CDE REALIZA BALANCE DE SUS INTERVENCIONES ANTE TRIBUNALES EN DEFENSA DEL INTERÉS PÚBLICO A UN AÑO DE LAS MOVILIZACIONES SOCIALES

(16.10.2020) Conforme con sus atribuciones legales, el Consejo de Defensa del Estado ha realizado un especial trabajo de coordinación para intervenir judicialmente en aquellos hechos de carácter penal denunciados en el contexto de las movilizaciones sociales iniciadas en octubre de 2019 y, simultáneamente, ejercer la defensa de las potestades públicas en cerca de 400 acciones constitucionales –recursos de protección, de amparo y de amparo económico– interpuestos ante distintas Cortes del país.

En materia penal, y de acuerdo con sus competencias legales que lo habilitan a perseguir aquellos delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, el CDE ha interpuesto 18 querellas criminales en contra de aquellos efectivos policiales y militares que, de acuerdo al avance de las investigaciones penales a cargo del Ministerio Público, aparecen como responsables de graves vulneraciones a los derechos humanos denunciadas en el contexto de las movilizaciones.

Respetando las potestades para la persecución de este tipo de delitos que la ley ha encomendado como función principal a otros Organismos, el Consejo ha interpuesto sus acciones sobre la base de un sistema de categorización de las denuncias que considera, en primer lugar, la gravedad de los delitos perpetrados por funcionarios públicos contra quienes se encuentra legitimado para actuar. “Dicho criterio ha sido el elemento rector de sus acciones en este ámbito, dado que el CDE debe sostener fundadamente a lo largo de todo el proceso judicial la existencia de esos eventuales delitos e intervenir en aquellos casos cuya gravedad daña profundamente el interés superior del Estado relativo a la defensa y promoción de los derechos humanos”, sostiene el Presidente Juan Peribonio.

Las querellas presentadas por el Consejo en este ámbito incluyen las acciones interpuestas en contra de los responsables de graves apremios cometidos en contra de Fabiola Campillai y Gustavo Gatica, así como en los casos de Alex Núñez e Ignacio Grillé, entre otros lamentables sucesos.

Respecto de delitos cometidos en contra de bienes públicos, entre los que se cuentan Monumentos Nacionales, infraestructura perteneciente al Poder Judicial, recintos militares y comisarías; el CDE ha interpuesto hasta ahora 58 querellas, de las cuales, 17 se dirigen contra personas individualizadas. De ese grupo de acciones, 36 buscan identificar y condenar a quienes han atentado en contra de cuarteles y comisarías y otras doce a quienes han dañado Monumentos Nacionales. “Las intervenciones del Consejo no sólo han considerado el análisis económico del daño, sino también la afectación provocada a las instituciones públicas y a la sociedad”, dijo en su oportunidad el Presidente del CDE, subrayando la importancia que le otorga a la persecución de este tipo de delitos que busca combatir “el negativo efecto que este tipo de acciones produce en la comunidad donde se encuentra emplazada una comisaría incendiada o dañada, porque ello provoca una sensación de indefensión e impunidad para los responsables”.

En tanto, en el ámbito contencioso administrativo, el CDE ha intervenido en 382 acciones constitucionales mediante las cuales se ha intentado impugnar el ejercicio de las atribuciones y facultades de las autoridades y/u organismos públicos adoptadas para resguardar a la población. De ese grupo de acciones, 358 se encuentran finalizadas con fallos favorables al interés público, lo que demuestra un 94% de efectividad: 165 recursos han sido rechazados; 104 declarados inadmisibles; 89 terminados sin sentencia y, sólo siete, acogidos. Otros 17 se encuentra aún en tramitación.

De acuerdo con la materia impugnada, 96 se refieren a uso de armamento no letal u otros similares; 111 relativos a declaraciones de estado de emergencia y toques de queda; 31 deducidos por comercios o negocios, e incluso por autoridades, que solicitaron el resguardo de grupos sociales o de personas no individualizadas que habrían sufrido o se encontrarían expuestas a sufrir limitaciones en el ejercicio de sus actividades comerciales o daños en sus instalaciones. Otros 135 buscaron impugnar las decisiones de la autoridad adoptadas en el contexto de la filtración de un facsímil de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y otros nueve correspondieron a recursos de amparo económico, de los cuales, cuatro ya fueron rechazados.

Recientemente, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago rechazó 14 recursos de protección que buscaban prohibir a Carabineros de Chile la utilización de escopetas antidisturbios en situaciones de agresión, como lo fueron los enfrentamientos ocurridos durante las movilizaciones sociales de fines de 2019. En su sentencia, el Tribunal no acogió las acciones constitucionales intentadas respecto de hechos de extrema sensibilidad para la ciudadanía, que –por ser de conocimiento de tribunales de instancia y en procesos de lato conocimiento– corresponde sean investigados y sancionados en sede penal.  

El Presidente del CDE, Juan Peribonio, destacó que “se trata de un fallo relevante que viene a asentar un criterio defendido por el CDE en estos casos, referido a la necesidad de proteger la potestad legal de Carabineros en el control del orden público, en situaciones de agresión que ponen en riesgo la vida e integridad física de los ciudadanos”. Asimismo, Peribonio hizo hincapié en la importancia medular de evitar que se despoje a Carabineros de aquellos elementos “menos letales” que le permitan cumplir con la tarea que la ley le asigna como garantes de la paz social, habiéndose actualizado el protocolo sobre empleo de la escopeta antidisturbios mediante la Orden General Nª2780, de 14 de julio pasado. “Conforme con su mandato legal, y aun cuando se trata de situaciones de gravedad que están siendo investigadas, el CDE ha argumentado con éxito en estos casos los fundamentos de derecho que no hacen posible acoger estas acciones constitucionales, así como la importancia de no debilitar el ejercicio de la función de resguardo y control del orden público que debe cumplir Carabineros de Chile”.

 

 

 

 

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