CUENTA PÚBLICA DEL AÑO 2022 Juan Antonio Peribonio Poduje

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CUENTA PÚBLICA DEL AÑO 2022

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Juan Antonio Peribonio Poduje

Muy buenas tardes

Para comenzar, me uno a los saludos protocolares mencionados anteriormente, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañan hoy presencialmente y, asimismo, de quienes lo hacen de manera telemática.

Le agradezco especialmente, a S.E, el Presidente de la República, Sr. Gabriel Boric por acompañarnos en este acto.

Saludo también al señor Presidente de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, a la señora Presidenta del Tribunal Constitucional, a las señoras y señores ministros presentes, a los representantes de las instituciones de Carabineros, Fuerza Aérea, Armada y Ejército de Chile y a los Jefes de Servicio.

Me permito saludar de manera especial al señor Contralor, Jorge Bermúdez, quien nos ha facilitado una vez más estas dependencias para presentar la Cuenta Pública del Consejo de Defensa del Estado.

Extiendo mi más cordial saludo a las autoridades y representantes de los servicios e instituciones a quienes representamos ante los tribunales de justicia, así como de los organismos con los que nos relacionamos en el cumplimiento de nuestro quehacer.

Saludo a las consejeras y consejeros que me acompañan, a los abogados procuradores fiscales, a nuestros directivos, a los presidentes de nuestras asociaciones gremiales y, a través de ellos, a todos los funcionarios y funcionarias del Consejo que hoy se encuentran presentes, representando a los 572 integrantes que actualmente tiene este organismo en todo el país.

Hemos dado inicio a esta cuenta con un video donde 10 de los funcionarios premiados el año pasado dan testimonio de lo que significa trabajar en el Consejo de Defensa del Estado, en ustedes, quiero simbolizar mi agradecimiento por su entrega y compromiso en el desempeño de sus labores durante estos tres años de gestión.

En sus 127 años de historia, el Consejo de Defensa del Estado ha echado raíces firmes y sólidas, consolidando su insustituible rol de defensa y protección del interés del Estado, lo que hemos logrado gracias a componentes intangibles presentes en la cultura y los valores de esta institución como son su seriedad, solidez técnica, versatilidad, sobriedad y principalmente su independencia.

A tales derroteros, sumamos la protección del medioambiente y la conducción de los servicios de mediación en el ámbito de la salud pública.

Asimismo, durante estos años de gestión actuamos enérgicamente para perseguir los delitos de corrupción. Aquellos cometidos por funcionarios públicos que han atentado contra los derechos de las personas y los delitos de daños a la propiedad fiscal.

A continuación, y para dar cumplimiento a este acto republicano, realizaré mi presentación en torno a ocho hitos, respecto de los cuales hemos desarrollado nuestra labor, en la que será mi última Cuenta Pública institucional en el Consejo de Defensa del Estado.

1.       Inicios de la Presidencia: la labor del Consejo tras estallido social y pandemia

A pocos días de culminar los 3 años de mi mandato legal como Presidente del Consejo, puedo decir que la gestión del año 2022 está inevitablemente vinculada con los dos episodios que nos han marcado en estos años, como fue el denominado estallido social y el estado de emergencia por la pandemia de Covid-19.

Tras el estallido social, fuimos receptores de miles de asuntos derivados de las movilizaciones sociales, debiendo no solo readecuar las metodologías de trabajo y definir criterios acordes con la magnitud y características de los hechos, sino que además tuvimos que fortalecer y asegurar nuestra capacidad de respuesta, de acuerdo con las exigencias que el país requería.

Iniciamos prontamente una reorganización interna, distribuyendo las causas ingresadas y estableciendo una coordinación nacional de las 17 Procuradurías Fiscales del país, con el propósito de efectuar defensas judiciales uniformes y consistentes; ejercer acciones oportunas, y adecuadamente fundadas y –simultáneamente– concentrar nuestra capacidad de litigio en aquellos casos de mayor gravedad o connotación social.

La implementación de este nuevo proceso de coordinación interna nos permitió afrontar más de tres mil asuntos procedentes del estallido social (3.394), en los ámbitos penal, civil y constitucional.

Solo en materia penal, el Consejo recibió y estudió 2.975 asuntos relacionados a hechos con la participación de agentes del Estado constitutivos de vulneraron de los derechos de las personas y, también, respecto de daños ocasionados a bienes públicos y/o monumentos nacionales.

En ese contexto, a la fecha de cierre del año 2022, hemos presentado 35 querellas por la responsabilidad individual de aquellos que en el ejercicio de sus funciones se excedieron cometiendo principalmente el delito de apremio ilegítimo en el contexto de las movilizaciones.

Estas 35 querellas, por los hechos calificados como los más graves de aquel momento, y que permitió reforzar la labor de otros actores en esta materia, dan cuenta del análisis riguroso y objetivo del trabajo del Consejo para presentar todos los elementos jurídicos y de hecho para que los tribunales puedan formarse la convicción y aplicar las penas correspondientes por delitos que vulneran el derecho de las personas.

Pero, así como nos preocupamos de buscar la sanción de aquellos funcionarios públicos involucrados en apremios ilegítimos, también nos preocupamos de proteger los bienes públicos afectados por graves daños.

Sobre ello, presentamos 127 querellas, de las cuales 48 se refieren a daños ocasionados a cuarteles policiales y militares, en tanto, otras 18 por daños cometidos a monumentos nacionales, 45 a daños a edificios públicos, como los de las Corporaciones Administrativas del Poder Judicial, y 16 a bienes públicos en general.

El ejercicio de nuestras atribuciones penales en estos casos reviste especial importancia, dado que no existe otro organismo público que pueda instar por la persecución penal de este tipo de hechos que provocan un negativo impacto en las comunidades en donde se han ocasionado daños en contra de los monumentos que simbolizan la identidad, la cultura y los valores del país a lo largo de su historia.

La acción del Consejo en esta materia lleva aparejado, como efecto, la percepción de confianza de la ciudadanía en la capacidad del Estado para defender el bien común, lo que sin duda seguiremos haciendo sin descanso.

En el ámbito contencioso administrativo, cuyo Comité lo integran los Abogados Consejeros Rodrigo Quintana, Raúl Letelier y Sebastián Soto, el Consejo intervino a la fecha en 385 acciones constitucionales mediante las cuales se intentó impugnar el ejercicio de las atribuciones y facultades de las autoridades y/u organismos públicos que fueron adoptadas para resguardar a la población, como, por ejemplo restricciones a la movilidad, uso de armamento disuasivo o declaraciones de estado de emergencia y toques de queda.

Todas estas acciones se encuentran finalizadas a la fecha, con 377 asuntos favorables al interés público, lo que demuestra un 98% de efectividad.

Otro hecho que marcó definitivamente la forma habitual de hacer nuestro trabajo, como ya dije, fue la llegada de la pandemia, en marzo de 2020.

Nuevas tecnologías y formas de relacionarnos se hicieron presentes para comenzar un proceso de adaptación que nos permitiera hacer frente a las múltiples y urgentes necesidades de nuestra institución.

En este contexto, asumimos múltiples tareas enfocadas en la representación de Ministerios, autoridades y organismos públicos para la defensa de recursos judiciales de diferente índole presentados en su contra, mediante los cuales se solicitaba mayor intervención del Estado para el control de la pandemia, así como aquellas acciones que, por el contrario, buscaban limitar las medidas sanitarias decretadas por el Ejecutivo.

En materia de resultados, podemos señalar que a diciembre de 2022 se registra un total de 2.950 asuntos ingresados a nivel nacional, de los cuales el Consejo asumió la representación judicial en 635 causas.

De esta labor, podemos rescatar que en 561 causas el Consejo obtuvo sentencias favorables al interés fiscal, siendo, en consecuencia, el porcentaje de asuntos favorables un 93.81%.

La presencia y actividad desplegada por el Consejo en el marco de los dos episodios mencionados, que quedarán marcados en nuestra historia, sin duda reflejan la importancia de su función pública, principalmente en la defensa de las potestades de los órganos del Estado, que no es más que la defensa de las instituciones del país y el Estado de Derecho, pues nos permitió entregar el soporte jurídico para las actuaciones de las distintas autoridades y sortear las complejas y múltiples problemáticas que surgieron y que a la fecha han permitido, en estos ámbitos, paulatinamente retornar a la tan esperada estabilidad y normalidad en el diario quehacer.

En materia del servicio de mediación en salud, a fines de julio de 2020 el Consejo reactivó las sesiones de mediación en modalidad telemática, tras 4 meses de suspensión de plazos y audiencias, con la consiguiente paralización de cerca de 800 mediaciones.

La experiencia obtenida durante 2020 se vio asentada en 2022 por los resultados y la satisfactoria evaluación al dar cumplimiento a las tareas y objetivos de las distintas unidades de este Servicio, esto a pesar de las restricciones presupuestarias y la limitación de contratación de personal impuesta para hacer frente a la pandemia desde 2020.

Por ello, durante 2022 las nuevas iniciativas se dirigieron a reforzar la versatilidad y colaboración entre las diferentes unidades y la atención oportuna de los requerimientos de nuestros clientes.

Por ejemplo, reforzamos la comunicación con los Servicios que requieren ser representados judicialmente, así como la coordinación con los organismos con los cuales el Consejo se relaciona para llevar a cabo su labor, tarea que las Procuradurías Fiscales abordaron con renovada energía en cada región del país.

A medida que las condiciones sanitarias lo permitieron, en 2021 retomamos la presencialidad incorporando de manera mixta una de las buenas prácticas que nos dejó la pandemia, el trabajo remoto.

Por ello, en 2022 instruí la conformación de una mesa técnica conformada por distintos actores del Consejo, para estudiar la factibilidad de implementar un sistema formal y normado de teletrabajo en el organismo y, conforme con ello, elaborar un proyecto para ser presentado a la Dirección de Presupuestos.

Como resultado de esta labor mancomunada con todos los funcionarios, el Consejo de Defensa del Estado forma parte de los 40 servicios públicos que han sido facultados para implementar la modalidad de teletrabajo, lo que sin duda será un cambio sustantivo en la cultura del trabajo interno y de cara a nuestros requirentes.

Como mencionaba, ningún avance en estos años habría sido posible sin el compromiso de quienes trabajan en el Servicio lo que adquiere más valor porque no solo se tuvo que sortear la importante reducción presupuestaria por la pandemia, sino que también el considerable aumento de nuevos asuntos ingresados al Consejo en este período.

Si en 2021 tuvimos un aumento de un 13% de ingreso de nuevos juicios respecto del año anterior, esta cifra aumentó a un 20% en 2022.

Entre estos nuevos asuntos podemos mencionar: juicios por reparaciones a los derechos humanos por violaciones ocasionadas en el período 1973-1990; aumento de juicios laborales derivados de la emergencia sanitaria, causas indemnizatorias derivadas del estallido y las que tienen su origen en los problemas de la macrozona sur y más recientemente, causas originadas por incumplimientos contractuales de aquellas empresas que tenían a su cargo obras públicas y que caen en insolvencia, entre otras materias.

Tal escenario sin duda nos desafió a abordar una importante carga de trabajo, con la misma e histórica dotación de funcionarios con que cuenta esta institución, siempre manteniendo la excelencia de nuestras defensas como la oportuna atención a los requerimientos y como es característico en el Consejo, con el mayor rigor, oportunidad y esfuerzo, lo que agradezco profundamente a todos nuestros funcionarios.

No obstante, acogiendo lo que me han pedido muchos funcionarios y funcionarias, debo decir que estamos en un punto de inflexión, y por eso tengo el deber de transmitir que este aumento de causas no es inocua, pues se ve reflejado en el posible aumento de licencias médicas y al riesgo de que nuestros mejores elementos y a quienes el Servicio los ha preparado durante décadas para la defensa fiscal sean literalmente tentados por Estudios Jurídicos privados que ofrecen mejores horizontes remuneracionales.

Hoy tenemos la necesidad de contar con mayor dotación de abogados litigantes, para lo cual ya nos hemos comunicado con las autoridades respectivas para gestionar una adecuada solución a este problema.

Esperamos que se pueda concretar próximamente.

Pese a este panorama, el trabajo de nuestro Servicio no se detuvo y se adoptaron caminos alternativos y complementarios que permitieron, por ejemplo:

Continuar con un plan para mantener la dotación para el buen funcionamiento del Servicio, generando acciones que permitieron la reposición de funcionarios, especialmente de aquellos que están en el corazón del negocio del Consejo, a cargo de los juicios en defensa del interés fiscal.

Este plan nos permitió generar un 12% de movilidad interna de la dotación histórica, incentivando la carrera funcionaria, a través del mérito y procesos de selección públicos y transparentes.

Concluir el Programa de Mejoramiento Institucional (PMI), lo que para entonces parecía una tarea imposible, terminando el proyecto iniciado el 2012, implementándolo en las siete Procuradurías Fiscales que faltaban, lo que nos hace más efectivos y eficientes a la hora de afrontar nuestras tareas, al separar las labores administrativas con el litigio.

La puesta en marcha del nuevo Sistema Integrado de Gestión de Causas (SIGC), herramienta informática desarrollada por el Consejo, permitirá a todos los integrantes de las Procuradurías Fiscales acceder a una nueva modalidad más efectiva, con énfasis en el trabajo más colaborativo y coordinado.

El fortalecimiento de una mejor y más oportuna coordinación con los Servicios Públicos que requieren ser representados por el Consejo ante los tribunales; un ejemplo de aquello es el proceso penal por licencias médicas o las acciones tendientes a defender el medio ambiente dañado, que lo veremos más adelante.

Incorporar la perspectiva de género en nuestra gestión y dar continuidad a la capacitación de nuestras funcionarias y funcionarios en esta materia.

Y actualizar los procedimientos vinculados a los principales procesos de personas, incorporando a un nuevo encargado de la unidad.

Quiero reiterar lo importante que es para el Consejo cuidar a nuestros funcionarios y funcionarias no solo otorgándoles las mejores condiciones de trabajo que les permiten desarrollar su labor, sino también promoviendo la retención de talentos pues estamos conscientes de que quienes integran esta institución cuentan con una experiencia laboral indispensable que debemos mantener y resguardar para los buenos resultados de nuestra gestión.

Asimismo, estamos orgullosos de haber gestionado el año pasado un Plan de Mejoramiento de Infraestructura Regional, que esperamos implementar en cuatro años y que permitirá considerables mejoras a nuestras oficinas regionales. También haber inaugurado el 2022 el nuevo Edificio Institucional en el corazón del Barrio Cívico de Santiago, cuyos más de cuatro mil metros cuadrados otorgan a nuestros funcionarios una mejor infraestructura y concentrar en un mismo lugar todas nuestras unidades, marcando con ello una nueva etapa en nuestra trayectoria institucional.

Trayectoria que la historia hizo coincidir con el importante proceso constituyente que se inició en el país, y en el que nos seguimos sintiendo comprometidos y valoramos profundamente, esperando que su destino sea finalmente tener una Carta Magna que refleje la búsqueda permanente del bien común de nuestro país.

2.       El Consejo en la nueva Constitución

Precisamente, a inicios del año pasado tuvimos la oportunidad de exponer, en la Comisión de Sistemas de Justicia, sobre nuestra labor y compartir nuestra mirada institucional respecto de las oportunidades que tenemos como país para fortalecer la defensa pública en beneficio de las personas.

Entre estas propuestas, presentamos aquellas iniciativas dirigidas a fortalecer la persecución de la corrupción, perfeccionar la institucionalidad para proteger el medio ambiente y normas para facilitar el acceso a la justicia.

En este sentido destaco la propuesta consistente en elevar a rango Constitucional el actual artículo 28 del Código Penal, que establece que los delitos con penas de crimen que traen aparejada la pena accesoria de inhabilitación absoluta y perpetua se aplique sin distinción de la pena que tenga asignada el delito, lo anterior como la más potente señal para efectos de probidad pública.

Asimismo, la normativa constitucional para incorporar en la Constitución la protección del denunciante.

En materia ambiental, el reconocimiento constitucional del deber general de no provocar daño al medioambiente, además de su reparación integral en caso de haberse producido, otorgándole al Fisco la titularidad de la acción de reparación.

También el crear tribunales contencioso-administrativos y fortalecer el acceso a la justicia, a través de un mejor servicio de mediación en salud, como también buscando otros métodos alternativos de solución de conflictos susceptibles de ser objeto de transacciones por parte del Consejo.

Nos sentimos orgullosos de haber participado de este proceso, pues fuimos parte del debate constituyente. La entrega de nuestras credenciales y resultados exhibidos hizo que la Convención finalmente no propusiera cambios al Consejo, reconociéndose con ello nuestra autonomía e independencia consagrada en la Ley Orgánica de la institución, valores que debemos preservar.

3.       Defensa Judicial de los Intereses y Patrimonio Público

No cabe duda de que el corazón de este Servicio es la defensa judicial de los intereses y el patrimonio fiscal en juicios, por lo que me quiero referir de manera especial a sus principales resultados.

En 2022 ingresaron al Consejo más de dieciséis mil nuevos asuntos, entre juicios contenciosos, expropiaciones, estudio de acciones y cobranzas, que responden a los requerimientos de Ministerios o Servicios Centralizados como Ministerio de Obras Públicas, Carabineros de Chile, Ministerio Público, Armada de Chile, Ejército de Chile, Municipalidades y Ministerio de Salud, entre otros.

Solo en materia de juicios, ingresaron 6.677 causas cuyo stock vigente al 2022 alcanza los 16.365 juicios.

En este aumento se destaca el incremento en el nivel de los juicios laborales activos, que maneja el comité que está a cargo de los consejeros Mariana Valenzuela, Alberto Espina y Jaime Varela, los cuales crecieron desde 2.048 en el 2021 a 3.301 en el 2022, lo que corresponde a un incremento porcentual de un 61%,

Similar comportamiento se aprecia en los Asuntos Judiciales No Contenciosos, los cuales crecen desde 8.512 hasta 10.512 (un 23%), explicado principalmente por el incremento en el stock de Consignaciones por Expropiaciones.

En su dimensión patrimonial, los 16.365 juicios a su cargo en 2022 representaron un monto cercano al 4% del PIB del año pasado.

Por materia, los juicios vigentes del Consejo se distribuyeron de la siguiente manera:

• 64% en materias civiles/contencioso y administrativo;
• 20% en causas laborales;
• 9% en el ámbito penal;
• 6% en el ámbito de reclamaciones por expropiaciones; y
• 1% en otros juicios.

Los juicios terminados en 2022 alcanzaron los 1.574 por una cuantía de 501 millones de dólares, logrando evitar el pago del 91% de dicho valor, esto es, 454 millones de dólares de ahorro para el Fisco.

En otras palabras, el desempeño del Consejo ante Tribunales permitió un importante resguardo de recursos públicos para ser destinados en beneficio de toda la ciudadanía a través de la reasignación de proyectos sociales.

En materia de asuntos no patrimoniales, esto es recursos de protección contra el Estado, amparos económicos, demandas de nulidad de derecho público y requerimientos de inaplicabilidad, entre otros, que correspondieron a un total de 1.410 juicios, en 1.106 se obtuvo un resultado favorable, alcanzando durante el año pasado un 78,4% de sentencias favorables al interés fiscal.

Para poder realizar nuestra labor y exhibir exitosos resultados, contamos con el presupuesto que nos otorgó el Estado por 35 millones de dólares que se desglosa en:

• 29 millones de dólares en Gastos en Personal;
• 3 millones de dólares en Bienes y Servicio de Consumo; y
• El presupuesto restante de 2,6 millones de dólares en Adquisición de Activos No Financieros. En esta lógica, quiero destacar el subtítulo 21 correspondiente a los sueldos que equivale al 83,4% de nuestro presupuesto, el que afortunadamente podemos afirmar se encuentra muy bien invertido pues por cada peso que se invierte en el Consejo, por los resultados exhibidos, y que señalé anteriormente, el Consejo devuelve $13 pesos al Estado.

Para más detalles de nuestros resultados de gestión, los invito a revisar el informe publicado en nuestro sitio web, www.cde.cl

4.       Rol activo en el combate contra la corrupción

Una de las funciones más conocidas del Consejo es el combate contra la corrupción. La gravedad de estos delitos radica en que, junto con ocasionar un importante perjuicio fiscal y entorpecer la capacidad de funcionamiento del Estado, produce un daño profundo a la fe pública, y a la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, degradándolas en una afectación considerable al Estado de Derecho.

Por ello, conforme con las atribuciones que la ley nos otorga, nos propusimos reforzar esta tarea y perseguir enérgicamente los delitos que afectan a los municipios y a sus corporaciones y para ello, creamos la Unidad Coordinadora Especializada en Materias Municipales.

Desde su creación, esta unidad nos ha permitido materializar el anhelo de enfocarnos en apoyar la labor de los actores relevantes que se vinculan directamente con la litigación de causas del ámbito municipal, fortaleciendo además la cooperación con instituciones del Estado que participan desde diferentes ópticas en estos procesos.

Lo anterior resulta fundamental, sobre todo si consideramos que en el período entre 2020 y 2022 ingresaron al Consejo más de 2 mil asuntos que involucran a distintas municipalidades, corporaciones municipales y/o a sus funcionarios, en diversas materias, civiles, penales o medioambientales.

El año 2022, solo en materia penal el universo de causas vigentes relativas a asuntos municipales en el Consejo es de 776, en que se investigan diversos delitos como fraude al Fisco, malversación de caudales públicos, cohecho, negociación incompatible o tráfico de influencias, entre otros.

Cabe señalar que el Consejo de Defensa del Estado ha deducido querella en más de 200 de esas causas, entre las que se destacan casos como:

• La reciente querella interpuesta en que se indagan graves ilícitos que afectan a la Municipalidad de Vitacura.
• Causas relacionadas a la Municipalidad de Tierra Amarilla, en los cuales hemos intervenido activamente como querellantes. En que se investiga a alcaldes, funcionarios públicos, particulares y a personas jurídicas. Aquí se da el caso que en un mismo periodo alcaldicio tuvimos que querellarnos contra dos alcaldes y ambos en prisión preventiva.
• El caso de la ex alcaldesa de Antofagasta, quien fue condenada por el fraude cometido en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, estando actualmente en proceso de tramitación su solicitud de extradición.
• La causa del ex alcalde de Puerto Varas, condenado por el delito de fraude al Fisco cometido en contra de dicho municipio.
• Nuestra intervención en la investigación que se sigue en contra el ex alcalde de San Fernando, por delitos cometidos durante sus dos períodos, entre 2013 y 2021.
• Y la causa que se sigue contra el ex alcalde de la comuna de San Ramón, por los hechos acontecidos en la municipalidad y que se relacionan a los delitos de cohecho, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Finalmente destacamos también el fallo dictado con fecha 9 de enero de 2023 por el Juzgado de Garantía de Iquique, que condenó en procedimiento abreviado a dos particulares, representantes de la empresa ELEC, por ofrecer dinero a concejales y funcionarios de la I. Municipalidad de Iquique, como autores del delito de soborno reiterado, en el marco del caso “Luminarias LED”, causa que sigue su curso con investigaciones en los Municipios de Chillán, Santiago, San Miguel, Concepción, Valparaíso, Coyhaique y Punta Arenas en donde el Consejo ha interpuesto diez querellas criminales.

En este ámbito quisiera destacar también nuestra labor en casos de envergadura nacional que tienen relación con hechos y delitos en materia de corrupción:

En la causa de Fraude del Ejército, conocido como “Milicogate”, intervenimos en las 57 aristas en que se investigan delitos de corrupción y defraudaciones de recursos públicos contra el Ejército de Chile, cometidos por un reducido pero muy dañino grupo de funcionarios, procesos se encuentran bajo la supervisión de la Consejera María Inés Horvitz, tanto aquellos radicados en la jurisdicción militar, como los abiertos ante la justicia ordinaria, a cargo del Ministerio Público.

Respecto de algunos hitos de esta causa ocurridos en 2022, podemos mencionar que en octubre se ampliaron los autos de procesamiento en contra de los excomandantes en jefe del Ejército Fuente-Alba y Oviedo y se sometió a proceso al también excomandante en jefe Juan Emilio Cheyre, todos como autores de malversación de caudales públicos.

Asimismo, entre noviembre y diciembre de 2022, se desarrolló la audiencia de preparación de juicio oral en el proceso seguido en contra del excomandante Fuente-Alba y su cónyuge por el delito de lavado de activos, proceso que quedó ad-portas del juicio oral, que se debería desarrollar durante el primer semestre de este año.

También quisiera destacar nuestras acciones en la causa de Fraude contra Carabineros, en que el Consejo interviene en las distintas aristas del juicio en su calidad de querellante institucional, contra 125 exfuncionarios. En este proceso ya hemos obtenido la condena de 94 imputados en juicios abreviados, de este total, en el año 2022 obtuvimos condenas para 14 personas por lavado de activos, fraude al fisco y malversación y actualmente se tramita el juicio oral, que se inició en marzo de 2022, contra los otros 31 imputados, proceso que se encuentra bajo la supervisión del Abogado Consejero Daniel Martorell.

Me parece importante señalar que este grupo de exfuncionarios, que merecen el máximo rigor de la ley, de manera alguna afecta la tarea fundamental de miles de funcionarios y funcionarias que trabajan abnegadamente en favor del país para brindar seguridad y protección a la población, quienes se merecen nuestro máximo respeto.

Como resultado de esta enorme labor, quisiera hacer mención del reconocimiento que recibió nuestro país, y del cual el Consejo también fue parte, en el caso Fraude de Carabineros elegida como la mejor investigación de lavado de dinero en América Latina por el Pleno de GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica), organización intergubernamental que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte, y que fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos.

En esta línea de trabajo, quiero mencionar otros ejemplos de nuestra labor en:

• El caso de gastos reservados PDI, por la presunta malversación de caudales públicos en gastos reservados por 146 millones de pesos.
• Nuestra ardua participación en la causa SQM, que finalmente inició su proceso de juicio oral este año.
• Las acciones del Consejo en la causa denominada Crudo Iraní, en que un buque proveniente de Irán ingresó a las costas de Chile con un millón de barriles de crudo, recibido en parte de pago por ENAP, con una alta carga de elementos altamente riesgosos para la salud de los seres vivos y que permitieron la dictación de un veredicto condenatorio, en juicio oral contra los ejecutivos de ENAP, por el tráfico de residuos peligrosos ocurridos en el Terminal Quintero entre el 17 y 24 de agosto de 2018.

Por su carácter inédito este veredicto constituye un gran logro para la protección medioambiental, que refleja la sostenida labor que durante cinco años desarrolló el Consejo de Defensa del Estado junto a la Fiscalía.

Finalmente, por casa también hemos avanzado. Quiero señalar que, en materia de integridad institucional, hemos desarrollado una serie de acciones y procedimientos para fortalecer la probidad institucional, lo que se ha traducido en la implementación de un completo Sistema de Integridad en el Consejo cuyos principales mecanismos son: Código de ética, Comité de Integridad con asesores técnicos, un Coordinador de Integridad y un Canal de denuncias disponible en nuestra Intranet institucional.

5.       Defensa y Protección del Medio Ambiente

En materia medio ambiental, durante estos 3 años el Consejo ha fortalecido de manera significativa sus actuaciones en la persecución de delitos que afectan el medio ambiente, y los procesos por reparaciones de daño ambiental.

En esta tarea se destaca:

• La resolución colaborativa de conflictos socioambientales, mediante transacciones que consideran la participación en igualdad de condiciones de las comunidades locales.
• Un importante rol articulador para promover y favorecer instancias de coordinación intersectorial a nivel nacional, regional y comunal que permitan al Estado actuar de forma preventiva y eficaz.

Durante el trienio 2020- 2022 se han alcanzado más de 10 acuerdos conciliatorios autorizados por los Tribunales Ambientales. Estos acuerdos están permitiendo la ejecución de obras por un valor superior a los $134.000.000.000 (ciento treinta y cuatro mil millones de pesos), destinadas a la reparación ambiental, compensación y de desarrollo comunitario.

Respecto de nuestra intervención penal en estas materias y, teniendo presente que en la actualidad no existe un estatuto penal de protección ambiental, se han definido las siguientes líneas de defensa en materia penal, pudiendo destacar:

La acción judicial interpuesta contra Nova Austral S.A, por provocar “un daño ambiental irreparable y permanente” en el Parque Nacional Alberto de Agostini, en la región de Magallanes, debido a la sobreproducción de centros de acuicultura y la alteración del fondo de mar. Esta causa fue formalizada por el Ministerio Público durante los meses de marzo y abril de 2022 y se encuentra actualmente en fase de investigación.

Intervención por daño a Monumentos Nacionales. En 18 casos, en que se persigue el delito previsto en el artículo 38 de la Ley de Monumentos Nacionales.

Extracción ilegal de áridos en bienes de uso público, lo cual es constitutivo del delito de hurto y daño a bien fiscal. En este contexto se han interpuesto 16 querellas que se respaldan en los delitos referidos.

Conforme lo señalado, es importante destacar que este Servicio ha aumentado sustantivamente la intervención penal ante la ocurrencia de delitos contra el medio ambiente, pasando de una querella presentada en 2019 a contar hoy con 35 investigaciones penales en curso iniciadas a partir de las querellas interpuestas por el Consejo de Defensa del Estado.

Otra de las materias que le corresponde al Consejo de Defensa del Estado ha sido defender a los Servicios Públicos centralizados y que tienen competencias en materia ambiental, ante la interposición de reclamaciones en contra de los actos de la administración con contenido ambiental, observando una proliferación de acciones jurisdiccionales, iniciándose 8 casos durante el año 2020, 24 casos el año 2021 y 77 casos durante el 2022 y donde se destaca la efectiva coordinación que hemos realizado con el Ministerio de Medio Ambiente.

6.       Rol Articulador del Consejo

Fomentar el rol articulador del Consejo ha sido uno de los ejes estratégicos de esta gestión, pues estamos convencidos que el actuar conjunto del Estado permite generar mejores acciones y de manera más eficiente para hacer frente a hechos que afectan a la sociedad en su conjunto.

Un ejemplo de lo anterior lo podemos apreciar en los resultados obtenidos respecto de:

• Los procesos iniciados contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por la licitación de los pasaportes y las cédulas de identidad.
• El resguardo de los intereses fiscales en liquidaciones de las empresas constructoras de obras contratadas por el Ministerio de Obras Públicas.
• Las demandas deducidas por la Concesionaria del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, logrando el término de la mayoría de ellas mediante un largo trabajo del proceso de transacción, generando un importante ahorro para el país, labor desarrollada por el Comité Civil del Consejo, integrado por los abogados Consejeros Paulina Veloso, Carlos Mackenney y Ana María Hübner.

Agrego, además, nuestras acciones en:

• Emisiones masivas de licencias médicas falsas.
• La coordinación para defender al Ministerio de Bienes Nacionales por los desalojos de terrenos fiscales (principalmente en el norte del país).
• La defensa de las atribuciones para resguardar las parcelaciones rurales del Ministerio de Agricultura.
• Y más recientemente, la defensa del derecho del Presidente de la República respecto de su potestad constitucional de otorgar indultos a personas determinadas.

Sobre lo anterior, reseño particularmente la causa en que representamos a Fonasa, como un ejemplo de trabajo colaborativo.

Hacia el 2021, tras conocer información proporcionada por parte de FONASA, respecto de emisiones masivas de licencias médicas falsas, tomamos la decisión de iniciar una coordinación nacional de estos asuntos, conformando una Mesa de Trabajo Interinstitucional compuesta por todos los Servicios involucrados en estas materias, convocando a COMPIN, FONASA y a la SUSESO.

Con los antecedentes recabados a partir de la Mesa de Trabajo, determinamos la necesidad de aunar esfuerzos con el Ministerio Público, por lo que, en febrero de 2022, mediante oficio al Sr. Fiscal, pusimos en conocimiento del ente persecutor estos hechos y, posteriormente, solicitamos la designación de un Fiscal preferente a cargo de estas investigaciones, petición que fue aceptada.

A la fecha hemos presentado 54 querellas relativas a este fraude, calculándose como perjuicio fiscal solamente con nuestras querellas un monto superior a los 60 mil millones de pesos.

Destaco el operativo realizado por la Fiscal Preferente, Lorena Parra, en diciembre de 2022, mediante el cual se han formalizado a 32 imputados vinculados a la venta masiva de licencias médicas falsas a través de diversas organizaciones, manteniéndose privados de libertad en la actualidad.

Se suman a estos resultados, la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción que declaró culpable a la médico cirujana Paulina Carrasco Godoy de 161 delitos consumados de fraude de subvenciones por emisión fraudulenta de bonos y lavado de activos.

Si entre enero y noviembre de 2022 se emitieron en promedio mensual 551 mil licencias médicas y en enero de este año la cifra disminuyó a cuatrocientos setenta y tres mil, lo que significa una disminución de 77 mil licencias, es decir 15% menos, lo anterior implicaría un ahorro total en el mes de enero de este año de al menos veintidós mil millones de pesos en Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL).

Este resultado exitoso en el trabajo colaborativo que nos hemos propuesto hacer, queda en evidencia con el ahorro que se ha generado, ya sea por el impedimento de que los médicos formalizados puedan seguir emitiendo licencias médicas al haber sido decretadas las medidas de prisión preventiva o arresto domiciliario o también por el efecto persuasivo que nuestras acciones penales generan en el resto.

Adicionalmente, puedo informar que a partir del trabajo inicial que se ha realizado, actualmente nos encontramos estudiando las acciones que corresponden para querellarnos contra aquellos particulares que han adquirido fraudulentamente estas licencias, con el propósito de obtener el subsidio de incapacidad laboral que, junto con generar un daño inconmensurable al sistema de salud, por cierto, constituye del delito de obtención fraudulenta de prestaciones del Estado.

En esta misma línea, otro ejemplo de coordinación eficaz fue el trabajo realizado por el Consejo junto a otros organismos del Estado, como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como municipalidades y servicios públicos como el SAG, con competencia ambiental, que nos ha permitido perseguir el delito de loteos irregulares en contravención de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, mediante los cuales se pretenden conformar poblaciones al margen de la regulación legal.

Asimismo, establecimos vínculos de colaboración con las principales universidades del país, cuyo objetivo es que los estudiantes de los últimos años de la carrera de Derecho postulen a la realización de pasantías en el organismo.

Para el Consejo es importante apoyar la gestión de talentos, pero también lograr un mayor acercamiento de los jóvenes abogados al quehacer profesional y al servicio público.

Como resultado de esta iniciativa, entre los años 2020 y 2022 concretamos la firma de 9 convenios con distintas casas de estudio, contando a la fecha con 15 convenios vigentes y 131 pasantes provenientes de estas universidades.

En este contexto colaborativo también, uno de los aspectos claves para enfrentar de mejor manera nuestra labor institucional es la indispensable cooperación internacional.

Siendo consecuentes con esta visión, asumimos en marzo de 2022 la Vicepresidencia de la Asociación Latinoamericana de Abogacías y Procuradurías de Estado (ALAP), institución creada en 2018, que actualmente reúne a 11 países miembros y que busca fortalecer los lazos de cooperación mutua entre los Estados parte, fomentando el intercambio de conocimientos, especialmente para el combate contra la corrupción y la recuperación de bienes del Estado cuando se comenten delitos transfronterizos y lavado de activos.

7.       Servicio de Mediación por Daños en Salud Pública

Por otra parte, el Servicio de mediación en salud que ofrece el Consejo es quizás nuestra conexión más directa con la ciudadanía.

Durante estos tres años de gestión, el Consejo de Defensa del Estado, a través de su Unidad de Mediación, recibió en promedio 1.400 solicitudes por año.

Si nos referimos a los resultados de la gestión de este procedimiento gratuito, voluntario, confidencial e imparcial en 2022, podemos señalar que ingresaron al Consejo 1.943 solicitudes, lo que representó un incremento de un 41% respecto del año anterior.

De estos procesos, y tras estudiar caso a caso, la Unidad de Mediación del Consejo pudo determinar 1.858 ingresos como admisibles, logrando

1.562 procesos terminados por decisión de las partes y 301 acuerdos.

En cuanto al tipo de reparaciones en mediaciones con acuerdo, durante el 2022 un 50,8% de las personas fueron beneficiadas con reparaciones indemnizatorias. Un 35,2% logró nuevas prestaciones asistenciales y un 14% obtuvo disculpas y o explicaciones sobre hechos ocurridos por parte del recinto de salud, lo que demuestra que la mediación no solo busca ni tiene como único propósito el aspecto económico.

8.       El Consejo de Defensa del Estado de los próximos años

Cerrar un ciclo y abrir otro nunca ha sido fácil y probablemente esta no será la excepción.

En lo personal, a pocos días de dejar la Presidencia de este Servicio, son muchos los sentimientos que afloran, pero sobre todo emerge la satisfacción de haber sacado la tarea adelante, agradecido por la confianza que depositaron en mí para llevar a cabo esta hermosa y honorable labor.

Mirando el futuro y los nuevos desafíos que tiene el Consejo de Defensa del Estado, se debe asegurar el alto estándar técnico jurídico de sus estrategias, el carácter especializado e independiente de sus actuaciones ante los tribunales y el fortalecimiento de las características y condiciones del equipo de personas que lo conforman. Lo anterior, teniendo presente la necesidad de estar atentos para adaptarse permanentemente al mayor volumen de juicios y su complejidad.

Para afrontar dicha tarea, en 2021 comenzamos a diseñar lo que hoy es nuestro Plan Estratégico Institucional para el próximo trienio, cuya formulación y diseño contempló un proceso participativo, consultivo e incluyente, cuyo énfasis se puso principalmente en las personas que conforman el Consejo de Defensa del Estado.

Lo anterior, corrobora la condición sustancial que como institución otorgamos a nuestras funcionarias y funcionarios, en tanto pilares esenciales para cumplir adecuadamente con la misión legal, aportando profesionalismo, experiencia jurídica y compromiso con la función pública.

De manera muy general, quisiera nombrar los seis Ejes Estratégicos sobre los que se desplegará la agenda institucional para el próximo trienio, y cuyos detalles los podrán encontrar en el informe de la presente Cuenta Pública que estará disponible en nuestro sitio web institucional www.cde.cl

Nuestros Ejes Estratégicos son:

1. Gestión con enfoque integral en las personas.
2. Excelencia en la defensa judicial de los intereses y el patrimonio público, que se traduce en obtener sentencias favorables al Fisco.
3. Rol activo en el combate a la corrupción y el resguardo de la institucionalidad.
4. Compromiso con la defensa y protección del Medio Ambiente.
5. Fortalecimiento del Servicio de Mediación por Daños en Salud Pública.
6. Mejoramiento continuo de los procesos de apoyo.

Bajo esta ruta de navegación, nos hemos propuesto seguir avanzando en modernizar el Consejo, respondiendo a los valores institucionales en los que creemos y a través de los cuales se funda nuestra labor: Excelencia, Independencia, transparencia y probidad.

Será entonces fundamental resolver aquellos aspectos para establecer nuevas funciones sobre la base de un correcto financiamiento, por ejemplo, completando adecuadamente la dotación del Servicio, que nos permita contar con más dotación de profesionales, para elaborar defensas fiscales en causas cada vez más complejas, especializadas y que van en aumento de año en año.

También en competencias ambientales, en que se debe dar la facultad al Consejo para intervenir siempre como actor principal en las demandas por daño ambiental.

En materia de combate a la corrupción, es primordial fortalecer la recién creada Unidad Coordinadora Especializada en Materias Municipales, entregándole los recursos necesarios e incorporando a nuevos profesionales al equipo.

Por último, la relevancia de la coordinación de los distintos entes públicos para lograr una mejor y óptima defensa de la implementación de las políticas públicas.

En estos tiempos en que estamos viviendo eventos de gran trascendencia social, como iniciar un nuevo Proceso Constituyente, defender los recursos que son de todos y que nos sirven a todos, es la preocupación principal que ha tenido, tiene y seguirá teniendo esta institución de trayectoria centenaria al servicio del país y sus ciudadanos.

Finalmente, en estas últimas palabras, no me queda más que agradecer a cada funcionaria y funcionario del Consejo de Defensa del Estado que ha volcado su talento y profesionalismo en el diario quehacer de este Servicio.

Agradezco también de manera especial a mi familia, a Lourdes, y a mis hijos, que me han acompañado en cada paso para el cumplimiento de esta noble tarea en estos últimos años.

Le doy las gracias al señor Presidente de la República, a las autoridades que están presentes hoy, a nuestras Consejeras y Consejeros, a todos los presentes y a quienes nos han seguido vía telemática durante la presentación de la cuenta pública institucional, correspondiente a la gestión 2022.

Un gran abrazo para cada uno de ustedes y hasta pronto.

Muchas gracias.