(27.10.2022) Con motivo de conmemorarse 49 años de la detención y fusilamiento del Abogado Procurador Fiscal de Iquique Julio Cabezas Gacitúa, en octubre de 1973, la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos y la Procuraduría Fiscal del Consejo de Defensa del Estado lo recordaron y rindieron homenaje frente al monumento erigido en su memoria, ubicado en la Plaza de los Tribunales de esa ciudad.
En una ceremonia que contó con la participación de funcionarias y funcionarios de ambos organismos –encabezados por la Seremi Camila Castillo Guerrero y el Abogado Procurador Fiscal Marcelo Fainé Cabezón–, a la que asistieron organizaciones de la sociedad civil y la hija, nieta y familiares del servidor público homenajeado, se depositaron ofrendas florales y ofrecieron discursos en su memoria.
El Abogado Procurador Fiscal Julio Cabezas Gacitúa fue detenido y fusilado en 1973. Sus restos mortales fueron identificados y entregados a sus familiares recién en 1990, tras haber sido encontrados en Pisagua. Sobre los motivos de su fusilamiento, un informe presentado por la Brigada de Inteligencia Policial de la Policía de Investigaciones ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en 1999, señaló que su fusilamiento respondió a “un acto de venganza” orquestado por un alto funcionario judicial de la región, a quien la Corte Suprema suspendió de su cargo luego de corroborar las denuncias que en su contra efectuó el entonces Abogado Procurador Fiscal, cuando desarrollaba una investigación sobre contrabando de alimentos y de cocaína, producto de la cual, dos ministros de la Corte también fueron destituidos.
El discurso ofrecido por el Abogado Procurador Fiscal Marcelo Fainé subrayó la importancia que para su persona y quienes conforman la Procuraduría Fiscal del CDE en esa ciudad significó rendir “un justo y más que merecido homenaje y reconocimiento a la persona y obra de nuestro ex Abogado Procurador Fiscal, don Julio César Cabezas Gacitúa, quien muriera fusilado, en un acto de profunda insensatez y odiosidad y, lo que es más grave, desprovisto de toda justificación fáctica y de derecho, el día 11 de octubre de 1973, en el Campo de Prisioneros de Pisagua hace ya largos 49 años, convirtiéndose así en el único mártir de esta señera y más que centenaria institución”.
Marcelo Fainé reseñó con justa precisión la grandeza de espíritu y de valores que dotaban la persona de Julio Cabezas, los que se reflejaban en su profunda vocación de servicio público y en su férrea personalidad para erigirse como un “inclaudicable defensor de los intereses fiscales y quien supo encarnar y hacer suyo y como pocos, los principios y valores que han inspirado desde su creación y hasta nuestros días el quehacer del Consejo de Defensa del Estado, esto es, la independencia en el ejercicio de la función, la calidad del servicio profesional y la probidad administrativa”.
Desde esa perspectiva, el Abogado Procurador Fiscal del CDE sostuvo que su antecesor encarnó los valores institucionales que han inspirado al organismo a lo largo de su historia al servicio de Chile, el cual conmemorará 127 años de vida institucional en diciembre próximo.
“Independencia para discernir entre los legítimos intereses de todo gobierno y los objetivos intereses del Estado, como nación jurídicamente organizada. Precisamente, es la independencia de este organismo, la que garantiza su imparcialidad, de manera que sus actuaciones no privilegien o beneficien intereses particulares o de grupos en contra de los intereses de la sociedad toda, y que nos corresponde a todos resguardar”, destacó Marcelo Fainé.
Asimismo, indicó que la permanente búsqueda de Julio Cabezas “de la excelencia profesional y la vocación de servicio público es otro elemento fundamental del actuar de este servicio. Ello hace que la función de los abogados del Consejo de Defensa del Estado y del cual no fue ajeno don Julio Cabezas, muchas veces sea incomprendida, justamente porque tiene un rasgo de impersonalidad. El hecho de defender el interés general, el interés común y que, por cierto, pertenece a un colectivo muy extenso, hace que, precisamente, por pertenecer a todos, se entienda livianamente que no pertenece a nadie en concreto”.
Discurso pronunciado por el Abogado Procurador Fiscal de Iquique, Marcelo Fainé Cabezón, en acto de homenaje a su antecesor, Julio Cabezas Gacitúa:
Constituye, sin duda, para la Procuraduría Fiscal de Iquique del Consejo de Defensa del Estado y para quien les habla, un momento de especial significación y de profunda reflexión, reunirnos en este día, ante la gentil invitación que nos formulara la Seremi de Justicia, doña Camila Castillo, a quien le agradezco muy sinceramente su convocatoria, para recordar, a la vera de este hermoso monumento y rendir un justo y, más que merecido homenaje y reconocimiento a la persona y obra de nuestro ex Abogado Procurador Fiscal, don Julio César Cabezas Gacitúa, quien muriera fusilado, en un acto de profunda insensatez y odiosidad y lo que es más grave, desprovisto de toda justificación fáctica y de derecho, el día 11 de octubre de 1973, en el Campo de Prisioneros de Pisagua, hace ya largos 49 años, convirtiéndose así en el único mártir de esta señera y más que centenaria institución.
Don Julio Cabezas Gacitúa, ingresó primeramente como abogado auxiliar de la Procuraduría Fiscal de Iquique en el año 1965, para luego en el año 1968 ser designado como Abogado Procurador Fiscal, en base y en consideración a su inestimable capacidad profesional y a sus evidentes méritos personales, a los 41 años de edad. Trabajó incesantemente durante todo ese tiempo en la antigua casona que albergaba las dependencias de la Procuraduría Fiscal de Iquique en esa época, en calle Gorostiaga esquina Baquedano, propiedad que, por esos inexcrutables designios del destino, fue consumida íntegramente por un voraz incendio en febrero de 1985, llevándose con él los últimos vestigios físicos de su permanencia en el servicio, pero no así su recuerdo y legado, que resultan imperecederos.
Se le recuerda como un hombre de gran tenacidad profesional, ecuánime, independiente y apolítico, amante del servicio público y que vivía para su esposa y sus 4 hijos, para el Consejo y para el Consultorio Jurídico gratuito del Colegio de Abogados de esta ciudad, del cual llegó a ser su abogado jefe. De gran capacidad y versación jurídica, importante fue su actuación profesional en uno de los tantos procesos llamados “contrabandos del siglo”, como fue el caso de la M/N Puelche en que se investigaba en aquellos años, entre otros, una importante internación ilegal de armas al país.
Dotado de una fuerte personalidad y vocación de servicio, se le destaca como un inclaudicable defensor de los intereses fiscales y quien supo encarnar y hacer suyo y como pocos, los principios y valores que han inspirado desde su creación y hasta nuestros días, el quehacer del Consejo de Defensa del Estado, esto es, la independencia en el ejercicio de la función, la calidad del servicio profesional y la probidad administrativa.
Independencia para discernir entre los legítimos intereses de todo gobierno y los objetivos intereses del Estado, como nación jurídicamente organizada. Precisamente, es la independencia de este organismo, la que garantiza su imparcialidad, de manera que sus actuaciones no privilegien o beneficien intereses particulares o de grupos en contra de los intereses de la sociedad toda, y que nos corresponde a todos resguardar.
Estrechamente unido a este valor, la búsqueda de la excelencia profesional y la vocación de servicio público que animó desde siempre a sus componentes, es otro elemento fundamental del actuar de este servicio. Ello hace que la función de los abogados del Consejo de Defensa del Estado y del cual no fue ajeno don Julio Cabezas, muchas veces sea incomprendida, justamente porque tiene un rasgo de impersonalidad. El hecho de defender el interés general, el interés común y que, por cierto, pertenece a un colectivo muy extenso, hace que, precisamente, por pertenecer a todos, se entienda livianamente que no pertenece a nadie en concreto.
Preocupación fundamental para este organismo y desde aquella época, lo constituyó siempre la preservación del principio de la probidad administrativa en la administración pública. En las conductas corruptas hay siempre una desviación de las obligaciones normales que incluye la función pública y una infracción de las normas que la regulan, con el propósito de satisfacer intereses privados; en otras palabras, el agente público, en el ejercicio de sus funciones, abusa de su cargo y oportunidad con un fin que puede ser monetario o de otra naturaleza.
El Abogado Procurador Fiscal, don Julio Cabezas Gacitúa, estaba convencido que la corrupción es más posible entre aquellos que son menos sancionables y por eso, con esfuerzo, tenacidad y valentía pretendió que la ley se les aplicara a todos por igual y se sancionaran drásticamente esas desviadas conductas.
En cumplimiento de estos principios y por instrucciones precisas de su jefatura, tuvo una enérgica actuación, persiguiendo primero el contrabando de exportación, tan común y rentable en ese tiempo, especialmente de alimentos desde nuestra ciudad hacia Bolivia y luego el tráfico de drogas, tanto de cocaína base, como de clorhidrato de cocaína, que se realizaba en forma creciente desde las fronteras bolivianas y peruanas hacia nuestro país, muchas veces con financiamiento local. Estos negocios ilegales, pero muy lucrativos, permearon fuertemente a funcionarios públicos y entre ellos, a algunos miembros del Poder Judicial, lo que hizo que ante denuncias concretas sobre diversas irregularidades, formuladas por don Julio Cabezas, la Corte Suprema designara un Ministro en Visita, ante la gravedad de ellas, para que viajara a la ciudad y las conociera e investigara personalmente, designación que recayó en el Ministro Enrique Correa Labra.
Como consecuencia de esta investigación, se adoptaron medidas disciplinarias, consistentes en la destitución de dos ministros de la Corte de Apelaciones de Iquique, traslados y la suspensión del juez del Primer Juzgado de Letras, Mario Acuña Riquelme, el que al poco tiempo y producto del golpe militar fue nombrado Fiscal Militar, de acuerdo con la normativa legal vigente.
Producido el golpe, mediante el Bando N° 6 del 14 de septiembre de 1973, de la autoridad militar, se conminó a Cabezas, conjuntamente con otras personas, a presentarse al cuartel de la VI División del Ejército, lo que hizo de inmediato y en forma voluntaria, acompañado del entonces presidente del Colegio de Abogados de Iquique, don Tomás Bonilla Bradanovic, en el entendido que se trataba de un error cometido en esos convulsionados días y que pronto aclararía. Quedó detenido en el Regimiento de Telecomunicaciones y luego trasladado al Campo de Prisioneros de Pisagua.
A raíz de su detención, a todas luces injustificada y arbitraria, un alto funcionario del Consejo de Defensa del Estado, viajó a esta ciudad, y se entrevistó con autoridades militares locales, quienes le aseguraron la pronta liberación de nuestro Abogado Procurador Fiscal, por lo que ciertamente constituyó toda una dramática sorpresa enterarse la población a través del Bando N° 82, de su fusilamiento el día 11 de octubre de 1973, acusado y condenado según se señaló, del delito de traición a la patria, después de la celebración de un supuesto Consejo de Guerra que se habría realizado el día anterior en el Campo de Prisioneros de Pisagua.
Es del caso destacar y de eso puedo dar testimonio personal, después de realizarse numerosas investigaciones y búsquedas, que tanto el expediente 1-73, a que hicieron referencia, como las actas del supuesto Consejo de Guerra, nunca fueron ubicadas ni halladas, como tampoco el nombre del abogado que debió representarlo en aquel proceso, conclusión a que se arribó rápidamente, considerando que en aquellos tiempos en esta ciudad trabajaban profesionalmente no más de 25 letrados, todos conocidos, muchos de los cuales fueron convocados a asistir a otros consejos de guerra, pero curiosamente, ninguno a este.
Sus restos nunca fueron entregados a su familia, sino descubiertos 17 años después, en el año 1990, en una fosa común, al costado norponiente del Cementerio de Pisagua. Hoy finalmente yacen en paz en el Cementerio de Concón a donde fueron trasladados desde esta ciudad.
Que triste e injustificado final para un funcionario ejemplar, que solo cumplió estrictamente con su deber, denunciando y persiguiendo judicialmente, a falta del Ministerio Público en aquella época, delitos de la máxima gravedad y actos concretos y determinados de corrupción, que involucraban a algunos funcionarios del Poder Judicial local, todo lo cual y, qué duda cabe, le valió fuertes e implacables enemistades, que por cierto condujeron, ante el silencio de unos y la incomprensión de otros, a tan doloroso desenlace. Sin embargo, los principios y valores personales y profesionales que encarnó y forjó a lo largo de sus años, siguen vigentes hasta hoy y constituyen un vivo ejemplo y un claro y constante desafío para todos y todas que laboramos en este servicio, especialmente para las personas más jóvenes y que esgrimen sus primeras armas en este difícil camino del derecho y la justicia.
Muchas gracias
Iquique, 25 de octubre de 2022
