(20.12.2023) El Consejo de Defensa del Estado participó hoy en la audiencia de formalización que se desarrolló ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco de la investigación penal seguida contra doce exmilitantes del partido Comunes, entre ellos, la excandidata a gobernadora de Santiago, Karina Oliva, imputados del delito de fraude de subvenciones, sin perjuicio de otros ilícitos que se acrediten durante la investigación penal.
Representado por los abogados de la Procuraduría Fiscal de San Miguel –Cristián Ramírez y Emmanuel Bernales–, el Consejo intervino como querellante institucional en representación del interés público, por tratarse de delitos que afectan recursos fiscales.
“Conforme con los antecedentes que oportunamente hizo llegar la Fiscalía al Consejo, su Comité Penal tomó la decisión, de acuerdo lo señala la ley orgánica del organismo, de intervenir en esta causa porque se consideró que aquí existen antecedentes que dicen relación con delitos que constituyen perjuicio al erario fiscal y, en consecuencia, hoy comparecemos en esta audiencia presentando los argumentos de hecho y de derecho en los que se funda la querella interpuesta por el CDE”, señaló el abogado Cristián Ramírez.
Respecto de la acción penal presentada por el organismo por el delito de fraude de subvenciones, el abogado del CDE agregó que ella “va en la misma línea de la formalización que hoy hemos escuchado del Ministerio Público, teniendo coincidencia, en general, en los grados de participación de los imputados que la Fiscalía y el Consejo imputan en esta investigación”.
Tras la comunicación de los hechos investigados por parte del fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, el Consejo adhirió a las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público, fundando la idoneidad de su petición en los presupuestos materiales que dan cuenta de la existencia de los hechos delictuales y la participación punible de cada uno de los imputados en ellos.
Previo a resolver, el juez Mario Cayul subrayó que la gravedad de la causa, de acuerdo con la naturaleza del delito y el bien jurídico protegido, “está dada por el sujeto pasivo, el Fisco de Chile, el Estado desde el punto de vista patrimonial”. Es decir, “el erario de todos los chilenos”, agregó. A continuación, decretó como proporcionales y necesarias las cautelares solicitadas respecto de los imputados Jorge Ramírez, Camila Ríos y Karina Oliva, a quienes impuso arresto domiciliario nocturno con control estricto de Carabineros y arraigo nacional. En tanto, a los imputados Juan Pablo Sanhueza, José Manuel Robledo, Marcelo Riffo, David Castillo, Luis Romero y Ailine Ramírez, impuso la medida cautelar de firma mensual, a partir de la primera semana de enero próximo y de arraigo nacional. Y, respecto de Diego Corvalán, no se impusieron cautelares, al ser considerada su colaboración con la investigación.
Finalmente, tuvo a lugar la discusión de las medidas cautelares solicitadas para el imputado Martín Miranda, exadministrador electoral de Karina Oliva y del partido Comunes, a quien, además del delito de fraude de subvenciones, le fue imputado el tipo especial de la Ley 19.884, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral. El juez estimó que, no obstante encontrarse acreditados los supuestos que permiten fundar la medida cautelar de prisión preventiva por parte del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado, ésta debe reservarse para aquellos casos más graves o excepcionales. En consecuencia, asignó al imputado arresto domiciliario nocturno, en modalidad de 12 horas; firma semanal, a partir del próximo viernes 22 de diciembre; y arraigo nacional.
El magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago estableció un plazo de cien días para el desarrollo y cierre de la investigación penal.
