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El 21 de diciembre de 2015, el Consejo de Defensa del Estado conmemoró 120 años de trayectoria al servicio de Chile. Ello constituyó motivo de alegría y orgullo para las personas que lo conforman y otorgó una oportunidad para reconocer la relevancia de su función –en tanto férreo defensor de los intereses del Estado– y su vasta trayectoria como institución pública.

Relevamos en esa oportunidad, su condición de institución pública con la que las personas “pueden contar”, depósito de confianza y de responsabilidad. Que hace lo que tiene que hacer sin consideración de quienes son los afectados. Que no entiende por lealtad nada que lo aparte de la función que la Constitución y las leyes han puesto sobre sus hombros.

Más allá de sus resultados, y siendo ellos reconocidamente positivos, existe un importante ámbito de acción que no se evidencia en los números y que constituye su principal acervo patrimonial. Me refiero a la probidad de sus funcionarios, su compromiso, su expertise técnica, el conocimiento acumulado, en fin, una serie de elementos que, entrelazados, otorgan certezas a los ciudadanos sobre el cumplimiento de su función institucional.

Algunas cifras

En 2015, el Consejo mantuvo un alto grado de eficacia en la defensa y representación judicial, lo que se tradujo en una tasa de resultados favorables a los intereses del Estado. El detalle de las cifras, indicadores y estadísticas emanadas de la gestión del Servicio se encuentra disponible desde hace diez días en nuestro sitio web, en el respectivo documento de la Cuenta Pública 2015, por lo que no me extenderé en este acápite ahora, para alivio de todos ustedes.

Sin embargo, y para no perder la perspectiva, a diciembre del año pasado, el Consejo de Defensa del Estado tenía a su cargo aproximadamente 29 mil asuntos en todo el territorio nacional, los que representaron una cuantía por US$16.686 millones, equivalente al 7,5% del PIB 2015.

Concretamente, en materia de indemnización de perjuicios, reclamos de monto de indemnización y otros, logró un 96% de pagos evitados al Fisco demandado, el equivalente, en términos de monto, a US$ 637 millones.

Respecto de las causas que terminaron mediante una transacción judicial, se demandó al Fisco por un monto equivalente a US$ 24 millones y se logró evitar el pago del 88,5% de dicho monto, equivalente a US$ 21 millones.

En cuanto a juicios no patrimoniales –correspondientes mayoritariamente al ejercicio de la acción penal– se obtuvo un 87% de sentencias favorables al Fisco respecto de delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus funciones.

Asimismo, acerca de resultados de juicios contenciosos administrativos, tales como defensas de recursos de protección, amparos económicos, rechazo o sostenimiento de nulidades de derecho público, el CDE obtuvo un 93,6% de sentencias favorables.

En materia de mediación en salud, el CDE alcanzó una tasa del 24,8% de acuerdo en 2015 –respecto del total de mediaciones terminadas por decisión de las partes–, porcentaje que corresponde al mejor resultado de los últimos tres años. Este fue un gran logro en el año de celebración de los 10 años del servicio de mediación desde que la ley 19.966 nos lo encomendó.

Este método de resolución colaborativa de controversias ha logrado quebrar la curva ascendente de judicialización del área sanitaria y, a su vez, ha permitido que las personas puedan acceder de manera efectiva a un procedimiento con un menor costo para todas las partes. No cabe duda que este es un ámbito que sólo cabe seguir fortaleciendo en el tiempo.

Balance judicial 2015

Resulta imposible abordar en esta Cuenta la totalidad de las sentencias definitivas relevantes al interés fiscal, dictadas durante 2015. Siquiera acercarse a un porcentaje representativo, a pesar de que detrás de cada una de ellas subyace el comprometido trabajo de los equipos técnicos que los tienen a su cargo. Expuesta esa limitación, reseñaré algunas causas en que participó el Consejo y que, a nuestro juicio, resultan relevantes para el interés fiscal, sea porque consolidan líneas beneficiosas o porque entrañan riesgos de los que haya que hacerse cargo.

Competencia Civil

A diferencia de lo que la opinión pública suele creer, el grueso del trabajo del Consejo se concentra en el amplio ámbito de asuntos que asume bajo su competencia en materia civil.

El amplio ámbito de asuntos que el Consejo aborda, en una gran cantidad de casos, involucra cuantiosos compromisos que representan una amenaza concreta al patrimonio fiscal y, consecuencialmente, la posibilidad real de afectar otros bienes públicos que debe proveer el Estado.

En este sentido, respecto de asuntos referidos a incumplimientos de contratos de obras concesionadas, puedo destacar la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema referente a nulidad de contrato y nulidad de transacción en la causa “Fisco de Chile con Serviu Metropolitano y Consorcio Construcciones Kodama Ltda.”. El Consejo demandó la nulidad absoluta de un contrato de transacción, lo que permitió dejar sin efecto la transacción por la cual dicho servicio se comprometía a pagar más de 41 mil millones de pesos ($41.556.630.980), a pesar de que lo demandado por tal capítulo ascendía a alrededor de $12 mil millones ($12.669.214.000).

Otro ejemplo lo constituye la sentencia favorable al interés fiscal en demandas contra once municipios de la Región de O’Higgins, por incumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios, interpuesta por la sociedad Proactiva Servicios Urbanos S.A., a cargo de la concesión, construcción y operación del “Relleno Sanitario Colihues – La Yesca”, evitando que el Fisco fuera condenado a pagar más de $4.500 millones por perjuicios supuestamente causados por obras ejecutadas y no pagadas.

Asimismo, el fallo de la Corte Suprema en la causa “Sociedad de Proyectos y Servicios de Ingeniería Ltda. con Gobierno Regional de Tarapacá”, en que se demandó de resolución de contrato con indemnización de perjuicios por un monto de más de $3.000 millones, resolvió favorablemente un tema altamente sensible y de ordinario debate para el Consejo. Pronunciándose sobre la oportunidad en la cual la Administración puede –válidamente y oponible en juicio– poner término anticipado a un contrato, la sentencia sostuvo que basta con que sea “con anterioridad a la decisión adoptada por los falladores”, aludiendo con ello, entendemos, a la sentencia definitiva.

A estas elevadas cuantías se añaden las serias contingencias de sentencias desfavorables para la correcta aplicación de normativas y reglamentos que regulan importantes sectores productivos o en el área de la prestación de servicios.

Precisamente, en 2015 la Corte Suprema puso término a una causa en contra del Fisco que comprometía seriamente el erario público y el sistema de fijación de precios para el sistema eléctrico. La Compañía Distribuidora de Energía Eléctrica S.A. reclamó indemnización de perjuicios por una supuesta fijación errónea de las tarifas eléctricas entre los años 1996 y 2001, sosteniendo que los perjuicios causados por el sistema de fijación tarifaria superaban los $3.300 millones. Se rechazó íntegramente la demanda deducida en contra del Fisco, quedando ejecutoriada en marzo de 2015.

Respecto de acciones reivindicatorias sobre bienes de dominio público, el Consejo obtuvo relevantes sentencias favorables contra pretensiones particulares sobre la Avenida Costanera Central de Antofagasta o respecto de tres caminos de acceso a la ciudad de Tongoy, en la Región de Coquimbo. En ambos casos, el Consejo logró que se reconociera judicialmente su carácter de bienes nacionales de uso público.

Asimismo, se evitó la pérdida de terrenos ubicados dentro de la Base Aérea de Quintero, emplazados específicamente sobre parte de la pista de aterrizaje. Una sentencia desfavorable habría imposibilitado totalmente el funcionamiento de dicha base aérea.

Otro ejemplo fue la demanda interpuesta por la Compañía de Teléfonos Complejo Manufacturero de Equipos Telefónicos, CMET, mediante la cual se solicitó una indemnización por más de $3.000 millones por falta de servicio derivado de la dictación tardía de decretos tarifarios por parte del Ministerio de Economía. Más allá de los montos, resulta una jurisprudencia relevante pues se reconoció que la mera tardanza en la ejecución de la actividad no la transforma automáticamente en falta de servicio, y se estableció que no existían plazos legales para la dictación de dichas tarifas.

Otra área muy relevante ha continuado siendo el trabajo coordinado con la Superintendencia de Valores y Seguros, en defensa de su potestad fiscalizadora y/o de las atribuciones y funciones que le son propias. Ello permitió durante el año pasado –específicamente en las reclamaciones del caso La Polar– asentar jurisprudencialmente el criterio de la SVS acerca de la responsabilidad de los directores de Sociedades Anónimas, el estándar de cuidado y diligencia mínimos que implica ejercer el cargo de director de una sociedad anónima abierta.

Otro tanto, y que, sin duda, tendrá repercusiones en asuntos de esta índole, dice relación con el fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago respecto de un reclamo de ilegalidad interpuesto por la Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A., referida al alcance y sentido del derecho de información regulado en la norma del artículo 54 de la Ley 18.046. La Corte acogió el criterio de la SVS sosteniendo que el derecho a la información persigue que el accionista tome conocimiento de la marcha de los negocios sociales, por lo que la ley debe permitirle su ejercicio durante toda la vida de la sociedad.

Competencia Contenciosa Administrativa

Con relación a la competencia del Consejo en asuntos contenciosos administrativos, en 2015 se obtuvo sentencia definitiva en la causa “Abufrut Ltda. y Otros con Fisco de Chile”, que involucraba cuantías por sobre los 26.000 millones de pesos. La sentencia de la Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado en contra de fallos desfavorables de primera y segunda instancia, no dando lugar a las demandas de 126 exportadores hortofrutícolas que solicitaban se declarara la nulidad de derecho público del Decreto N° 142, de los Ministerios de Agricultura y Hacienda, por infringir –a su juicio– la Constitución Política de la República.

Otra importantísima sentencia de la Excelentísima Corte Suprema favorable al interés fiscal fue el fallo definitivo respecto de la acción por interés colectivo deducida por cerca de un centenar de estudiantes de la carrera de criminalística de la Universidad Tecnológica Metropolitana, UTEM, de la que se hicieron parte, además, alrededor de otros 2.500 jóvenes. La acción acusó infracción a la ley de protección al consumidor, demandando la indemnización de los eventuales perjuicios ocasionados. Se trató de una causa de alta complejidad desde el punto de vista económico y jurídico, precisamente porque la UTEM carecía de bienes para soportar una condena de la cuantía involucrada, así como por su impacto mediático, recurso que fue instrumentalizado en variadas ocasiones a lo largo del juicio, en ocasiones incluso en desmedro del propio interés de los estudiantes.

Las características particulares de los asuntos que ingresan al Consejo en ocasiones obligan a reforzar la coordinación y colaboración entre las distintas procuradurías fiscales. Un ejemplo de este trabajo es el diseño instaurado para abordar más de 4.500 recursos de protección interpuestos por matronas y estudiantes en contra del Dictamen N°46.357 de la Contraloría General de la República. El trabajo de coordinación incluyó informar a la totalidad de las Cortes de Apelaciones en las cuales se interpusieron estos recursos; coordinar las solicitudes de incompetencia, posterior remisión a la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, con el propósito de que los recursos fueran conocidos por dicha Corte y acumulados con miras a evitar sentencias contradictorias.

En materia de transparencia debo destacar el fallo dictado por la I. Corte de Apelaciones de Santiago, que dio lugar a la reclamación deducida por el Consejo de Defensa del Estado en contra de una decisión de amparo del Consejo para la Transparencia, que ordenó al CDE entregar parte de la información requerida. En lo medular, la Corte resolvió que, si bien los expedientes judiciales son públicos, las copias que puedan mantener los abogados de las partes litigantes –en este caso, del CDE– no tienen el mismo carácter, ya que constituyen documentos de trabajo que pueden tener relación con la estrategia de defensa desplegada en el respectivo juicio y, por lo tanto, están cubiertos por el secreto profesional y su divulgación puede afectar el derecho de defensa del Fisco.

A partir de este fallo, el Consejo para la Transparencia hizo suya la tesis planteada por el Consejo, por lo que en las decisiones posteriores sobre la misma materia ha rechazado los amparos deducidos por los particulares.

Competencia Medioambiental

Fallos relevantes en materia de reparación de daño ambiental dictados en 2015 lo constituyen las sentencias de la Excelentísima Corte Suprema, que condenó por daño ambiental a la Municipalidad de Lo Barnechea y a diversos propietarios por haber generado daños ambientales producto de loteos y urbanizaciones ilegales en Santiago, contraviniendo el Plan Regulador Metropolitano de la ciudad que dispone que las zonas precordilleranas, sobre la cota mil, constituyen Áreas de Preservación Ecológica. En sus sentencias, el Máximo Tribunal confirmó la tesis del Consejo respecto de los daños causados y obligó a los responsables a emprender acciones para su reparación.

Competencia Laboral

El aumento de la litigiosidad en materia laboral ha generado una considerable recarga de trabajo para nuestras procuradurías fiscales en todo el país –que han debido absorber el creciente volumen de asuntos con la misma dotación–, a lo que se añade la necesidad de reforzar la estructura jurídica y orgánica con que se abordan este tipo de demandas, debido al cambio de paradigma que se ha generado al existir una atenuación de la carga probatoria a favor de los demandantes en los procedimientos laborales.

Entre 2012 y 2015 se ha registrado un aumento sostenido en el ingreso de causas de este tipo. Mientras en 2012 ingresaron 378 asuntos laborales a las procuradurías del Consejo a lo largo del país, en 2015 éstos se empinaron por sobre los 900 (917), lo que equivale a un crecimiento de 143%. Las causas ingresadas durante 2015 se concentraron en la Procuraduría Fiscal de Santiago, que absorbió el 37% de ellas, y en la Procuraduría Fiscal de Valdivia, que registró el 21% de los ingresos.

El principal desafío que se nos impone es que realizada una proyección en base a regresión lineal, que consideró los ingresos a partir del año 2012, se obtiene como resultado proyectado un total de 1.010 ingresos para 2016. En otros términos, mil nuevos juicios que resulta imposible absorber con nuestra dotación actual manteniendo el estándar adecuado de defensa fiscal.

Es necesario detenerme en las causas por tutela de derechos fundamentales, procedimiento que hasta antes de 2014 la Excelentísima Corte Suprema resolvía que no era aplicable a los funcionarios públicos. El punto de inflexión tuvo lugar en abril de ese año, cuando la Cuarta Sala, con una integración coyuntural, dictó fallo conociendo de un recurso de Unificación de Jurisprudencia en la causa “Bussenius con CENABAST” y estableció que el procedimiento en cuestión sí era aplicable a los funcionarios públicos.

Esta nueva tesis generó un efecto reflejo en los Jueces de Letras con algunas escasas excepciones.

Entre 2010 y 2015, el Consejo asumió la defensa en un total de 435 demandas por tutela de derechos fundamentales. El 48.5% de estos juicios se radicaron en Santiago. Asimismo, mientras en 2010 ingresaron sólo 44 causas de esta especie, en 2015 ese número de ingreso anual casi se ha triplicado (112).

Es importante señalar que el Consejo ha sostenido y sigue afirmando que el régimen de tutela de derechos fundamentales que se regula en los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo no resulta aplicable a los funcionarios públicos. Lo anterior, por cuanto dichos funcionarios se encuentran excluidos de la aplicación de las normas del Código citado, conforme lo establece claramente el inciso 2º de su artículo 1º.

No se trata aquí, ni así podría defenderlo el Consejo, de sostener que existan áreas de la actividad de los órganos públicos exentas de control por parte de los órganos jurisdiccionales, sino que ha instado por que dicho control sea aplicado con arreglo a Derecho y no sobre la base de normas que están estructuradas, redactadas y fueron concebidas para regular relaciones en el ámbito privado, cuyas características difieren formal y sustantivamente de aquellas que regulan la actividad de los servicios públicos.

Como corolario de lo explicado, este Consejo mantiene su posición en cuanto a que los funcionarios que estiman vulnerados sus derechos cuentan con acciones judiciales civiles, constitucionales, cuyo conocimiento compete a la Justicia Ordinaria, y aquellas que puedan interponerse ante la Contraloría General de la República.

Aquí hay un desafío muy considerable, del que debe hacerse cargo no sólo el CDE a través de las defensas judiciales y el Ministerio de Hacienda ofreciendo recursos para contar con la dotación adecuada para ello, sino principalmente toda la administración que debe revisar concienzudamente las condiciones y tratos ofrecidos a sus funcionarios.

Competencia Penal

Durante 2015, el desarrollo de la competencia penal del Consejo fue sumamente perceptible. Se trata sin duda de una de sus dimensiones más visibles, aunque los asuntos penales apenas bordean el 10% de su actividad litigiosa. Ello, debido a su intervención –acotada rigurosamente a su legitimación activa– en diversas causas que mantienen el interés de los medios de comunicación y de la opinión pública. En este sentido, nunca huelga recordar que nuestra Ley Orgánica nos mandata a ejercer la acción penal tratándose de delitos cometidos en el desempeño de sus funciones por funcionarios públicos y delitos de los que se irrogue perjuicio fiscal.

Pero no sólo eso. Este perentorio mandato no resulta para nada trivial, pues se nos mandata además a hacerlo responsablemente. Chile goza de una fuerza funcionarial mayoritariamente –y muy mayoritariamente– proba, y eso no puede perderse de vista. En ocasiones, el clamor de la opinión pública dificulta la distinción adecuada de hechos que no presentan la misma gravedad, ni parece dispuesta a esperar que las instituciones hagan su trabajo en los tiempos requeridos. Ante esto, los funcionarios públicos debemos hacer nuestro trabajo sin prisa pero sin pausa, y no podemos entregarnos ni a la priorización ni a la premura impuesta por la contingencia. Tal como tampoco podemos permitir que ninguna consideración externa, ni compromiso alguno, se interponga entre nuestro servicio y el cumplimiento de nuestro deber.

Cabe destacar en estos ámbitos, otras causas además de las conocidas y mediáticas en actual tramitación (y cuyos resultados probablemente serán materia no de ésta, sino de la próxima cuenta pública).

Tras ocho años de investigación, el 34 Juzgado del Crimen de Santiago dictó sentencia en la causa conocida como “Caso Mazza”, organización criminal formada para lavar más de 400 millones de dólares provenientes del narcotráfico colombiano. Se trata de la causa de lavado de activos más grande seguida en Chile e, incluso, una de las de mayores proporciones descubiertas en el continente americano.

Muy desafiante ha resultado, a partir de los casos relacionados con delitos de corrupción, la persecución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, mediante la presentación de querellas que pretenden hacerla efectiva y fomentar culturas corporativas adheridas al derecho y estructuradas de modo de evitar hasta donde sea posible que empleados o directivos cometan este tipo de delitos.

Por último, en materia de denuncias por maltrato o torturas en recintos carcelarios, el Consejo se encuentra trabajando en la implementación de un convenio con el Instituto Nacional de Derechos Humanos –fundado tanto en el rol de organismo independiente defensor, como en su rol de Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura–, con el objeto de comunicar y coordinar la intervención del Organismo como querellante institucional, allí donde ambos Servicios tengan legitimación activa.

GESTIÓN 2015

Coordinación jurídica y reforzamiento de vínculos con usuarios y clientes

Un foco prioritario para el CDE durante 2015 fue la revisión de los mecanismos de relacionamiento con los organismos públicos que conforman nuestros clientes, de modo de reforzar y mejorar vínculos y canales de comunicación a nivel central y regional. El propósito es asegurar la construcción adecuada y oportuna de estrategias jurídicas para la eficiente defensa de los intereses fiscales, con énfasis en la prevención de conflictos jurídicos.

El objetivo se abordó en distintos niveles:

• mediante una consultoría en el marco del Programa de Modernización Institucional,
• a través de la formación de un Comité de Clientes,
• por medio de la suscripción de convenios de colaboración con organismos públicos –como los firmados con el Tribunal Constitucional y la Fuerza Aérea de Chile, que permitirán aprovechar los medios tecnológicos disponibles en la línea del principio de economía procedimental–
• y mediante la oferta de asesorías jurídicas con carácter preventivo de conflictos judiciales.

Adicionalmente, la División de Defensa Estatal diseñó un plan de capacitaciones a servicios públicos, que se inició con la participación de abogados del CDE en jornadas de trabajo de los Servicios de Salud y de las Seremías de Salud. De la misma forma, participó en jornadas de trabajo del Ministerio de Obras Públicas.

Se realizaron sustanciales mejoras a la aplicación desarrollada por el Consejo, disponible en su sitio web institucional, que permite a organismos públicos, como el Ministerio de Obras Públicas, conocer directamente el estado de sus juicios y acceder al expediente digital de las causas en que el Consejo lo representa.

Paralelamente, en el marco de su modernización institucional, el 10 de marzo de 2015 el Consejo firmó un relevante convenio de cooperación interinstitucional con la Corporación Administrativa del Poder Judicial. La iniciativa está en pleno desarrollo y apunta a la interconectividad entre los sistemas informáticos de ambos organismos, con el fin de enfrentar la tramitación electrónica y la estandarización de procesos. En la práctica, posibilita la transmisión de información relevante relativa a las causas que el CDE posee en tramitación en los tribunales de justicia, lo que nos deja en un muy buen pie para enfrentar la puesta en marcha de la legislación de Tramitación Electrónica, que comienza a regir el próximo 18 de junio en 13 jurisdicciones del país.

Otra área importante desarrollada durante 2015 para mejorar la eficiencia de las defensas que el Consejo proporciona a sus clientes dice relación con la coordinación en causas o asuntos que requirieron de un criterio uniforme en las estrategias jurídicas aplicadas.

Con ese objetivo, la División de Defensa Estatal implementó el año pasado seis estrategias que pusieron énfasis en la coordinación interregional, en un diseño que involucró más de cien causas civiles y penales y 192 juicios laborales, posibilitando una mirada global y coherente de las problemáticas involucradas.

Programa de Modernización Institucional

Tras cuatro años del inicio formal de sus funciones, el Programa ya ejecutó, a diciembre de 2015, el 53% de su presupuesto.

Durante 2015, el foco del Programa se centró en fortalecer la relación con los usuarios y clientes del Servicio; mejorar la gestión documental y dar inicio a la implementación del rediseño de los procesos de negocio del Consejo. Concretamente, en el mes de abril se implementó el rediseño de los procesos asociados al trabajo de comités, así como el rediseño de los procesos relacionados con la tramitación administrativa de las causas de expropiaciones.

Con la implementación del rediseño que estandariza el trabajo de los comités, el Programa inició el tránsito desde una etapa de diagnóstico y análisis hacia una de ejecución e implementación de las propuestas e iniciativas que sin duda serán el gran desafío para el año 2016.

Otras iniciativas relevantes en 2015

Competencia internacional

El CDE ha reiterado su aspiración de ver ampliadas sus competencias, de modo de alojar entre ellas la defensa del Estado en algunas instancias internacionales. Resulta imprescindible que el país cuente con un organismo especializado, autónomo e independiente, capaz de conducir, coordinar y liderar la defensa judicial fuera del territorio nacional.

Durante el período ha participado, a través de dos de sus abogados consejeros y su Presidente, en el Consejo asesor establecido por la Cancillería para la demanda marítima boliviana en La Haya. Pero, sin duda, tiene especial interés en aquellas sedes donde recursos fiscales puedan verse comprometidos.

El país ha suscrito 25 acuerdos económicos con 64 economías del mundo que facilitan la inversión extranjera en su territorio y la de éste fuera de sus fronteras. Se trata de tratados que regulan una serie de derechos en favor de los contratantes, así como norman mecanismos de solución de las controversias que naturalmente se puedan producir. Aquí subsiste una tarea pendiente que es el alojamiento institucional de esta función, para lo que el CDE se encuentra preparado y disponible. No debe perderse de vista que luego de muchos años de litigación internacional ante el CIADI en el llamado caso Clarín, nada de la experiencia acumulada de la defensa de los intereses del Estado ha quedado alojada dentro del Estado, sino sólo en las oficinas particulares en que se ha delegado dicha defensa.

Por otra parte, cabe destacar que en 2015, el CDE concretó su participación en ámbitos internacionales, mediante su intervención –en un trabajo liderado por la Cancillería y donde participó el Consejero Quintana– en la preparación y comparecencia para la defensa del Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto de la reclamación de ex oficiales y funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile condenados en Consejos de Guerra.

Y, en el contexto de su centésimo vigésimo aniversario, en noviembre del año pasado el Consejo organizó el Seminario Jurídico Internacional “120 años de Defensa del Estado en Chile. Experiencias y perspectivas del CDE”, que reunió por primera vez a organismos de defensa fiscal de Reino Unido, Brasil, Colombia y Estados Unidos, cuyos máximos representantes se aproximaron a las realidades y desafíos que presentan los distintos modelos de defensa del Estado, a través de sus experiencias particulares y las del propio Consejo. En el encuentro, autoridades públicas y académicos debatieron en torno a la responsabilidad del Estado en la sociedad actual y abordaron diferentes materias de relevancia para la litigación pública. Se trató de un provechoso ejercicio de experiencias comparadas que se realizó por primera vez en la historia y que pavimentó el camino para un segundo encuentro que tendrá lugar a fines de este año en Colombia.

Gestión del conocimiento y tecnologías de la información

Muchas fueron las iniciativas realizadas durante el año y no es posible mencionar más que algunas:

Primer Coloquio CDE

Con el fin de promover el trabajo colaborativo al interior del Servicio, la División de Defensa Estatal, a través del Departamento de Control y Tramitaciones Judiciales y el apoyo del Departamento de Estudios y la Unidad de Capacitación, organizaron en noviembre el primer Coloquio CDE. Se trató de una instancia de reflexión y discusión en torno a las líneas de defensa asumidas por el Consejo, mediante exposiciones y ponencias, análisis jurisprudencial, balance de resultados judiciales y análisis de las estrategias implementadas por el Servicio. La temática de esta primera edición versó sobre la tutela de derechos fundamentales de los funcionarios públicos.

WikiCDE 2.0

Reconocida en 2015 como la mejor iniciativa de innovación interna, la WikiCDE es una base de datos que contiene los argumentos más relevantes de los principales temas jurídicos que tiene a su cargo el Consejo de Defensa del Estado. La aplicación, a la que los abogados(as) del Servicio acceden a través de la Intranet institucional, asocia a cada temática información complementaria, antecedentes relativos a la doctrina, escritos fiscales, modelos de escritos relevantes, informes en derecho y jurisprudencia judicial.

Mesa sobre carga de trabajo

En agosto se constituyó una mesa para la construcción de una propuesta de mejoramiento del modelo que mide la carga de trabajo de los abogados litigantes del CDE. La iniciativa, a cargo del Subdepartamento de Planificación, tuvo una representación transversal e incluyó una encuesta virtual, que se tradujo en un diagnóstico consensuado sobre el enfoque y los ajustes necesarios de llevar a cabo.

Tras siete sesiones se consolidó como propuesta un índice de carga de trabajo que integra variables mejoradas del modelo actual con nuevos factores de medición que impactan en las labores cotidianas de los abogados. Ello permitirá a los Abogados Procuradores Fiscales asignar de forma acertada las causas que ingresan a sus procuradurías.

Gestión de personas y capacitación

Plan de mejora de clima laboral

En 2015 se llevaron a cabo una serie de actividades contempladas en un Plan de Mejora diseñado a partir de los resultados que arrojó un Estudio de Clima Organizacional realizado el año anterior. El Plan se focalizó en dos de los ámbitos detectados como críticos o deficitarios por las personas que se desenvuelven en el Servicio: “Liderazgo” y “Comunicaciones”, que esperamos poder medir dentro de este año.

Plan anual de capacitación

Durante 2015 se realizaron 63 actividades de capacitación, a las que accedieron 795 funcionarios(as) del Consejo a lo largo del país.

Elaboración de Plan trienal de buenas prácticas laborales

Con el objetivo de mejorar las políticas y prácticas en el ámbito de la gestión de personas, los Subdepartamentos de Recursos Humanos y de Planificación, en conjunto con las asociaciones de abogados y de funcionarios del CDE, elaboraron el Plan trienal del Servicio para el período 2015-2017. Entregado al servicio civil en junio de 2015, se trata de uno de los principales requisitos que el Instructivo Presidencial sobre Buenas Prácticas Laborales exige a los organismos públicos, el cual fue elaborado a través de un proceso altamente participativo, orientado al diseño e implementación de mejores políticas y prácticas en el ámbito de la gestión de las personas en el Servicio.

Protocolo de conciliación laboral y familiar

Durante el último trimestre de 2015 se trabajó en la elaboración del “Protocolo de conciliación laboral y familiar del Consejo de Defensa del Estado”, que apunta a establecer un marco de trabajo que facilite el equilibrio de la vida laboral con la familiar para todos quienes integran el Servicio. Su objetivo principal es conciliar armónicamente deberes parentales y laborales, velando por la equidad de género y ausencia de discriminación; la calidad de vida de las personas; su desarrollo sin discriminación por género, estado civil o situación familiar; la protección de la familia, y el fortalecimiento de la maternidad y paternidad compartida, entre otros aspectos.

Política de Gestión de Personas

En diciembre de 2015, tras un proceso de trabajo acucioso, basado en el diálogo y acuerdo con las asociaciones de Funcionarios y de Abogados del Servicio, finalizó la revisión y actualización de la Política de Gestión de Personas. Y ya podemos decir que, en materias de reclutamiento y selección, el 96% de los cargos provistos lo fueron según el procedimiento establecido.

Actualización del procedimiento de acoso laboral y sexual

También durante el año pasado se actualizó el procedimiento de acoso laboral y sexual. El nuevo documento incorpora un moderno marco conceptual que establece principios garantes para las víctimas, roles concretos para los distintos actores, acciones de prevención y criterios objetivos para la investigación y sanción y un marco de acción preventiva del acoso en el Consejo.

Desafíos para 2016

Forma parte de esta Cuenta dar a conocer los desafíos que el Consejo se ha planteado para trabajar durante este año, los cuales son:

• Mantener altos estándares en la defensa y representación de los intereses del Estado. A pesar de nuestras proyecciones de alza en la judicialización, el desafío que hemos asumido es mantener o superar los resultados judiciales de 2015.
• Consolidar el proceso de modernización institucional. Uno de los desafíos más relevantes para 2016 es concretar la implementación de las propuestas e iniciativas derivadas del rediseño de los procesos de negocio del CDE, entre otras iniciativas que también se trabajarán durante el año en el ámbito de los sistemas informáticos y de la gestión de personas. Este sin duda será el objetivo más demandante para la Institución, especialmente en un escenario de reconocida austeridad presupuestaria, pero que con el compromiso de todos sus funcionarios mostrará durante 2016 ostensibles avances.
• Potenciar el área laboral y prestar asesoría en la materia a organismos públicos. Como se indicó anteriormente, el aumento progresivo de demandas laborales registrado durante los últimos tres años en contra de organismos del Estado, centralizados y descentralizados, ha evidenciado la necesidad de fortalecer el área en donde el Consejo canaliza este tipo de acciones a su cargo. A ese objetivo se añade un impulso al plan de asesorías iniciado en 2015 con el propósito de dar a conocer las nuevas tendencias jurisprudenciales y capacitar a los abogados de las distintas reparticiones públicas con conocimientos en esta área, con una finalidad preventiva del litigio.
• Abrir el consejo a la Ciudadanía, acrecentando el conocimiento de su misión, funciones y competencias, y favoreciendo la transparencia de su gestión. En este ámbito, el Consejo está pronto a actualizar su Política de Comunicaciones y el próximo mes estrenará un nuevo sitio web, iniciativas que forman parte de un esfuerzo sostenido durante los dos últimos años por comunicar de manera más transparente y clara su labor a la ciudadanía.

• Fortalecer la relación con clientes y usuarios en la línea trazada durante el año pasado.

Cierre

Para terminar, quisiera volver sobre el diagnóstico que la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, realizó durante la ceremonia de Aniversario de nuestro Organismo llevada a cabo en diciembre, en el Salón de Honor del Ex Congreso Nacional: “El futuro es hoy especialmente demandante. Sabemos que la sociedad y los ciudadanos imponen a las instituciones y los liderazgos estándares mucho más elevados que en el pasado y esperan de ellos no sólo que hagan las cosas bien en términos de fines sino también de los medios que utilizan”.

Esa será nuestra orientación, cumplir a cabalidad nuestra función, con rigurosa pulcritud de los mecanismos utilizados y siempre de cara a la ciudadanía.