Una completa cuenta de la labor emprendida por el Consejo de Defensa del Estado en 2015 dio el Presidente del Organismo, Juan Ignacio Piña Rochefort, en una ceremonia a la que asistieron altas autoridades del país, encabezadas por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria.
La ceremonia partió puntualmente a las 12.00 horas del jueves 28 de abril, con el ingreso al auditorio de la Presidenta de la República acompañada por el Presidente del CDE, quienes se ubicaron en la testera integrada por el Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, y el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez.
En su discurso, Juan Ignacio Piña señaló que en 2015 el Consejo mantuvo un alto grado de eficacia en la defensa y representación judicial, lo que se tradujo en una tasa de resultados favorables a los intereses del Estado. “A diciembre del año pasado, el Consejo de Defensa del Estado tenía a su cargo aproximadamente 29 mil asuntos en todo el territorio nacional, los que representaron una cuantía por US$16.686 millones, equivalente al 7,5% del PIB 2015”, sostuvo.
Concretamente, en materia de indemnización de perjuicios, reclamos de monto de indemnización y otros, logró un 96% de pagos evitados al Fisco demandado; el equivalente, en términos de monto, a US$ 637 millones. Respecto de las causas que terminaron mediante una transacción judicial, se demandó al Fisco por un monto equivalente a US$ 24 millones y se logró evitar el pago del 88,5% de dicho monto, equivalente a US$ 21 millones.
En cuanto a juicios no patrimoniales –correspondientes mayoritariamente al ejercicio de la acción penal– se obtuvo un 87% de sentencias favorables al Fisco respecto de delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus funciones. Asimismo, respecto de resultados de juicios contenciosos administrativos, tales como defensas de recursos de protección, amparos económicos, rechazo o sostenimiento de nulidades de derecho público, el CDE obtuvo un 93,6% de sentencias favorables.
El Presidente también dio cuenta de los resultados en materia de mediación en salud: en 2015 la tasa de acuerdo –respecto del total de mediaciones terminadas por decisión de las partes– llegó a 24,8%, cifra que corresponde al mejor resultado de los últimos tres años. “Este fue un gran logro en el año de celebración de los 10 años del servicio de mediación desde que la ley 19.966 nos lo encomendó”, subrayó.
“Este método de resolución colaborativa de controversias ha logrado quebrar la curva ascendente de judicialización del área sanitaria y, a su vez, ha permitido que las personas puedan acceder de manera efectiva a un procedimiento con un menor costo para ambas partes, los usuarios de la red asistencial y los servicios públicos de salud reclamados. No cabe duda que este es un ámbito que debe seguir fortaleciéndose con el tiempo”, añadió.
El Presidente destacó varias sentencias definitivas dictadas en 2015, en los distintos ámbitos de competencia del Consejo, que acogieron las tesis del Organismo y que resultaron relevantes para el interés fiscal, sea porque consolidan líneas beneficiosas o porque entrañan riesgos de los que haya que hacerse cargo.
En ese sentido, dedicó un importante espacio de su Cuenta para exponer la situación que enfrenta el Consejo debido al aumento de la litigiosidad en materia laboral, debido al cambio de paradigma que se ha generado al existir una atenuación de la carga probatoria a favor de los demandantes en los procedimientos laborales. Al respecto, señaló que entre 2012 y 2015 se ha registrado un aumento sostenido en el ingreso de causas de este tipo. Mientras en 2012 ingresaron 378 asuntos laborales a las procuradurías del Consejo a lo largo del país, en 2015 éstos se empinaron por sobre los 900 (917), lo que equivale a un crecimiento de 143%. Las causas ingresadas durante 2015 se concentraron en la Procuraduría Fiscal de Santiago, que absorbió el 37% de ellas, y en la Procuraduría Fiscal de Valdivia, que registró el 21% de los ingresos.
Asimismo, realizó un balance del trabajo desarrollado durante el año al interior del Consejo, el cual tuvo como foco prioritario la coordinación jurídica y el reforzamiento de vínculos con usuarios y clientes. El propósito, explicó el Presidente, fue “asegurar la construcción adecuada y oportuna de estrategias jurídicas para la eficiente defensa de los intereses fiscales, con énfasis en la prevención de conflictos jurídicos”.
Respecto del estado de avance del Programa de Modernización Institucional, subrayó el convenio de cooperación interinstitucional firmado con la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Señaló que la iniciativa se encuentra actualmente en pleno desarrollo y apunta a la interconectividad entre los sistemas informáticos de ambos organismos, con el fin de enfrentar la tramitación electrónica y la estandarización de procesos. En la práctica, posibilita la transmisión de información relevante relativa a las causas que el CDE posee en tramitación en los tribunales de justicia. “Ello nos deja en un muy buen pie para enfrentar la puesta en marcha de la legislación de Tramitación Electrónica, que comienza a regir el próximo 18 de junio, en 13 jurisdicciones del país”, apuntó.
El Presidente también reiteró la aspiración del Consejo de ver ampliadas sus competencias de modo de alojar entre ellas la defensa del Estado en algunas instancias internacionales. “Resulta imprescindible que el país cuente con un organismo especializado, autónomo e independiente, capaz de conducir, coordinar y liderar la defensa judicial fuera del territorio nacional”, indicó.
Otras de las iniciativas mencionadas fue la realización del primer Coloquio CDE, que describió como “una instancia de reflexión y discusión en torno a las líneas de defensa asumidas por el Consejo, mediante exposiciones y ponencias, análisis jurisprudencial, balance de resultados judiciales y análisis de las estrategias implementadas por el Servicio”. También destacó la WikiCDE, como mejor iniciativa de innovación interna; la labor realizada por la mesa conformada para medir la carga de trabajo de los abogados; e iniciativas en el ámbito de la capacitación y la gestión de personas, como el Plan Trienal de Buenas Prácticas Laborales.
Por último, el Presidente reseñó los desafíos que el Consejo se ha planteado para trabajar durante 2016: mantener altos estándares en la defensa y representación de los intereses del Estado; consolidar el proceso de modernización institucional; potenciar el área laboral y prestar asesoría en la materia a organismos públicos; abrir el Consejo a la ciudadanía, en un esfuerzo por comunicar de forma más transparente y clara su labor y fortalecer el relacionamiento con clientes y usuarios, en la línea trazada durante el año pasado.
Al finalizar, Juan Ignacio Piña citó parte del discurso que dio la Presidenta de la República en diciembre, durante la ceremonia de conmemoración del aniversario N°120 del Consejo: “El futuro es hoy especialmente demandante. Sabemos que la sociedad y los ciudadanos imponen a las instituciones y los liderazgos estándares mucho más elevados que en el pasado y esperan de ellos no sólo que hagan las cosas bien en términos de fines sino también de los medios que utilizan”.
“Esa será nuestra orientación –sostuvo el Presidente del CDE– cumplir a cabalidad nuestra función, con rigurosa pulcritud de los mecanismos utilizados y siempre de cara a la ciudadanía”.
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UNIDAD DE COMUNICACIONES
CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
