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CUENTA PÚBLICA DEL AÑO 2021

 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Juan Antonio Peribonio Poduje

 

 

 

1. Presentación

 

Muy buenos días. Agradezco a todas y todos quienes nos acompañan hoy presencialmente y, asimismo, a quienes lo hacen de manera telemática. Extiendo mi más cordial saludo a las autoridades y representantes de los servicios e instituciones a quienes representamos ante los tribunales de justicia, así como de los organismos con los que nos relacionamos en el cumplimiento de nuestro quehacer.

Le agradezco especialmente, señor Contralor, que nos reciba nueva- mente para presentar la Cuenta Pública del Consejo de Defensa del Estado. Es un honor para mí que, junto a usted, me acompañen en esta testera el señor Presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar, y   la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos Tobar.

Saludo, asimismo, a las Consejeras y Consejeros que me acompañan y a los Abogados Procuradores Fiscales de Rancagua y San Miguel, en representación de nuestros 17 equipos a lo largo del país. A nuestros directivos, a los presidentes de nuestras dos asociaciones gremiales y, a través de ellos, a todos nuestros funcionarios y funcionarias.

Saludo cordialmente también a quienes han presidido este organismo y que se encuentran hoy presentes: la ex presidenta María Eugenia Manaud; y los ex presidentes Luis Bates, Carlos Mackenney y Sergio Urrejola.

Sus periodos, así como los de quienes los antecedieron, dan cuenta del permanente trabajo de adaptación y especialización que el Consejo ha venido desarrollando para hacer frente a dinámicos escenarios judiciales, reflejo de las transformaciones del país y de la sociedad. Esto lo ha logra- do, en gran medida, gracias a un componente intangible presente en su cultura e identidad institucional: el compromiso y la vocación de servicio público de quienes lo conforman, que comprenden la magnitud de la labor encomendada y comparten la importancia de ejercerla sin descanso.

Ilustres y reconocidos letrados han integrado esta Institución desde 1895. Respetados juristas, litigantes y académicos, incluidos dos Presidentes de la República –Juan Esteban Montero y Pedro Aguirre Cerda–, han realizado una de las labores más gratificantes que puede tener un abogado: defender los intereses del Estado, que son, en definitiva, los intereses de la sociedad en su conjunto.

El cumplimiento de nuestra misión se sustenta en la capacidad profesional y versatilidad de sus 260 abogados litigantes; en el análisis técnico con que se construyen las estrategias de defensa a cargo de los Consejeros en cada Comité; en la destreza y conocimiento de los Abogados Procuradores Fiscales en sus respectivas circunscripciones; en el soporte jurídico y las iniciativas para la gestión del conocimiento; en la mejora continua de los procesos y procedimientos internos y en el desarrollo de mecanismos para la coordinación y gestión eficiente de asuntos de gran envergadura, en épocas recientes.

Asimismo, en la implementación de un profundo Programa de Modernización Institucional a lo largo del país y en el diseño de planificaciones estratégicas participativas; en los planes e iniciativas integrales del área de gestión de personas, que recogen el pulso de las necesidades de los equipos; y en el indispensable soporte administrativo e informático que proporcionan sus unidades de apoyo.

II.  Una mirada a nuestros resultados

 

La eficacia del Consejo de Defensa del Estado en la defensa judicial de los intereses y el patrimonio público mantuvo el estándar de años anteriores, en consideración a los recursos humanos y presupuestarios disponibles; el progresivo aumento de la judicialización y ciertos cambios jurisprudenciales en materias que son de su competencia.

El detalle de las cifras e indicadores de la gestión llevada a cabo   en el período anterior se encuentra disponible en nuestro sitio web para revisión y consulta de quienes deseen conocerlo.

Ahora solo algunos datos. Como se señalaba en el video de presentación, al 31 de diciembre pasado el Consejo tenía a su cargo un total de 30.726 asuntos vigentes, entre ellos, 14.218 juicios que, en su dimensión patrimonial, representaron un monto equivalente al 3,6% del PIB.

Conocer la distribución de estos 14.218 juicios resulta ilustrativo para entender que, contrario de lo que percibe la opinión pública, el grueso de la labor litigiosa que desarrolla el Consejo se refiere a materias civiles y contencioso administrativas, bajo las cuales se agrupa   el 67% de los juicios vigentes, es decir, 9.563 causas. Otro 14%, que equivale a 2.048 litigios, se refiere a materias laborales; y 1.599, es decir, un 11%, corresponde a materias penales. Completan este universo 794 reclamaciones por expropiación, que comprenden un 6% del total, y 214 juicios que versan sobre otros asuntos, con un 2%.

Por otra parte, en los 1.358 juicios que finalizaron durante 2021, cuyas cuantías totales fueron de 540 millones de dólares, las defensas del Consejo evitaron condenas equivalentes al pago del 84,5% de los montos demandados al Estado, cifra que equivale a 456 millones de dólares. En otras palabras, el desempeño del Consejo ante los tribunales permitió un importante ahorro de recursos públicos para ser destinados a fines comprometidos en beneficio de toda la comunidad.

Finalmente, durante 2021 el ingreso de nuevos asuntos experimentó un aumento de 11%, en comparación con los ingresos registrados el año anterior. Ello se tradujo en 5.565 nuevos juicios; 2.193 asuntos judiciales no contenciosos –que corresponden a consignaciones voluntarias por expropiación y causas de procedimiento civil voluntario– y 15.612 gestiones extrajudiciales, categoría en que se contabilizan el proceso de análisis y estudio de antecedentes para determinar el eventual ejercicio de acciones por parte del Consejo, entre otros temas.

III.  Representación y defensa judicial de los intereses públicos y el patrimonio fiscal

 

Cada actuación del Consejo de Defensa del Estado ante los tribuna- les constituye el eslabón final de una cadena de trabajo en la que interviene el Área de Litigio con el apoyo de las respectivas unidades.

La experiencia obtenida durante 2020 en la adaptación de sistemas telemáticos de trabajo se asentó el año pasado, al evaluarse satisfactoriamente el cumplimiento de las tareas y objetivos de las distintas unidades, así como el fortalecimiento del trabajo colaborativo y la coordinación entre equipos.

El Consejo estableció líneas de acción que resultaron eficaces para asegurar el cumplimiento de sus objetivos y la continuidad de sus funciones, resguardando la comunicación con los servicios que requieren ser representados judicialmente y la coordinación con los organismos con los cuales se relaciona para llevar a cabo su labor.

Ciñéndome a la estructura mediante la cual el Consejo organiza su labor, me referiré ahora a los principales asuntos abordados por cada uno de sus Comités durante el año anterior.

Comité Civil

 

Los cuantiosos montos involucrados y la grave afectación que el incumplimiento o postergación de obras de infraestructura pública ocasionan en las comunidades donde estas deben emplazarse, constituye una materia de permanente cuidado para el Comité Civil, presidido por la Consejera Paulina Veloso, e integrado por los Consejeros Carlos Mackenney y Ana María Hübner.

Las indemnizaciones pretendidas, solo en las demandas relativas a contratos de obra pública ingresadas durante 2021, superaron los 35 mil millones de pesos.

En la mayoría de estos asuntos los demandantes desconocen el carácter a suma alzada al que se encuentran sometidos, o reclaman por eventuales insuficiencias de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, en circunstancias que, conforme con las Bases de Licitación, los interesados deben conocer las características del proyecto o las particularidades del terreno al momento de postular.

Sostenidamente, las defensas del Consejo han logrado que sentencias relativas a la responsabilidad contractual del Estado nos sean favorables o acojan indemnizaciones por montos considerablemente menores a los pretendidos.

En noviembre, la Tercera Sala de la Corte Suprema rechazó un re- curso de casación en el fondo y en la forma interpuesto por el Consorcio Hospital de Rancagua, sociedad que demandó incumplimiento de contrato por una cuantía de un millón de Unidades de Fomento (UF), confirmando la sentencia por la cual se condenó al Servicio de Salud de O’ Higgins al pago de solo el 6% del monto pretendido.

De esa forma, el Máximo Tribunal puso término a más de cinco años de litigio, evitando la pérdida de recursos fiscales por más de 926.245 Unidades de Fomento, esto es, alrededor de 28.150 millones de pesos. La defensa fiscal en este discutido pleito estuvo a cargo del equipo con- formado por la Abogada Procuradora Fiscal de Rancagua, Lya Hald, y los abogados Carlos Chacón y María Teresa Benavides, en conjunto con el Comité Civil.

En otro importante juicio relativo al mejoramiento de la Ruta 31, en la comuna de Copiapó, que involucraba una cuantía superior a los 15 mil 900 millones de pesos ($15.918.360.295), más IVA, las sentencias de primera y segunda instancia acogieron plenamente los argumentos pre- sentados por el Consejo para controvertir y formular precisiones sobre los hechos planteados; así como la inefectividad de los incumplimientos contractuales imputados y de los supuestos perjuicios provocados, entre otros aspectos.

La obtención de dichos fallos dio cuenta de la consistencia jurídica de la labor desarrollada por la abogada de la Procuraduría Fiscal de Santiago a cargo de esta causa, Lorena Lorca, quien efectuó un exhaustivo trabajo de análisis de la abundante prueba documental, pericial y testimonial rendida. En su sentencia definitiva, pronunciada en agosto, la Corte Suprema confirmó el razonamiento del fallo de primera instancia que rechazó en todas sus partes, sin costas, la demanda deducida.

Otro tipo de asuntos que permite ilustrar el fortalecimiento y consolidación de las defensas fiscales promovidas por el Comité Civil dice relación con la protección jurídica de los bienes nacionales de uso público y de los bienes fiscales, mediante el ejercicio de acciones para conseguir su restitución y desalojo cuando han sido ocupados ilegalmente por particulares o para evitar se despoje de su dominio al Estado.

La elaboración de las estrategias se ha centrado en consolidar argumentos técnico-jurídicos que permitan a los tribunales rechazar este tipo de acciones reivindicatorias, especialmente, en playas de mar y terrenos que circundan orillas de lagos y cauces de ríos, motivo de frecuentes disputas entre propietarios y comunidades locales.

En mayo, los argumentos presentados por la Procuraduría Fiscal de Temuco impidieron que se declarara el dominio a favor de una inmobiliaria privada, de un retazo de playa del lago Villarrica, en la Región de La Araucanía, tras pretender establecer, mediante la construcción de un muro, el retiro natural del agua en ese sector. La Corte de Apelaciones rechazó con costas la acción y acogió los fundamentos presentados por el abogado de nuestra Procuraduría, Carlos Saffirio, que lograron establecer con éxito la condición de bien nacional de uso público del terreno y, por ende, la imposibilidad de que su dominio fuera reclamado por accesión.

La eficacia de este tipo de argumentos cobra especial importancia respecto de bienes fiscales que han sido puestos bajo protección oficial conforme la normativa ambiental. En el mes de septiembre, la defensa formulada por la Procuraduría Fiscal de Puerto Montt, representada por el abogado Alfonso Perramont, permitió que se rechazara una demanda

de servidumbre de tránsito en el Parque Nacional Corcovado, en la Región de Los Lagos, al considerarse que dicho gravamen provocaría, no solo una afectación sobre el bien fiscal, sino que, además, un impacto sobre los componentes ambientales que el Estado busca proteger.

En este mismo ámbito, los argumentos desarrollados por la Procuraduría Fiscal de Temuco han logrado asentar jurisprudencia que refuerza la normativa que regula la propiedad austral, en asuntos en que se desconoce la propiedad del Fisco sobre bienes cuya inscripción es solicitada por particulares.

Por su parte, el año pasado el Consejo debió enfrentar criterios que cuestionaron la potestad de gobernadores y delegados presidenciales – anteriormente gobernadores provinciales y/o intendentes–, destinada a obtener la restitución administrativa de inmuebles de propiedad fiscal y, con ello, el desalojo de quienes, sin contar con el correspondiente título, los han ocupado ilegalmente.

A este respecto, recientes fallos pronunciados por los tribunales superiores, al conocer recursos de protección, concluyeron que la facultad del gobernador, actual delegado provincial, se limita a los bienes nacionales de uso público y que, tratándose de bienes fiscales, corresponde accionar judicialmente invocando el artículo 19 del Decreto Ley 1.939, sobre administración de bienes del Estado.

En consecuencia, dichas sentencias dejaron sin efecto las órdenes emitidas por los delegados provinciales de Concepción e Iquique que dispusieron la restitución de bienes inmuebles de propiedad del Fisco y, con ello, el desalojo de los recurrentes, al concluir que la facultad establecida en la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional es aplicable, “únicamente”, respecto de bienes nacionales de uso público y que, tratándose de un bien fiscal, corresponde accionar judicialmente invocando el Decreto Ley antes mencionado.

En opinión del Consejo, la fórmula mediante la cual el legislador confiere a los delegados provinciales la facultad de “ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, ‘especialmente’, de los nacionales de uso público”, en principio en ningún momento debiera excluir a bienes fiscales, porque exige recurrir a la judicatura para obtener su restitución, aumentando los costos para la Administración del Estado, impidiendo su inmediata disposición. Pero debemos entender, tal como lo señaló la Corte Suprema, que cuando media un título legítimo que ampara la ocupación, obliga a las autoridades a iniciar las acciones posesorias del Código de Procedimiento Civil o el Precario del Código Civil.

Entre la infinidad de asuntos a cargo del Comité quisiera mencionar algunas materias que de manera poco frecuente son conocidas por la opinión pública, ya sea por su elevada complejidad técnica, o porque tratan sobre litigios que no inciden en la coyuntura.

Me refiero, por ejemplo, a la asesoría técnico jurídica que el Comité proporciona al Ministerio de Obras Públicas en juicios arbitrales relativos a obras concesionadas, en que se reclaman aplicaciones de multas, aumentos de costos o costos adicionales, honorarios, recusaciones de árbitros, quejas disciplinarias y discrepancias con la Comisión Técnica. Durante 2021, se abordaron numerosos asuntos relativos a este tipo de procedimientos que involucran elevadísimas cuantías. Junto a los Consejeros del Comité, trabajan en estas causas un grupo de abogados de la Procuraduría Fiscal de Santiago conformado por Hernán Peñafiel, Diana Henríquez, Gonzalo Miranda, Marcos Navarro y Carlos Aranís; en estrecha coordinación con los abogados de la Dirección de Concesiones de dicha Cartera.

Asimismo, poco conocidos son los litigios relativos a servidumbres mineras constituidas en terrenos de propiedad fiscal, respecto de los cuales el Comité Civil ha venido elaborando fundamentos que han puesto en valor al desierto y la necesidad de proteger su potencial energético.

Otro ámbito en el cual el Consejo desarrolla una importante labor es en la defensa de la responsabilidad civil, la legalidad de los actos y de las potestades fiscalizadoras y sancionatorias de la Comisión para el Merca- do Financiero, anterior Superintendencia de Valores y Seguros.

A cargo de un equipo de abogados especializados en materias de altísima complejidad técnica en lo financiero y comercial, bajo la dirección de los Consejeros Carlos Mackenney y Raúl Letelier, el Consejo ha asumido la defensa de la Comisión para el Mercado Financiero en, prácticamente, la totalidad de los reclamos interpuestos por entidades que han infringido las normativas que regulan ese sector. La estrecha relación construida con la Comisión le ha permitido fortalecer sus defensas y obtener fallos exitosos en juicios que se remontan a 2011, como los casos Chispas, Inverlink, La Polar, Cascadas, entre otros.

Por último, no puedo dejar de referirme al total cumplimiento, hacia fines del año pasado, de la transacción judicial suscrita por el Estado    y CEMA Chile ante el Ministro de Fuero Guillermo de la Barra, en el marco del caso Riggs. La labor emprendida por el Consejo permitió recuperar un cuantioso patrimonio para el Fisco y solicitar la disolución y cancelación de la personalidad jurídica de la fundación, por encontrarse impedida de cumplir su objeto social.

De esta forma, el Consejo concluyó el proceso de inscripción a nombre del Estado de 88 inmuebles de origen fiscal; aseguró el ingreso a la Tesorería General de la República de valores de comercio que se mantenían a disposición del tribunal y completó la donación a entidades sin fines de lucro y municipalidades de otros 24 inmuebles de origen particular que pertenecían a la fundación. En términos patrimoniales, considerando solo el avalúo fiscal de los bienes, los recursos recuperados rondan los nueve mil millones de pesos.

Comité Contencioso Administrativo

 

La labor principal a cargo del Comité Contencioso Administrativo

–presidido por el Consejero Rodrigo Quintana e integrado por los Consejeros Raúl Letelier y Sebastián Soto– es la defensa de los intereses del Estado en todos aquellos procesos judiciales en que la acción deducida sea de naturaleza administrativa. De entre ellas, las más importantes son las acciones en virtud de las cuales se solicita la nulidad de un acto administrativo y aquellas en que el Estado es demandado en el marco de un proceso por responsabilidad extracontractual.

En el primero de los ámbitos, el Comité defiende el ejercicio de las facultades y potestades de diversas autoridades públicas. Hoy es bastante frecuente que se presenten acciones que pretenden neutralizar aquellas facultades, o que afirmen la ilegalidad en que ellas supuestamente incurrirían. Nuestra labor permite dar fuerza a las políticas públicas gubernamentales y defender su contenido.

Ejemplo de los asuntos revisados por el Comité durante el año pasado lo constituyen aquellos en los que se han impugnado las medidas extraordinarias adoptadas por el Estado en el marco de la pandemia por COVID-19.

Transcurridos dos años desde su inicio en el país, hacia fines de diciembre el Consejo registraba un total de 2.907 asuntos de este tipo a nivel nacional, respecto de los cuales, asumió la representación de autoridades y organismos públicos en 592 de ellos. De las acciones finalizadas, solamente 35 fueron acogidas con decisiones desfavorables al Estado y otras 137 se encontraban en tramitación concluido ese período.

En resumen, la defensa fiscal en el marco de la pandemia logró un 98% de efectividad, resultado que, en la práctica, permitió contribuir a dar continuidad a las medidas decretadas para su control.

En este sentido, debemos continuar pensando que condiciones como las vividas exigen el esfuerzo de todos y, muchas veces, inéditas medidas no pueden ser llevadas a cabo con independencia de las condiciones materiales a las que se les ha hecho frente por parte de las autoridades.

Por otra parte, la defensa del Estado conlleva la defensa de la primacía técnica que posee la Administración Pública en relación con los demás poderes públicos. En efecto, ella juega un rol central en el diseño institucional, debido a que encarna la expertise en la decisión estatal.

La defensa de esta expertise es completamente necesaria para el correcto funcionamiento del Estado. La comprensión institucional, esto es, el entendimiento del rol que cada una de nuestras instituciones juega   en el engranaje del funcionamiento del Estado debe ser incorporada en todo tipo de decisiones públicas. Los órganos controlados deben pensar

en los controles futuros para evitar ilegalidades previas. Pero los órganos controladores deben también tomar conciencia de las limitaciones epistemológicas que ellos poseen con el objeto de dirigir la intensidad del control que realizan en aquellos elementos en los que se encuentran mejor preparados.

La porosidad y liquidez del derecho actual exige más que nunca aquella conciencia institucional con la cual mirar las competencias propias, al mismo tiempo que se consideran las limitaciones que estas presentan. No son estos los tiempos para olvidar o aminorar los efectos de una correcta separación de poderes. Conocer y respetar la posición de cada órgano público, controlado o controlador, juzgado o juzgador, permite que el engranaje estatal funcione correctamente sacando lo mejor de cada institución y generando decisiones públicas óptimas y acordes a las necesidades ciudadanas.

El Comité Contencioso Administrativo ha debido hacerse cargo de diversas demandas indemnizatorias basadas en los daños personales ocasionados en el marco de las protestas que siguieron al 18 de octubre de 2019. Daños oculares causados por armas antidisturbios, lesiones causadas por la acción policial, daños en propiedades fiscales y daños en Monumentos Nacionales han sido los casos de mayor relevancia en los que el Consejo ha debido intervenir.

En ese sentido, cabe hacer presente que el Comité Contencioso Administrativo posee una larga tradición en la defensa de las actuaciones policiales, que forman parte de las acciones de fuerza legítimas que se utilizan como último recurso en casos de violencia, que son, también, potencialmente dañosas.

No obstante ello, debemos considerar que, en aquellos casos en que la intervención policial se ha desarrollado con infracción a los protocolos policiales, la defensa del Estado se ha concentrado en la determinación de una indemnización correctamente asignada para las víctimas demandantes, sin perjuicio de la eventual responsabilidad penal.

Hacia fines de año, se habían presentado 20 demandas civiles que invocan falta de servicio por parte del Estado en el contexto de las movilizaciones sociales, cuyas pretensiones indemnizatorias en su conjunto superan los 12 mil 430 millones de pesos y en las que, por imperativo legal, el Consejo ha asumido la defensa fiscal.

El Comité tiene también una importante tarea de defensa del Estado en casos donde lo reclamado es la presunta existencia de actos constitutivos de negligencia médica. En estos casos, la defensa pública investiga y defiende el cumplimiento de la lex artis sanitaria.

El Comité permanece atento para reaccionar ante los riesgos de una sobrelitigación en este ámbito, poniendo cuidado en la correcta determinación del criterio de la falta de servicio como título de imputación de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Del mismo modo, ha debido intervenir en diversos casos donde lo re- clamado es la existencia de daños causados por conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias del Ministerio Público. En estos casos, el Consejo también defiende la lex artis investigativa del órgano persecutor. Asimismo, damos cuenta en estrados de la importancia de que la ley haya consagrado este específico estándar normativo, mucho más elevado que los demás, y de la exigencia de cumplirlo cuando se analizan problemas indemnizatorios.

De entre los asuntos contencioso administrativos destacan, además, la atención de diversos reclamos en materia de transparencia de documentos públicos. En estos casos, nuestro rol se ha concentrado en defender la correcta extensión de las causales de secreto determinadas por la ley y el óptimo funcionamiento de los servicios públicos frente a peticiones que pueden alterar ese funcionamiento.

El necesario cumplimiento de los mecanismos de transparencia pública necesita también el contrapeso de una correcta comprensión de las causales de reserva. El secreto profesional, la seguridad pública, la protección de derechos de las personas y de los funcionarios, el interés nacional y las materias declaradas secretas por leyes especiales requieren ser defendidos y reclaman la intervención de los tribunales de justicia para darle contornos a estas importantes causales.

Comité Laboral Medioambiental

 

El Comité Laboral Medioambiental –presidido por el Consejero Jai- me Varela, e integrado por los Consejeros Alberto Espina y Mariana Valenzuela– tiene a su cargo una diversidad de materias de gran relevancia actual.

Medio ambiente

 

La injerencia del Consejo en la protección, defensa y reparación del medio ambiente es múltiple y se origina a partir de la entrada en vigencia de la ley 19.300, sobre Bases Generales del Medioambiente, por medio de la cual detenta, en representación del Estado de Chile, la titularidad de la acción de reparación por daño ambiental.

La definición de sus estrategias se encuentra a cargo del Comité, con la asesoría de su Unidad de Medio Ambiente y la activa participación de sus Procuradurías Fiscales en las regiones donde han sido ocasionados los daños y en aquellas donde se emplazan los tribunales ambientales.

En conjunto con las acciones de reparación ambiental de daños provocados a ecosistemas acuáticos, altoandinos o áreas protegidas para su preservación, el Consejo ejerce sus atribuciones penales para perseguir delitos que han afectado componentes ambientales, especialmente, res- pecto de bienes cuyo estatuto de protección y/o administración se encuentra a cargo del Estado. En estos casos, sus actuaciones son adoptadas conjuntamente por los Comité Laboral Medio Ambiental y Penal.

También corresponde al Consejo preservar los actos de la administración en esta materia, asumiendo la representación judicial de aquellos organismos contra los que se han presentado recursos de protección o de reclamación ante los tribunales ambientales. En este tipo de asuntos, por ejemplo, ha intervenido en defensa de la legalidad de los santuarios de la naturaleza, de las declaratorias de humedales o de los planes de prevención y descontaminación ambiental. Hacia fines de 2021 registraba a su cargo 20 recursos de protección y/o reclamos en tramitación o fase de cumplimiento.

Elevado estándar de reparación ambiental

 

Durante el transcurso del año pasado destacan tres demandas de reparación por daño ambiental presentadas por el Consejo. La primera, interpuesta por el Abogado Procurador Fiscal de Valdivia, Natalio Vodanovic, ante el Tercer Tribunal Ambiental, se dirige contra la Compañía Forestal y Maderera Panguipulli, por el daño ocasionado sobre la Reserva Nacional Mocho-Choshuenco, producto de la intervención no autorizada de un cauce de origen glacial que alimenta el río Pillanleufú.

Asimismo, en representación de la Procuraduría Fiscal de Santiago, el abogado Osvaldo Solís presentó en octubre, ante el Segundo Tribunal Ambiental, una acción de reparación dirigida contra dos compañías telefónicas y el propietario del predio donde se emplaza el Monumento Nacional Pukará del Cerro Grande de La Compañía, en la Región de O’Higgins; por los daños que provocaron la instalación de antenas celu- lares sobre piezas arqueológicas y patrimoniales en estado de protección.

Iniciado este año, la Procuraduría Fiscal de Valdivia demandó la reparación de los daños ambientales ocasionados de manera acumulativa a ecosistemas únicos y representativos del borde costero valdiviano, como consecuencia de la ejecución de proyectos inmobiliarios que vulneraron la normativa ambiental forestal, urbanística y de protección de suelo rural.

Robustos acuerdos conciliatorios

 

En el contexto de las demandas de reparación presentadas por el Consejo, en seis de ellas se alcanzaron importantes acuerdos conciliatorios durante 2021.

Considerado como el más amplio y sustantivo acuerdo alcanza-   do por este Servicio, la transacción autorizada en junio por el Tribunal Ambiental de Antofagasta para la reparación de los daños provocados al Salar de Punta Negra, consideró la participación en igualdad de condiciones del Consejo de Pueblos Atacameños y de la Comunidad Atacameña de Peine, organizaciones que se hicieron parte a favor de la acción interpuesta por el Consejo contra Minera Escondida.

La conciliación obtenida por la Procuraduría Fiscal de Antofagasta, re- presentada por Carlos Bonilla, incluye medidas de reparación y compensación ambiental por un monto superior a los 90 millones de dólares y considera la creación de la Mesa de Gobernanza Socioambiental de la Subcuenca del Salar de Punta Negra y sectores aledaños, junto con la elaboración y validación de un plan de manejo que deberá llevar adelante la minera para contribuir a la recuperación natural del acuífero y ecosistemas afectados.

Se trata de un proceso inédito, en que el Consejo desempeñó un rol determinante para arribar al acuerdo, liderando la mesa de trabajo, y que esperamos constituya un referente para futuros casos.

Asimismo, a través de un trabajo conjunto con ese Tribunal Ambiental, se logró robustecer la propuesta de transacción presentada por Codelco Di- visión Salvador para la reparación del daño ocasionado al Salar de Pedernales, añadiendo otras seis medidas que interpretaron el propósito central de la demanda fiscal, en cuanto a la necesidad de conjugar el desarrollo sostenible con el cuidado del medioambiente y que, en este caso, se traducirá en un beneficio permanente para la comunidad de El Salvador.

En tanto, el acuerdo alcanzado en enero por la Procuraduría Fiscal de Copiapó, representada por el abogado Juan Fernández, y Compañía Contractual Minera Candelaria para la reparación del daño provocado al acuífero del río Copiapó, en la Región de Atacama; dispone una serie de medidas ambientales, entre las cuales destaca la reinyección de agua en el acuífero del río en un área próxima al Parque Kaukari, que posibilitará disponer de un espejo de agua en ese espacio público para fines sociales y recreativos.

Persecución de delitos que afectan componentes ambientales

 

El Consejo ha incrementado sus actuaciones para la persecución   de delitos contemplados en normativas sectoriales que afectan el medio ambiente.

Hacia mediados de año, la Procuraduría Fiscal de Valdivia interpuso dos querellas criminales por delitos que vulneraron normativas sectoriales y que, posteriormente, también fueron objeto de demandas de reparación ambiental por parte del Consejo. A cargo del abogado Daniel Medina, la primera acción penal persigue el delito de usurpación de agua por medio de una obra de desviación con maquinaria pesada de un afluente localizado dentro de la Reserva Nacional Mocho Choshuenco. En tanto, la segunda se interpuso por el delito de loteos irregulares en contravención de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, ejecutados en el marco de seis proyectos urbanísticos irregulares emplazados en el borde costero valdiviano, mediante los cuales se pretendían conformar poblaciones al margen de la regulación legal.

En representación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Montt, el abogado Rodrigo Tejos patrocinó, a comienzos de 2021, una querella contra la empresa salmonera Blumar S.A, por el delito de contaminación de cuerpos de agua, tipificado en la Ley General de Pesca y Acuicultura, luego del vertimiento de 2.900 toneladas de peces muertos en un centro emplazado en la comuna de Hualaihué, en la Región de los Lagos.

Entre las investigaciones penales en curso, se destaca la reciente formalización por delitos de fraude de subvenciones y daño a recursos hidrobiológicos contra la empresa salmonera Nova Austral, indagatoria en la que la Procuraduría Fiscal de Punta Arenas, representada por la abogada Paula González, ha obtenido medidas cautelares efectivas.

Competencia en materia laboral, expropiaciones y defensas ante tribunales especiales

 

Además de la definición de las estrategias y actuaciones del Consejo en materia ambiental, el Comité tiene a su cargo las estrategias de defensa en asuntos de diversa naturaleza, distribuidas en distintas sedes jurisdiccionales. Entre ellos, un considerable volumen de demandas y recursos de carácter laboral interpuestos por funcionarios públicos, que involucran una dinámica jurisprudencia; así como numerosas reclamaciones por expropiaciones. También conoce sobre acciones presentadas ante tribunales especiales, como el Tribunal de Contratación Pública y el de Defensa de la Libre Competencia.

Durante 2021, concluyeron 889 juicios laborales sobre materias tales como reconocimiento de relación laboral y cobro de prestaciones propias del Código del Trabajo, tutelas, indemnización por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, entre otros asuntos; demandas por cotizaciones de seguridad social, con cuantías por montos superiores a los 51 mil 700 millones de pesos ($51.795.623.308).

En los juicios concluidos el año pasado en estas materias, las defensas del Consejo permitieron un ahorro para el Estado de alrededor de 48 mil 398 millones de pesos ($ 48.398.241.718), equivalente al 93,4% de la cuantía demandada.

Quisiera detenerme en algunos de los numerosos aspectos que han debido abordarse en litigios relativos a asuntos laborales.

El Comité ha sostenido que, en las demandas de reconocimiento de relación laboral de personas contratadas a honorarios, no corresponde que se condene al Estado al pago de cotizaciones previsionales y de salud, pues solo en la sentencia se declara la existencia de dicha relación laboral.

Respetando el criterio de los tribunales, nos parece de suma urgencia que, de persistir esta situación, se pueda encontrar una solución legislativa que regule los montos por recargos, multas e intereses que se cobran al Fisco por las cotizaciones adeudadas, ya que si bien esa obligación nace desde el momento que se encuentre ejecutoriada la sentencia que lo reconoce, los recargos se cobran con efecto retroactivo desde el inicio de la relación laboral, cuando el Fisco no se encontraba legalmente autorizado para retenerlas y pagarlas, lo que genera un grave perjuicio al patrimonio fiscal dado los altísimos montos determinados por tales conceptos.

Por último, el Consejo espera con especial atención la jurisprudencia definitiva que fijarán los tribunales superiores en acciones laborales generadas a partir de alrededor de 45 mil contratos de trabajo celebrados por las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud a lo largo del país para enfrentar la pandemia, como por ejemplo, para el desempeño en residencias sanitarias o en call centers para la trazabilidad, para el refuerzo del personal sanitario, entre otras, mediante la celebración de contratos de obra o faena que concluyeron con el término de la alerta sanitaria.

Expropiaciones

 

Los reclamos por expropiación, ya sea respecto del monto de indemnización o del acto expropiatorio, constituyen un ámbito relevante al que el Comité debe dedicar especial atención.

Durante 2021, concluyeron 158 reclamaciones de expropiación, cuyas cuantías superaron los 53 mil cien millones de pesos ($53.164.808.196) y, respecto de las cuales, el Estado debió pagar alrededor de tres mil 600 millones de pesos ($ 3.608.526.171), lo que significó un ahorro fiscal de 93%.

Especial mención requiere el juicio derivado de la concesión de ac- ceso vial del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, ejecutoriado durante el año pasado y en que la cuantía demandada superaba los ocho mil 400 millones de pesos ($8.414.333.005).

El Consejo sostuvo que el sector donde se emplaza el lote expro- piado no ha modificado su zonificación por el nuevo Plan Regulador Metropolitano de Santiago, de modo tal que no corresponde indemnizar perjuicio alguno por ese motivo.

La sentencia de primera instancia rechazó el reclamo en su totalidad, y fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago y por la Corte Suprema.

Compras públicas y Tribunal de Defensa de la Libre Competencia

 

El Consejo también desarrolla una relevante labor en defensa de las potestades y actuaciones de los organismos públicos cuando son sometidas al examen de tribunales especiales.

Muestra de aquello es la exitosa labor realizada por el Comité y el abogado de la Procuraduría Fiscal de Santiago, Leonardo Corral, en defensa de la fe y el interés público en el caso seguido ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sobre colusión en licitaciones públicas de medicamentos, en que el Consejo asumió la representación de la CE- NABAST y del Ministerio de Salud como terceros coadyuvantes de la Fiscalía Nacional Económica.

A comienzos del año pasado, la Corte Suprema dictó la primera condena judicial en la historia del país por colusión en licitaciones, imponiendo multas de altísimas cuantías a dos de los laboratorios sanciona- dos por la Fiscalía, por un total de 20 mil Unidades Tributarias Anuales, UTA, aproximadamente 12 mil 234 millones de pesos, marcando con ello un importante precedente en delación compensada.

Simultáneamente, el Consejo persiguió el pago de los perjuicios ocasionados al Fisco, aprobando en agosto un acuerdo de transacción mediante el cual los laboratorios se comprometieron al pago de una indemnización por 1.353 millones de pesos, recursos que ya fueron efectivamente entregados a CENABAST y al Ministerio de Salud.

En ese ámbito, el año pasado asumió la representación del Ministerio de Minería ante ese tribunal en el marco de una consulta efectuada por la Compañía Minera Salares del Norte SpA, relativa a eventuales elementos anticompetitivos que, en consideración de esa empresa, con- tendrían las bases de licitación para suscripción de contrato especial de operación para la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio.

Quisiera también subrayar el relevante rol desempeñado por el Comité en defensa de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, en juicios seguidos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, median- te los cuales la Sociedad Nacional de Pesca impugnó el diseño de las Bases de la Subasta de la Cuota Licencias Transables de Pesca Clase B (“LTPB”), en determinadas especies.

La defensa llevada a cabo por la Procuraduría Fiscal de Santiago, representada por el abogado Leonardo Corral, posibilitó una sentencia sumamente relevante para la regulación del mercado pesquero, pues mediante ella el tribunal zanjó definitivamente la discusión respecto de la facultad discrecional de la Administración para fijar en materia de licitación de recursos pesqueros, cuotas reservadas para empresas de menor tamaño, lo que produce que el sector industrial, que concentra ese mercado, no pueda participar como oferente.

En tanto, el Consejo también asumió la representación del Servicio de Registro Civil e Identificación ante el Tribunal de Contratación Pública, respecto de cinco demandas que buscan impugnar el procedimiento de licitación pública mediante el cual se adjudicó el sistema de identificación, documentos de identidad y pasaportes. Recientemente, una de las empresas se desistió de su demanda.

Comité Penal

 

El Comité Penal, integrado por los Consejeros María Inés Horvitz, Daniel Martorell y el Presidente Juan Peribonio, tiene a su cargo el estudio y análisis acabado de los antecedentes contenidos en las investigaciones penales que dirige el Ministerio Público, con el propósito de interponer querellas criminales que permitan esclarecer los hechos, identificar a quienes resulten responsables y obtener su sanción penal.

Durante 2021, los tribunales superiores confirmaron sentencias dictadas en procesos penales en que se persiguieron graves delitos de corrupción e ilícitos cometidos por funcionarios públicos que atentaron contra los derechos de las personas.

Las sentencias fueron contundentes al dictar condenas acordes con la gravedad de los delitos cometidos y acogieron argumentos medulares de las intervenciones fiscales. Esos resultados dieron cuenta, también, del trabajo desarrollado colaborativamente con el Ministerio Público a lo largo de los procesos, donde nuestras actuaciones apoyaron eficazmente el avance de las investigaciones criminales.

Decidida persecución de la corrupción

 

Los delitos de corrupción lesionan bienes jurídicos sustantivos para nuestro ordenamiento jurídico y el sistema democrático: la correcta administración del patrimonio público y la estricta probidad que debe regir la labor de sus Instituciones y funcionarios. Desde esa perspectiva, junto con socavar la capacidad del Estado para concretar sus fines, irrogan un daño profundo a la fe pública y a la institucionalidad vigente.

Durante el año pasado, el Consejo continuó desempeñando una activa labor en las distintas aristas de los procesos en que se indagan múltiples defraudaciones y otros graves delitos cometidos contra las instituciones del Ejército y de Carabineros de Chile. Sus actuaciones en cada una de estas causas se encuentran bajo la dirección de los Consejeros María Inés Horvitz y Daniel Martorell, respectivamente.

El Consejo contrarrestó con éxito diversas revocaciones promovidas por las defensas de ex uniformados procesados por la Ministra en Visita Rommy Rutherford durante 2021. En el marco de los ocho nuevos autos de procesamiento dictados, se han decretado nuevos embargos y amplia- dos algunos de los ya vigentes, con el propósito de cautelar las responsabilidades pecuniarias que correspondan en caso de obtenerse condenas.

Asimismo, se han decretado medidas precautorias sobre los bienes de los excomandantes en jefe recientemente procesados y de otros ex uniformados, dado que, solo en los autos de procesamiento dictados durante 2021 y lo que va de este año, los recursos defraudados se han incrementado en más 13 mil millones de pesos. Simultáneamente, el Consejo ya ha presentado acciones civiles en la arista “pasajes”.

Respecto del fraude cometido en contra de Carabineros, el Consejo ha logrado se le conceda la cautela de bienes por más de 1.400 millones de pesos en las investigaciones formalizadas durante 2021, a lo que debe sumarse los pagos por concepto de multas por los ilícitos respectivos y ha ejercido sus atribuciones civiles para recuperar los montos defraudados en los casos en que se obtuvieron condenas en juicios abreviados y ha obtenido resultados favorables en fallos de primera y segunda instancia.

Asimismo, se ejercieron acciones respecto de los 31 acusados en la causa principal, las cuales ya fueron notificadas y renovadas las cautela- res que se encontraban decretadas. Sin embargo, la tramitación de  estas demandas se encuentra suspendida a la espera de la sentencia que debe dictarse en el marco del juicio oral iniciado este año y en actual tramitación.

En tanto, el pronunciamiento definitivo de la Corte Suprema en el caso Corpesca corroboró la consistente labor desarrollada por el Consejo en ese juicio desde sus inicios, representado por el equipo encabezado por la Coordinadora de Litigio Penal de la Procuraduría Fiscal de Santiago, Luppy Aguirre. En los tres capítulos por los cuales presentó acusación particular se obtuvieron condenas. Interpuso cinco querellas criminales y fue el primer interviniente en querellarse en 2015, acción que permitió interrumpir alegaciones que buscaban la prescripción de delitos que entonces comenzaban a investigarse.

Del mismo modo, el Máximo Tribunal rechazó recientemente los recursos de nulidad deducidos por la ex alcaldesa de Antofagasta condenada por el fraude cometido en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, juicio en que el Consejo tuvo una activa participación a través del equipo liderado por el Abogado Procurador Fiscal Carlos Bonilla, demandando civilmente para obtener la restitución de los recursos y logrando que la Corte acogiera los argumentos fiscales y mantuviera a firme las condenas. A la vez, hemos participado en la extradición solicitada respecto de la condenada ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

Delitos de corrupción en el ámbito de la administración municipal

 

A fin de aportar decididamente a la detección temprana de actos de corrupción, fortaleciendo nuestras capacidades con conocimientos especializados para su persecución y potenciando un trabajo coordinado con el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, en los ámbitos de nuestras respectivas competencias, en 2021 creamos la Unidad Coordinadora Especializada en Materias Municipales. Con ello esperamos mejorar la articulación de nuestras intervenciones, dado el aumento sostenido en los últimos años de asuntos que involucran a distintas municipalidades, corporaciones municipales y/o a sus funcionarios, en diversas materias, civiles y penales.

Del universo de causas vigentes relativas a asuntos municipales que el Consejo conocía hacia fines de año, 489 correspondían a materias penales en que se investigan delitos como fraude al Fisco, malversación de caudales públicos, cohecho, negociación incompatible o tráfico de influencias, asociadas a 181 municipios, es decir, el 52% de las municipalidades del país se encuentra vinculada a alguna investigación penal.

El Consejo ha interpuesto querellas en 132 de esas causas. En un intento de evidenciar la magnitud del problema, valga destacar que 14 de estas querellas involucran subvenciones destinadas a la Educación, cuya cuantía supera los 21 mil millones de pesos.

En diciembre, la Procuraduría Fiscal de Coyhaique, representada por el abogado Alejandro Castro, obtuvo la condena del ex alcalde de la Municipalidad de Melinka, de funcionarios de esa municipalidad y de los particulares que se concertaron con ellos por delitos de malversación y fraude al Fisco. El tribunal también acogió la demanda civil presentada por el Consejo en su contra.

Me permito destacar la exitosa realización de las Primeras “Jornadas de fortalecimiento de la probidad y prevención de la corrupción en el ámbito municipal”, organizadas por nuestra Unidad Coordinadora Municipal en el mes de enero, y en las que participaron autoridades de la Contraloría, del Ministerio Público, de ChileCompra, del Consejo para la Transparencia, del Poder Judicial, del Tribunal Calificador de Elecciones y de la Policía de Investigaciones.

Coordinación judicial para la persecución de delitos relacionados en distintas regiones del país

 

Me referiré, a continuación, a delitos cuya comisión se reitera en distintas regiones del país y, respecto de los cuales, el Consejo ha coordinado su tratamiento y control para apoyar la definición de sus estrategias y la oportunidad de sus actuaciones.

Actualmente participa en varios procesos penales en que se investigan delitos de corrupción en el marco de licitaciones para el recambio, instalación y mantención de luminarias LED en alumbrados públicos, asuntos en los cuales ha interpuesto querellas criminales a través de sus Procuradurías Fiscales de Iquique, Chillán, Santiago, San Miguel y Concepción, median- te las que se han solicitado diversas diligencias para esclarecer y condenar a los responsables de delitos de fraude al Fisco, cohecho, soborno, malversación de caudales públicos y violación de secreto.

Sus actuaciones han obtenido que se decreten medidas precautorias para resarcir al Fisco los recursos defraudados y vigila el avance de las investigaciones a cargo de la Fiscal Regional de Ñuble para la definición de nuevas intervenciones.

En tanto, tras tomar conocimiento, por parte del Fondo Nacional de Salud, FONASA, de emisiones masivas de licencias médicas injustificadas o de bonos de atención presuntamente fraudulentos que involucraron recursos públicos, el Consejo decidió intervenir y a la fecha ha interpuesto 23 querellas criminales en los procesos que se siguen por la emisión de licencias médicas falsas y, otras 8, en los que se indagan fraudes utilizando bonos de atención médica.

Recientemente, la Procuraduría Fiscal de Concepción logró que se acogiera su solicitud en una de estas causas, y se ordenara devolver a FONASA más de 3.400 millones de pesos retenidos a una facultativa que se encuentra formalizada por delitos de fraude al Fisco y lavado de activos, que permitirán hacer efectivas acciones civiles que el Consejo interpondrá para obtener la reparación del perjuicio provocado.

La oportuna intervención y la eficacia de las acciones civiles inter- puestas en esta causa, a cargo del Abogado Procurador Fiscal de Concepción, Georgy Schubert y de la abogada Gisela Inostroza, ayudan a resguardar la continuidad de la labor de FONASA.

Participación en la persecución de delitos que atentan contra los derechos de las personas

 

Con la misma decisión con que persigue los delitos de corrupción, el Consejo ejerce sus atribuciones para esclarecer y obtener la sanción penal de funcionarios públicos que, en el desempeño de sus cargos, cometieron infracciones a instructivos y protocolos que regulan sus actuaciones, conductas que provocaron serias afectaciones a los derechos de las personas.

En este ámbito de su competencia penal, constituyó un logro muy significativo para el Consejo el fallo pronunciado en mayo por la Corte Suprema, que confirmó la sentencia dictada en el proceso seguido por el homicidio del comunero Camilo Catrillanca, rechazando todos los recursos de nulidad presentados por los condenados.

A través de su Procuraduría Fiscal de Temuco, representada por el abogado Miguel Contreras, el Consejo desarrolló una relevante labor que permitió obtener las condenas de quienes, al haber incumplido grave- mente su deber de funcionarios públicos, ocasionaron la muerte de la víctima y provocaron un enorme daño a la reputación y el trabajo de Carabineros de Chile.

En diciembre, luego de acoger un recurso de nulidad presentado por el Ministerio Público, la Corte de Apelaciones de Temuco ordenó repetir el juicio oral mediante el cual se condenó al único acusado por el homicidio del comunero Alex Lemún; en opinión del Consejo, se trata de un fallo re- levante, pues reconoce la existencia de responsabilidad penal tras 19 años de transcurridos los hechos; permite dar cumplimiento al compromiso adquirido por el Estado de Chile de llevar a cabo una investigación que ofreciera a los familiares de la víctima garantías de acceso a la justicia y acoge la calificación jurídica de homicidio simple planteada por el Servicio.

En noviembre, otra importante sentencia acogió los argumentos del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado en el juicio se- guido por la muerte de la menor Lissette Villa, al declarar culpables del delito de apremios ilegítimos con resultado de muerte a exfuncionarias del Cread Galvarino, centro dependiente del Servicio Nacional de Menores, SENAME.

El Consejo, representado por los abogados de la Procuraduría Fis- cal de Santiago, Cristóbal Díaz y Nicolás Chacana, contribuyó con el conocimiento experto respecto de un tipo penal complejo, que requería acreditar que los niños y niñas del SENAME se encuentran privados de libertad, a pesar de no haber sido condenados por infracciones, sino in- ternados por medidas de protección.

Finalmente, el Consejo ha continuado actuando decididamente en aquellos casos ocurridos en el contexto de las movilizaciones sociales en mérito de los antecedentes de las investigaciones.

En el transcurso del año pasado presentó 14 nuevas querellas y/o ampliaciones por los delitos principalmente de apremios ilegítimos, que se suman a otras 19 interpuestas con anterioridad, acciones que ha concretado tras un riguroso análisis de los hechos en cada caso.

En ese mismo contexto, así como accionamos contra funcionarios que afectan derechos de los personas, también hemos perseguido la responsabilidad penal de particulares que han dañado bienes públicos. Al mes de diciembre, habíamos interpuesto 126 querellas a lo largo del país, de las cuales, 47 se refieren a daños ocasionados a cuarteles policiales y militares y, 18, a Monumentos Nacionales.

El ejercicio de nuestras atribuciones penales en estos casos reviste especial importancia, dado que no existe otro organismo público que pueda instar por la persecución penal de este tipo de hechos que provo- can un negativo impacto en las comunidades en donde se han ocasionado los daños; o dejan en la impunidad a quienes han atentado en contra de los Monumentos que simbolizan la identidad, la cultura y los valores del país a lo largo de su historia.

En mayo, la Procuraduría Fiscal de Iquique, representada por el abogado David Álvarez, obtuvo la condena del responsable de fracturar la escultura en honor al militar chileno Eleuterio Ramírez, considerado héroe de la batalla de Tarapacá, por el delito de daño a Monumento Nacional, y acogió la demanda civil interpuesta por el Consejo en su contra.

Por último, mediante un procedimiento abreviado realizado en agosto, la Procuraduría Fiscal de Rancagua, representada por el abogado Guillermo Lara, logró la condena del empresario Raúl Schüler por los delitos de receptación y daño a Monumentos Nacionales a penas que se encuentran dentro del marco penal fijado por el legislador. El Consejo también persiguió la reparación de los daños provocados en contra del patrimonio del Estado y obtuvo una indemnización de 120 millones de pesos, monto que cubre casi la totalidad de los daños materiales causados.

IV. Servicio de Mediación por Daños en Salud

 

La mediación es una política pública virtuosa que facilita el acceso a la justicia y hace a las partes corresponsables de la resolución de sus conflictos en igualdad de condiciones, abriendo la posibilidad de alcanzar acuerdos que contemplan las necesidades y particularidades de ambas.

En este sentido, hemos participado del cambio cultural pues, a 17 años del establecimiento de la mediación, es posible apreciar cómo los hospitales reclamados se han ido involucrando cada vez más en el proceso, no obstante ser voluntaria su participación; ha ido creciendo la des- judicialización del conflicto sanitario y, con ello un acceso oportuno a la justicia para los usuarios del sistema; todo lo cual se traduce en una disminución de costos para el Fisco: tres objetivos prioritarios considerados por los legisladores al momento de crearla.

En 2021 ingresaron 1.374 nuevas solicitudes de mediación, es decir, 31% más que el año anterior y finalizaron 1.434 mediaciones, incluidas las existentes en stock.

No obstante, la crisis sanitaria priorizó que los recursos humanos y financieros de los establecimientos de salud se destinaran hacia el control de la pandemia, en 2021 se alcanzaron 336 acuerdos, equivalente a un 25,5%, resultado superior a la meta comprometida para el período. De la cifra de acuerdos alcanzados, 137 fueron celebrados en el contexto de una mediación colectiva, como el de la entrega de anticonceptivos, pro- ceso inédito en la trayectoria del Servicio de Mediación.

Se suscribieron dos nuevos convenios de colaboración con las Corporaciones de Asistencia Judicial de Biobío y de Tarapacá-Antofagasta, para la derivación eficaz y expedita de usuarios del Servicio que requieren obtener asistencia jurídica gratuita, previa consideración de la complejidad de cada caso.

El compromiso del equipo multidisciplinario que presta el Servicio de Mediación a lo largo del país, encabezado por la abogada Virginia Vega, merece una especial mención por la labor realizada durante este período, la que aprovecho de distinguir.

V. Breve balance de la labor realizada por las áreas del Consejo en los distintos ámbitos de su quehacer

 

Entre las iniciativas emprendidas durante 2021 por las distintas áreas y unidades del Consejo, quisiera destacar aquellas acciones que han consolidado nuestra comunicación y coordinación con las Secreta- rías Regionales Ministeriales y los organismos con quienes interactuamos para llevar a cabo nuestra labor, como las Fiscalías Regionales del Ministerio Público, las Contralorías Regionales o los servicios con competencia ambiental, entre otros.

Compromiso con la formación jurídica, el trabajo colaborativo y la entrega de un buen servicio

 

La modalidad de trabajo a distancia adoptada durante el transcurso de la pandemia reforzó la comunicación entre las Unidades y corroboró la importancia de la coordinación periódica con otros organismos, lo que ha permitido identificar y aprovechar las ventajas del trabajo colaborativo.

Durante 2021, las Procuradurías Fiscales concretaron 74 actividades de relacionamiento y/o capacitación jurídica con distintos Servicios e Instituciones en sus respectivas regiones. Asimismo, el Consejo suscribió siete nuevos convenios de colaboración tendientes a establecer procedimientos de trabajo conjunto, permitir el acceso a la información de causas en cuya representación actúa, apoyar a usuarios del Servicio de Mediación y/o formar lazos con la academia, especialmente, en lo relativo a la participación de pasantes en el Servicio. Con la suma de estos nuevos convenios, el Consejo mantiene vigentes 44 acuerdos con diversas instituciones, cuyos detalles pueden consultarse en nuestro sitio web.

En cuanto a nuestra vinculación con el mundo académico, durante el año pasado suscribimos convenios de colaboración con las Universidades Gabriela Mistral y Católica de Temuco, los que se suman a los que mantenemos vigentes con la Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Valparaíso, Alberto Hurtado, Católica de Valparaíso, San Sebastián y Universidad Mayor.

Como Consejo nos hemos propuesto desempeñar un rol activo en el proceso de formación de los estudiantes de Derecho, como pasantes en nuestra institución, contribuyendo, no solo al desarrollo de conocimientos prácticos, sino también, a la formación de los futuros abogados fiscales.

En tanto, la gestión del conocimiento al interior del Consejo se tradujo en la organización de talleres, conversatorios y clínicas jurídicas para aprovechar la sinergia del trabajo en y entre los equipos en regiones; reforzando las tesis fiscales, identificando debilidades y proyectando estrategias para abordar eventuales asuntos de relevancia y complejidad judicial.

Por ejemplo, mediante simulaciones de audiencias telemáticas y ejercicios prácticos, 64 litigantes fortalecieron sus competencias de oralidad, perfeccionando argumentaciones para enfrentar alegatos de diversa complejidad. Asimismo, nuestra querida Escuela CDE materializó su décimo primera versión logrando, como es habitual, una alta convocatoria a lo largo del país.

La construcción de las estrategias fiscales contó con el soporte permanente del Departamento de Estudios, que elaboró 55 informes jurídicos sobre distintas materias de competencia del Consejo para apoyar la labor de los Comités en el análisis de asuntos específicos.

La permanente alimentación y actualización de la aplicación informática WikiCDE, a cargo del Departamento, contribuyó a la sistematización de los principales argumentos esgrimidos en los asuntos de interés fiscal y facilitó la revisión de bibliografía y jurisprudencia relacionada. Durante el año pasado, la plataforma registró 55.799 visitas.

En tanto, el Comité de Gestión del Conocimiento llevó a cabo el ciclo de seminarios sobre Resolución colaborativa de conflictos socioambientales, organizado junto al Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile; las jornadas relativas a la Gestión municipal desde la perspectiva de la Contraloría General de la República; y el Seminario Internacional Defensa legal del Estado en tiempos de COVID, en el marco de los objetivos que se ha propuesto desarrollar la Asociación Latinoamericana de Abogacías y Procuradurías del Estado, ALAP, en la cual el Consejo ha asumido su vicepresidencia.

Promoción del bienestar de las personas, el desarrollo de habilidades, la no discriminación y el buen trato laboral

 

La orientación y propósito de los planes e iniciativas desarrollados por el área de gestión de personas tuvieron como elementos centrales el refuerzo de competencias y habilidades que hoy resultan primordiales, la implementación de soluciones innovadoras para asegurar la continuidad de funciones de los equipos, en tanto se mantenían las restricciones sanitarias, y el resguardo del bienestar de la salud física y mental de los funcionarios y funcionarias. Las definiciones institucionales adoptadas promovieron modalidades híbridas de trabajo.

En cuanto al fortalecimiento de nuestras políticas y protocolos de integridad, el Comité de no discriminación, género y buenas prácticas laborales, presidido por la Consejera Paulina Veloso, e integrado por directivos y representantes de los funcionarios y de las asociaciones gremiales, concretó acciones que, aun tratándose de un área de desarrollo incipiente en el Servicio, dieron cuenta del firme propósito institucional de incorporar la perspectiva de género y asegurar el buen trato en los distintos ámbitos de su quehacer.

Durante los dos últimos años hemos concretado pasos importantes que, si bien son incipientes, marcan una ruta clara y decidida en esta senda. Así es como hoy contamos con el Comité encargado de asesorar y proponer acciones en este ámbito y más mujeres ejercen jefaturas en unidades estratégicas del Consejo. En efecto, de los ocho cargos directivos de mi dependencia directa, cinco son desempeñados por mujeres profesionales de excelencia.

Nos hemos propuesto el compromiso que, de aquí a 2025, toda persona que integre el Consejo de Defensa del Estado tenga conciencia de género y suscriba e incorpore, independientemente del cargo que ejerza, prácticas de equidad en el desempeño de sus funciones.

Otra iniciativa estrechamente vinculada dice relación con el nuevo Procedimiento para la prevención, denuncia, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y de maltrato laboral, ampliamente difundido durante el año pasado. Entre sus fortalezas se incluye el fuerte componente participativo considerado durante su elaboración, introduciendo el enfoque de género en su redacción y otorgando un carácter prioritario e institucional a la protección de nuestras personas, simplificando el proceso de denuncia y resguardando los derechos de las víctimas.

Complementariamente, el Consejo cuenta con un sistema de integridad que regula los diferentes aspectos y conductas que pueden vulnerar el exigente estándar de probidad que deben observar cada uno de sus funcionarios y funcionarias. Éste se constituye por un Código de Ética; las funciones del Encargado de Integridad y la implementación de un canal de denuncias y reclamos anónimos.

Mejoramiento de la infraestructura física

 

El anhelo de contar con un edificio institucional acorde con la relevancia del quehacer y las funciones que desempeña el Consejo se concretó al mudarnos al edificio ubicado en la intersección de las calles Agustinas con Morandé, en pleno centro cívico de Santiago.

Durante 2021 se recibió el 90% las instalaciones del nuevo edificio institucional, que se distribuyen en una superficie de 4.597 metros cuadrados y consideran el aumento de 295 a 337 puestos de trabajo; el crecimiento de la capacidad de los recintos destinados a comedor, sala multiuso y biblioteca, además del incremento de las salas de reuniones. Se incluyen cuatro zonas de cowork; dos oficinas para la participación en audiencias de manera remota, debidamente equipadas y con aislación acústica, y un aparcadero con capacidad para 93 bicicletas.

VI.  Programa de Modernización Institucional

 

Durante 2021, el Programa de Modernización Institucional, PMI, enfocó su labor en la implementación y estandarización de estructuras organizacionales y modelos de trabajo en las Procuradurías Fiscales de Coyhaique, Antofagasta y Chillán. No obstante, a pesar de que duran- te este período el Consejo continuó enfrentando una importante reducción presupuestaria –producto de las medidas adoptadas por el Ejecutivo para el control de la pandemia–, la tarea de modernización no se detuvo, adoptando alternativas que permitieron finalizar el año con 15 de nuestras 17 Procuradurías Fiscales implementadas.

Con la incorporación de Temuco y Copiapó, Procuradurías que fue- ron implementadas durante el primer trimestre de este año, el Programa dio total cumplimiento al propósito y los objetivos trazados en 2012, al suscribirse el contrato entre la República de Chile y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Se trata del más importante y consistente esfuerzo de modernización emprendido por el Servicio desde su creación, en 1895, con el propósito de fortalecer sus capacidades técnicas para una defensa legal de los intereses del Estado que permita mantener y acrecentar elevados estándares jurídicos y judiciales.

Reconozco el compromiso, la perseverancia y la eficacia del trabajo desarrollado por el equipo de modernización dirigido por el Consejero Jaime Varela y conformado por la abogada jefa de la Procuraduría Civil, Paulina Sepúlveda, con la asistencia y soporte de la ingeniera Claudia Córdova y de la abogada de la Procuraduría Fiscal de Talca, Paulina Leighton.

VII.   Nuestras prioridades para el próximo trienio

 

Para terminar: el lema “Personas al servicio de la Defensa del Esta- do” recoge un sentir transversal y ampliamente compartido por quienes integran nuestra Institución y es el punto de partida de nuestra planificación estratégica para el periodo 2022 a 2024.

Resulta necesario subrayar que, para la construcción de éste, nuestro cuarto Plan Estratégico, utilizamos metodologías que garantizaron el carácter participativo del proceso, condición que nos permitió definir una nueva Visión Institucional, que incorpora los principales atributos relevados por nuestros funcionarios:

“Ser una entidad de elevado estándar técnico jurídico, especializada e independiente, integrada por un equipo humano de excelencia que actúa proactivamente en la defensa judicial de los intereses y el patrimonio público y la entrega de un servicio de mediación en salud de calidad”.

El Plan Estratégico se organiza en torno a seis ejes, desde los cuales se desprenden objetivos e iniciativas en las que trabajarán nuestras distintas unidades de aquí a 2024.

Estos son: Gestión con enfoque integral en las personas; Excelencia en la defensa judicial de los intereses y el patrimonio público; Rol activo en el combate a la corrupción y el resguardo de la institucionalidad; Compromiso con la defensa y protección del medio ambiente; Fortalecimiento del Servicio de Mediación en Salud; y Mejoramiento continuo de nuestros procesos de apoyo.

Reflexiones finales

 

Antes de finalizar, no puedo dejar de referirme al trabajo desarrolla- do por la Convención Constitucional.

Con ocasión de la invitación que me fue extendida a inicios de este año por la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional de la Convención Constitucional, pre- senté nuestra misión, funciones y deberes y me referí a las oportunidades para fortalecer la defensa pública en beneficio de las personas.

En el transcurso de sus 126 años, el Consejo de Defensa del Esta- do ha acompañado ininterrumpidamente y apoyado eficazmente el desarrollo del país. Hoy, reafirmo el compromiso compartido por quienes integramos este Servicio para continuar defendiendo el interés público y resguardando el patrimonio que pertenece a todas y todos por los próximos 126 años.

Muchas gracias.