13.03.2020 En el marco del proyecto de investigación “Sistemas Judiciales y Corrupción en América Latina”, financiado por la Fundación Tinker –tinker.org/es–; el centro de estudios chileno Espacio Público –espaciopublico.cl– elaboró el documento “El sistema de justicia penal y su lucha contra la corrupción, Informe de Chile”, en donde destacó la labor que realiza el CDE para perseguir delitos de corrupción.
El Informe fue elaborado por el académico y director de dicho centro de estudios independiente, Mauricio Duce; el abogado y académico Cristián Riego; la abogada e investigadora asistente Valentina Zagmutt y el ayudante de investigación Bastián Martínez.
Entre 2018 y 2019, Espacio Público estudió la respuesta de los sistemas de justicia penal frente a bullados casos de corrupción ocurridos en Argentina, Brasil, Chile y Guatemala. Para la elaboración de los cuatro informes, se consideró el análisis de registros oficiales y artículos de prensa y se realizaron entrevistas a algunos de los actores principales que intervinieron en el desarrollo de los procesos.
La investigación tuvo como propósito identificar el comportamiento de las distintas variables –circunstancias, reglas, prácticas o características– que condicionan, favorecen o perjudican la entrega de una respuesta adecuada a los casos de corrupción que cada sistema de justicia penal debe conocer. Lo anterior, en el entendido que –sostiene el documento– se suele tensionar a los sistemas de justicia penal por presiones derivadas del poder político o la influencia de las personas afectadas, y por la complejidad de las investigaciones que, en general, consideran multiplicidad de imputados, abundante prueba documental y defensas altamente especializadas.
Respecto del caso chileno, el Informe buscó rescatar la experiencia acumulada por el sistema de justicia penal en ese tipo de delitos, e identificar con la mayor precisión posible sus fortalezas y debilidades, con el fin de proponer medidas que le permitan superar, en el futuro, dificultades que ha enfrentado con motivo de estos procesos. Con ese objetivo, el Informe analizó los casos conocidos como “Fragatas”, “Penta”, “Soquimich (SQM)”, “Corpesca” y “Basura”.
Relevante rol del CDE
El Informe rescató de manera positiva las actuaciones judiciales emprendidas por el CDE para perseguir delitos de corrupción y perseverar en ese propósito. Indica el estudio, en su segundo capítulo, que “la legislación procesal penal chilena tampoco contempla una acción popular como regla general para la persecución de los delitos. Sin embargo, en determinados casos se acepta algo similar, por ejemplo, cuando se afecta la probidad de funcionarios públicos. Por lo mismo, se apreció una intervención intensa de los querellantes en los casos analizados. Se percibe un aporte real de los querellantes institucionales, tales como el Consejo de Defensa del Estado” y, más adelante, sostiene: “parece existir consenso en que el trabajo del CDE ha sido muy serio y, por lo mismo, se ha traducido en un aporte relevante en la gran mayoría de los casos”.
En cuanto a las acciones emprendidas por el Organismo en el marco de la investigación penal sobre financiamiento ilegal de la política conocida como “Caso Penta”, el documento relató que “la Fiscalía llegó en 2018 a un nuevo acuerdo con los principales imputados, los controladores de la empresa Penta, por medio del cual se pactó un procedimiento abreviado que estableció penas máximas más bajas. Como el CDE era querellante, dada la existencia de delitos funcionarios, específicamente de cohecho, tenía derecho a oponerse a la rebaja de penas necesaria para concretar el acuerdo. El fiscal procedió entonces a reformalizar la investigación excluyendo los hechos constitutivos de cohecho de sus imputaciones y, consecuencialmente, solicitando la exclusión del CDE de su condición de querellante por falta de legitimación activa, con lo que le impidió oponerse al procedimiento abreviado. El juez de Garantía aceptó la solicitud de exclusión y, finalmente, se aceptó el procedimiento abreviado”.
El Informe afirmó que ello se trató de “una maniobra discutible y polémica, que dio nuevamente cuenta de los enormes espacios de discrecionalidad de los fiscales en materia de negociación, y abrió un flanco importante de dudas acerca de la voluntad real de perseguir con intensidad estos delitos”. Y, añadió: “debe tenerse presente que esto ocurrió, además, en un contexto de cambio de criterio del fiscal regional del caso, quien con anterioridad se había manifestado públicamente decidido a perseverar en la persecución del cohecho hasta las últimas consecuencias”.
