18.12.2018.- Los términos alcanzados en el acuerdo precisan en detalle la forma en que se ejecutarán las medidas de reparación del ecosistema dañado en sector de quebrada El Gallo –donde existía bosque nativo y Belloto del Norte, especie arbórea protegida como Monumento Natural– tras la expansión ilegal del yacimiento minero El Soldado, contraviniendo el permiso ambiental.
El acuerdo incluye una garantía bancaria y una cláusula penal que asegura el total cumplimiento de las siete medidas de reparación decretadas por la sentencia judicial. Ambos instrumentos involucran montos por más de 20 mil millones de pesos.
El viernes 7 de diciembre, la Abogada Procuradora Fiscal de Santiago, Ruth Israel, presentó ante el 21 Juzgado Civil de Santiago el escrito que formaliza el acuerdo alcanzado por el Consejo de Defensa del Estado y Angloamerican Sur S.A., para la ejecución de la sentencia pronunciada en 2016 por la Corte Suprema, que ordena la reparación del ecosistema de bosque nativo mediterráneo de la Quebrada el Gallo y la reforestación de 44 hectáreas de bosque nativo por la desaparición de 21 hectáreas aledañas a la quebrada, ubicada en la comuna de Nogales, región de Valparaíso.
La Presidenta del CDE, María Eugenia Manaud, subrayó “el trabajo desarrollado por el Organismo para obtener un acuerdo de alto estándar como el alcanzado con la Minera demandada, cuyas condiciones permiten asegurar la reparación del ecosistema dañado”.
Asimismo, destacó la labor desarrollada por la mesa técnica, conformada a instancias del CDE, que reúne a los servicios con competencia ambiental que deben participar en el proceso de ejecución de la sentencia, y que es presidida por CONAF, que tuvo una destacada participación en los términos del presente acuerdo. “El trabajo colaborativo de cada Organismo que ha participado en este caso ha permitido definir con precisión la forma más adecuada y efectiva para obtener la reparación del medioambiente”, señaló Manaud.
Precisamente, el CDE solicitó incorporar en el acuerdo una medida de reparación adicional, denominada “Pruebas e Investigación Académica”, la que deberá ejecutarse en un plazo de 36 meses contados desde su presentación al tribunal, que consiste en un estudio técnico que la demandada debe realizar para asegurar la efectiva reparación del ecosistema, incluyendo, por ejemplo, las alternativas más apropiadas para lograr una reforestación exitosa de las especies protegidas. Dicho estudio será entregado al Estado para que éste pueda disponer de él ante otros casos de daño ambiental.
Con el propósito de cautelar que la sentencia se ejecute en su totalidad y que su cumplimiento no corra el riesgo de interrumpirse ante un eventual cese de las actividades de la minera demandada en el país, el Consejo acordó con ésta la entrega de una boleta de garantía bancaria por un monto de $14.533.700.000 de pesos –que ya se encuentra en poder del Fisco–, y el establecimiento de una cláusula penal por otros $6.319.000.000 millones de pesos, para determinar con antelación perjuicios provocados por un un eventual incumplimiento del acuerdo.
Antecedentes del caso
En representación del Estado de Chile, en octubre de 2012 el CDE demandó a Angloamerican SUR S.A. por su responsabilidad en la tala y sepultación –producto del vertimiento de miles de toneladas de material estéril y roca– en el ecosistema de la Quebrada El Gallo y la desaparición de 21 hectáreas de Bosque nativo protegido, lo que provocó también la destrucción de 137 ejemplares de la especie arbórea Belloto del Norte, declarada Monumento Natural conforme a la Convención de Washington, dada su condición de especie forestal endémica de la zona central de Chile.
Mediante sentencia de primera instancia de enero de 2015, la minera fue condenada a diversas medidas de reparación ambiental y al pago de 600 millones de pesos por concepto de indemnización al Estado. Luego de que ésta recurriera de casación en el fondo ante la Corte Suprema, y de que dicho recurso se tuviera por desistido, el CDE solicitó, en agosto de 2016, el cumplimiento incidental del fallo, después de que la demandada cancelara la totalidad de la indemnización a la que fue condenada.
En sesión de 30 de enero de 2018, el Consejo aprobó el acuerdo respecto de la forma de cumplimiento de la sentencia judicial, documento que fue presentado ante el tribunal la primera semana de diciembre.
