(14.07.2023) Este jueves 13 julio, la Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó la sentencia, apelada en abril de este año, que rechazó los recursos de protección. La Corte Suprema confirmó la sentencia que da la razón al Ministerio de Agricultura (Minagri) y al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), estableciendo la legalidad de las circulares e instructivos de estos servicios, que fijan criterios para el otorgamiento de subdivisiones de los predios rurales, evitando el fraude a la ley y la construcción de proyectos inmobiliarios en dichos sectores.
Al respecto, la contundente sentencia de la Novena Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago resolvió rechazar en todas sus partes los recursos de protección interpuestos por diversas inmobiliarias, acogiendo los argumentos de fondo del Consejo de Defensa del Estado, que ha defendido a Minagrí y SAG, señalando que corresponde a la autoridad administrativa corroborar que no se infrinja la normativa vigente, no sólo aquella referida a la cabida mínima de los lotes resultantes de una subdivisión, sino también todas aquellas normas aplicables al predio rústico, descartando, de esa manera, un actuar ilegal de las autoridades”.
Al respecto, el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier Wartenberg, valoró el fallo de la Corte Suprema pues “considera que que el actuar del Ministerio de Agricultura y del Servicio Agrícola y Ganadero fue correcto en cuanto ha estandarizado un procedimiento tendiente a que la administración pública adopte sus decisiones con información fidedigna y con un análisis más completo de la normativa vigente que rige la subdivisión de predios rústicos, evitando el fraude a la normativa sobre predios rústicos”.
Asimismo, agregó, “esta decisión del máximo tribunal es una nueva muestra de una tendencia jurisprudencial ininterrumpida, que ha ido protegiendo el uso de suelo rural en contra de prácticas que han ido generando verdaderas poblaciones al margen de la regulación urbanística nacional”.
