PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

Comité Editorial

Uno de los desafíos fundamentales del Consejo de Defensa del Estado (CDE) es el combate de la corrupción. Su competencia en lo penal así como su participación en la negociación y seguimiento de las principales convenciones contra la corrupción son un claro refl ejo de ello. Ad portas del ingreso pleno de Chile a la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico (OCDE), no es posible desconocer el rol desempeñado por el CDE, en su oportunidad, en la adecuación de nuestra legislación a los requerimientos de la Convención contra el Soborno Transnacional.

Asimismo, refl ejo de la referida preocupación del CDE fue su participación en la Comisión que asistió en representación de Chile a la negociación de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Corrupción, la que planteó ante el Pleno de los Países Miembros, reunidos en Austria, entre otros temas, la importancia de proteger al funcionario que denuncia irregularidades y faltas al principio de la probidad. En forma paralela a lo anterior, en esta Revista se indicaba la importancia de regular la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Mencionamos tales temas ya que, en su oportunidad, fueron destacados por el CDE como puntos relevantes a considerar en el desarrollo de una refl exión sobre la corrupción y la experiencia confi rma que no estaba equivocado, al punto que dos destacados profesionales han presentado a la consideración del Comité Editorial de la Revista sendos artículos en los que abordan dichas materias, los cuales con agrado incorporamos en el presente número.

Nancy Barra Gallardo, Jefa de la Subdivisión Jurídica, División de Municipalidades, de la Contraloría General de la República, realiza una serie de refl exiones acerca de la Ley Nº 20.205, la cual “Protege al funcionario que denuncia irregularidades y faltas al principio de probidad”.

El Director del Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca, Jean Pierre Matus, a su vez, analiza las obligaciones y desafíos que plantean las organizaciones internacionales, en particular la OCDE, en relación a la responsabilidad de las personas jurídicas por los delitos cometidos por sus directivos y empleados.

Junto con los artículos anteriores, José Fernández Richard, ex abogado integrante de la Corte Suprema, examina en su trabajo titulado “Modifi cación de los instrumentos de Planifi cación Territorial”, los procedimientos y trámites que hay que seguir para modifi car cada uno de los instrumentos de planifi cación territorial -a) los planes reguladores; b) los planos seccionales y el plan seccional; y c) la determinación de las zonas de construcción obligatoria y de conservación histórica, lo que reviste particular importancia dado que la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones regulan las normas para aprobar estos instrumentos pero no las relativas a su modifi cación.

Finalmente, en la Sección Doctrina se incluye un artículo del ex Presidente del CDE y primer Fiscal Nacional, Guillermo Piedrabuena Richard, titulado “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre normas del Código Procesal Penal”, en el cual analiza las decisiones del Tribunal Constitucional sobre las normas procesales penales, en particular asociadas a la Ley Nº 20.253 (Agenda Corta Anti delincuencia); a las impugnaciones constitucionales del artículo 387 del Código Procesal Penal; a las normas que le dan poder discrecional a los fi scales para formalizar o no sus investigaciones; y a la inconstitucionalidad de las normas sobre desafuero de los parlamentarios (artículos 416 y 230 y 231 del Código Procesal Penal). El trabajo tiene un particular interés para el CDE en relación al ejercicio de la acción judicial en la defensa de los intereses del Estado y la falta de formalización del fi scal, tema que está abordado en varios fallos del Tribunal Constitucional y que tiene especial relevancia en el tema del desafuero de algunos parlamentarios.

En la Segunda Parte de la Revista, relativa a la jurisprudencia, se incluyen varios fallos de la Corte Suprema, los cuales consideran materias tales como la infracción a las leyes reguladoras de la prueba en un proceso medioambiental; la acción de mera certeza a propósito

de la posibilidad de la solicitud de información por parte de la Cámara de Diputados a las Empresas Públicas; el tema de las postaciones en relación a la prevalencia del artículo 73 del Decreto con Fuerza de Ley (D.F.L.) Nº 1, del año 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, por sobre el artículo 41 del D.F.L. 850, del Ministerio de Obras Públicas; y el alcance del artículo 132 del D.F.L. N° 2, de 1968, que fi ja el Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, en particular en cuanto dispone en su inciso cuarto que: “Sin perjuicio de los plazos de prescripción de corto tiempo establecidos para los casos específi cos, el derecho a impetrar pensión, reajustes, acrecimiento o cualquier benefi cio derivado de ellas, prescribirá en el plazo de diez años”.

Finalmente, en las recensiones bibliográfi cas se revisa el libro escrito por Sharon Creeden, “Fair is Fair”, el que constituye una aguda y valiosa recopilación de cuentos con enseñanzas jurídicas.