(01.10.2021) Este miércoles se llevó a cabo la primera jornada del Ciclo de Seminarios “Resolución colaborativa de conflictos en la reparación por daño ambiental: Estado del arte y perspectivas”, organizado en conjunto por el Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile y el Consejo de Defensa del Estado.
La inauguración de Ciclo estuvo a cargo del Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz- Tagle, y del Presidente del CDE, Juan Peribonio, quienes coincidieron en la relevancia que para ambas Instituciones reviste abordar, desde el punto de vista académico, de reflexión e intercambio de ideas, las oportunidades que presenta la resolución colaborativa de conflictos en la reparación por daño ambiental, sus aspectos positivos, negativos y espacios de mejora.
En ese sentido, el Decano Pablo Ruiz-Tagle se refirió a la confluencia de dos materias de relevancia actual, los asuntos medioambientales y la presencia de mecanismos colaborativos en el sistema jurídico nacional. “La crisis ecológica que atraviesa el planeta constituye una parte especial del derecho en la mayoría de las facultades del país, que ya contemplan un centro o departamento dedicado al medioambiente en donde se presta atención a estas materias y, por ello, es motivo de orgullo para esa Casa de Estudios que su Centro de Derecho Ambiental, que ya tiene más de diez años, haya sido pionera en abordar estos asuntos en el país”, indicó.
“A medida que crecen los niveles de conciencia ambiental y existen mayores instrumentos para la difusión de información y la formación de redes ciudadanas, también crecen los niveles de conflictividad y la complejidad de esas disputas”, agregó. Entre sus características, “encontramos que en Chile la institucionalidad ambiental está compuesta por diversos órganos, lo que supone, también, una cierta fragmentación en el tratamiento de estas materias”, sostuvo.
Respecto de la nueva institucionalidad, señaló que uno de los cambios más importantes que ha experimentado ocurrió en 2012, cuando se dictó la ley 20.600 que creó los Tribunales Ambientales. “Una de las competencias otorgadas a estos entes jurisdiccionales es, precisamente, el conocimiento de la acción por reparación de daño ambiental (…). El Consejo de Defensa del Estado, por cierto, es uno de los titulares de esta acción, ha sido un activo litigante en la defensa del medioambiente y posee capacidades técnicas altamente reconocidas y un conocimiento experto y actualizado de estas cuestiones, por lo que tratarlas en un seminario como éste le dan una prestancia especial a este evento académico”, afirmó.
En tanto, en nombre del Consejo de Defensa del Estado, el Presidente Juan Peribonio manifestó alegría por participar en este encuentro académico y compartir la experiencia que el Organismo ha ido desarrollando en el ejercicio de la acción de reparación de daño ambiental, así como en aquellas instancias de conciliación desarrolladas en el marco de la ley 20.600, funciones que, indicó, le ha interesado especialmente establecer como línea u objetivo estratégico del Servicio para estos años.
Se trata de un relevante ámbito de acción en que el CDE ha participado activamente en el marco de sus demandas civiles para la reparación de daños provocados al medioambiente, conforme con los altos estándares que ha establecido la nueva institucionalidad ambiental en el país, en que el Consejo ha ido desarrollando una valiosa experiencia en la obtención de conciliaciones que persiguen una dimensión amplia e integral de la reparación, considerando a las comunidades que han resultado afectadas, así como parámetros de seguimiento y control de las medidas adoptadas, entre otras condiciones.
De acuerdo con ello, el Presidente del CDE subrayó que las conciliaciones alcanzadas se han circunscrito estrechamente a la labor que desempeñan los Tribunales Ambientales en el análisis técnico y jurídico de las propuestas de transacción, velando por su estricto apego a la ley y, en ocasiones, robusteciendo los alcances de las medidas, acrecentando, con ello, los beneficios que la reparación tendrá para los ecosistemas y las comunidades afectadas. A su vez, éstas han acogido y respaldado el propósito central de las demandas fiscales, que no es otro que la necesidad de conjugar el desarrollo sostenible con el cuidado del medioambiente y su preservación para las generaciones futuras.
“Es preocupación del Estado que las actividades económicas se lleven a cabo respetando el medioambiente, las normas que las regulan, el respeto a las comunidades. Todos esperamos que, en ese sentido, las actividades económicas sean sustentables en la norma y en el deber de mantener nuestro medioambiente libre de todo tipo de afectaciones. Nosotros vemos que estamos en un camino muy auspicioso en cuanto a desarrollar con los Tribunales Ambientales y, también con nuestras contrapartes, reparaciones y compensaciones que cumplen altos estándares y que nos permiten promover y garantizar la participación de las comunidades afectadas a través de un diálogo inclusivo y en el lugar donde se produjeron los daños”, señaló.
Asimismo, el Presidente Peribonio indicó que la labor que desarrolla el CDE para obtener la reparación del medioambiente se sostiene y complementa, estrechamente, con la importante colaboración de los Servicios con competencia ambiental y el Consejo de Monumentos Nacionales con quienes ha impulsado una relación recíproca y permanente, que se ha traducido en el fortalecimiento de las acciones del Estado en ese objetivo común.
Precisamente, es ese esfuerzo mancomunado, supervisado por los Tribunales Ambientales, el que ha permitido obtener reparaciones efectivas y más expeditas. “Se trata de transacciones que permiten al Consejo, como defensores del Fisco, obtener un alto estándar de reparación cumpliendo específicamente el principio de indemnidad que establece el artículo 44 de la ley 20.600”. Si bien, ha correspondido al CDE ejercer las acciones y cumplir un rol articulador en favor de la reparación del medioambiente, “ello ha tomado como sustento la labor desempeñada por los Servicios con competencia en esta área, tales como el Servicio Agrícola y Ganadero, la Corporación Nacional Forestal, el Consejo de Monumentos Nacionales, la Dirección General de Aguas y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, entre otros”, subrayó.
Por último, el Presidente reconoció el soporte técnico-jurídico y activa participación del Primer Tribunal Ambiental en importantes procesos de resolución colaborativa de conflictos ambientales alcanzados por el Consejo durante 2020 y el presente año. Por ejemplo, destacó su desempeño como “amigable componedor”, su indispensable acompañamiento en instancias en terreno, y su asistencia técnica en procesos de negociación y en el análisis de indemnidad que se requiere aplicar.
La primera exposición del Ciclo estuvo a cargo de Ricardo Ortiz, líder del equipo de ciencias del Primer Tribunal Ambiental, quien se refirió a la aproximación metodológica como herramienta de apoyo para la toma de decisiones y el resguardo de la indemnidad del daño ambiental, y detalló el análisis que se efectuó en causas que llegaron a conciliación, como las demandas por daño ambiental en contra de Minera Escondida y de Codelco División Salvador.
Posteriormente, expusieron la directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y especialista en derecho, pueblos indígenas y conflictos socioambientales, Nancy Yáñez Fuenzalida; el abogado jefe de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Rivera Cuevas, y el abogado socio de VGC Abogados, José Luis Fuenzalida.
El Abogado Jefe de la Unidad de Medio Ambiente del CDE expuso sobre la experiencia desarrollada por el Organismo en la resolución colaborativa de conflictos socio ambientales, con énfasis en el despliegue territorial y la fuerte labor de coordinación desarrollada con los Servicios con competencia ambiental.
La sesión inaugural contó con más de 150 personas inscritas. Las inscripciones para las dos sesiones restantes del Ciclo deben realizarse en https://tinyurl.com/4u7t8wba.
