(06.09.2021) En el marco de la vista de trabajo realizada a fines de agosto por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Peribonio, a la Región de La Araucanía, El Diario Austral de Temuco publicó hoy lunes una entrevista en que le consultó por la participación del Organismo en juicios que han obtenido relevancia pública y que se tramitan en esa región.
Transcurrido un mes desde la sentencia pronunciada por la Excma. Corte Suprema que determinó el pago de una cuantiosa indemnización por parte del Fisco en el marco de la demanda interpuesta por los hijos del matrimonio Luchsinger Mackay, el Presidente Peribonio sostuvo que, en el parecer del Consejo de Defensa del Estado, “el Estado no incurrió en falta de servicio. Esto lo sostuvimos y probamos con sólidos argumentos a lo largo del juicio y así se consideró en las sentencias de primera y segunda instancia. Desde luego, el CDE acata la sentencia de la Corte Suprema, aunque con preocupación, porque es una alerta respecto del estándar que está fijando la Corte en cuanto a la actuación del Estado en materia de resguardo de la seguridad pública que, como sabemos, depende de muchos factores”.
Sobre el monto de la indemnización otorgada, señaló que “éste lo fija prudencialmente el tribunal en función a la gravedad del daño que ha experimentado la parte demandante. El Consejo considera que estos montos superan los fijados por los tribunales y, en ese sentido, escapan incluso de los propios parámetros que ha fijado el Poder Judicial para casos similares”, indicó.
Consultado por llamados efectuados a “tomar acciones judiciales contra el Estado por el no cumplimiento del deber estatal de proveer seguridad a sus habitantes”, el Presidente del CDE señaló que “nuestro ordenamiento jurídico reconoce el derecho de las personas a recurrir ante la justicia en defensa de los derechos que crean asistirles sin perjuicio que, finalmente, corresponderá a los tribunales resolver si esa pretensión es legítima o infundada y si las indemnizaciones solicitadas resultan justas o desmedidas. Sin embargo, hoy más que nunca no debe perderse de vista que la obligación de resguardar el orden público es una obligación de medios y no de resultados. ¿Existe alguna sociedad en la que no se cometan delitos? Desde luego que no. Por eso, no sería adecuado que se exigiera al Estado pagar por todos los daños generados por estos hechos de violencia. El estándar exigible es que se examine si el Estado hizo lo razonablemente posible por evitarlos”, afirmó.
En tanto, consultado también por la participación del Consejo en la investigación penal conocida como “caso Huracán”, recordó que “la gravedad de los delitos que se persiguen determinaron la intervención del Consejo desde el inicio de esta investigación, en 2018, buscando el esclarecimiento total y absoluto de los hechos. A través de su Procuraduría Fiscal en Temuco, el CDE interpuso y, posteriormente, amplió su querella criminal por delitos de falsificación de instrumento público, sabotaje informático, asociación ilícita y reiterados ilícitos de obstrucción a la investigación y, en la oportunidad procesal respectiva, formuló acusación pidiendo altas penas de privación efectiva de libertad para aquellos que tuvieron participación fundamental en los delitos”.
Para el Consejo –subrayó– “el perjuicio ocasionado por el actuar indebido de los acusados deviene de la evidente afectación del principio de probidad que todo funcionario público debe observar, y que en este caso es de la mayor gravedad, ya que se afectó la credibilidad de los organismos que intervienen en la administración de justicia del país, hecho por el cual perseguimos sanciones de la mayor severidad”.
Peribonio sostuvo que “la asociación conformada por los acusados tuvo la finalidad de elaborar informes policiales falsos para autogenerarse medios de prueba que les permitieran imputar responsabilidad penal a ocho comuneros mapuches supuestamente involucrados en una asociación ilícita de carácter terrorista. Con ese propósito, conforme con los antecedentes de la indagatoria penal, entregaron informes de inteligencia falsos al Ministerio Público en el marco de las investigaciones seguidas en Temuco, San José de la Mariquina, Rancagua e Iquique. En dicho contexto, y profundizando la gravedad de lo obrado, solicitaron autorizaciones judiciales a Ministros de las Cortes de Apelaciones respectivas, a quienes también se les proporcionó información falsa y se les engañó para obtener las respectivas autorizaciones judiciales”.
En consecuencia, añadió, “en el juicio oral que debe reanudarse próximamente el Consejo presentará los argumentos de hecho y derecho que dan debido fundamento tanto a su querella, como a su acusación particular, y que buscan obtener las condenas más altas consideradas por la ley para sancionar cada uno de los delitos acreditados, así como los inéditos mecanismos de comisión utilizados, reparando de algún modo el nocivo impacto ocasionado en la confianza que la ciudadanía ha depositado en el sistema de justicia criminal”, concluyó.
Visita de trabajo a Temuco
La visita realizada por el Presidente Juan Peribonio a la ciudad de Temuco, el 18 y 19 de agosto pasado, se enmarcó en un plan de reuniones de trabajo de carácter presencial con las Procuradurías Fiscales del Consejo en el país, que el Presidente se ha propuesto concretar en tanto lo permitan las condiciones sanitarias en cada lugar.
Acompañado por el Abogado Procurador Fiscal, Álvaro Saez Willer, el Presidente realizó un saludo protocolar a la Presidenta (S) de la Iltma. Corte de Apelaciones, Ministra Cecilia Aravena López. En palabras de la Magistrada, durante el encuentro “abordaron la labor que realiza el CDE en La Araucanía y la manera cómo asumen la defensa de los intereses del Fisco, que es su función principal”. Asimismo, la Ministra señaló que intercambiaron “ideas y puntos de vista que no afectan cuestiones jurisdiccionales, que es la labor propia del Poder Judicial” y destacó que los representantes del Consejo “manifestaron muy buena disposición y su satisfacción por la seriedad y eficacia del trabajo que realiza esta Corte de Apelaciones”.
Durante la visita, el Presidente y el Abogado Procurador Fiscal se reunieron también con el Fiscal Regional de La Araucanía, Roberto Garrido, con quien abordaron materias de mutuo interés en el marco de las atribuciones y funciones que desarrolla cada institución.
En tanto, el equipo de la Procuraduría Fiscal de Temuco, conformado por 15 funcionarias y funcionarios, evaluó positivamente la visita del Presidente, quien viajó acompañado por la Abogada Jefe de la División de Defensa Estatal, Mariana Valenzuela. Especialmente, valoraron la posibilidad de compartir diversas experiencias relacionadas con la defensa judicial de los intereses públicos, en su dimensión nacional y regional, así como el plantear inquietudes de forma personal al Jefe de Servicio, en un intercambio que calificaron como franco y cercano.
