerdo la solicitud de nulidad y anunció que entregará su sentencia el próximo 16 de febrero. 

 

La Consejera Horvitz explicó que el CDE recurrió en contra de la sentencia  que absolvió al senador y a otras dos personas a las que imputó haber participado en los delitos señalados en su querella “básicamente porque consideramos que hubo errores de derecho en el establecimiento de una figura jurídica, que es la negociación incompatible, respecto del hecho de contratar, por parte de funcionarios públicos, a parientes”. En segundo lugar –añadió– respecto del hecho de “haber defraudado al Fisco, al haber sobrevalorado el canon de arrendamiento y haberse quedado con el dinero o, dado interés a parientes”, indicó.

 

En su alegato, la abogada consejera del CDE sostuvo que, de acuerdo a los antecedentes que se expusieron durante el juicio que se pretende anular se dieron todos los elementos para configurar el delito de negociación incompatible. “El senador Bianchi contrató un inmueble para asignarlo a un destino público y compromete los dineros fiscales, porque finalmente es el Senado que paga el supuesto arrendamiento al propio senador. Estamos ante una persona que, alegando que ya que no compareció en el contrato como senador no comprometió fondos fiscales, pero todos sabemos de dónde finalmente salieron esos dineros”, apuntó.

 

Por su parte, Dagoberto Reinuava, abogado procurador fiscal de Punta Arenas, complementó la exposición de la Fiscalía, precisando el aumento progresivo del monto cancelado por concepto de arriendo del inmueble destinado a sede parlamentaria.

 

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