20.01.2020 Durante los tres meses que han transcurrido desde el estallido social del 18 de octubre pasado, el CDE ha coordinado su trabajo y definido criterios específicos para abordar el creciente ingreso de asuntos derivados de las movilizaciones sociales. Ello, con el propósito de efectuar defensas judiciales uniformes y consistentes; ejercer acciones oportunas, pero adecuadamente fundadas y –simultáneamente– concentrar su capacidad de litigio en aquellos casos de mayor gravedad o connotación social.
EL CDE advirtió tempranamente la necesidad de readecuar metodologías y definir criterios acordes con la magnitud y características de los hechos, de modo de fortalecer y asegurar la capacidad de respuesta del Organismo. La organización consideró la distribución de los asuntos bajo la dirección y responsabilidad de Abogados Consejeros, con el apoyo de la División de Defensa Estatal, que asumió la coordinación de las 17 Procuradurías Fiscales del país para la construcción de las defensas y estudio de antecedentes del creciente volumen de recursos y acciones de diferente índole.
Hasta la fecha, el CDE se encuentra en conocimiento de 1.059 asuntos relacionados con el estallido social y las manifestaciones ciudadanas. Ese universo se desglosa en 209 asuntos del ámbito civil y contencioso administrativo, que dicen relación con 110 acciones constitucionales presentadas para impugnar las declaraciones de estado de emergencia y toque de queda; otras 76 por uso de armamentos no letales o disuasivos; y otras 23 referidas a resguardos de comercio. Y, en el ámbito penal, ha tomado conocimiento de 850 asuntos, de los cuales 583 corresponden a vulneraciones a los derechos humanos y 267 a daños a bienes, patrimonio y/o infraestructura pública.
Respecto de un primer grupo de 110 acciones constitucionales tendientes a impugnar las declaraciones de estado de emergencia y toques de queda, el Consejo obtuvo sentencias favorables para la totalidad de los recursos de amparo, aun cuando los plazos de tramitación de este tipo de recursos son muy breves. Respecto de este primer grupo de asuntos, sólo se encuentra pendiente de resolución la apelación de un recurso de protección. En estos casos, el CDE planteó que ésta no era la vía para discutir el ámbito de la delegación de una atribución para restringir la circulación de personas en horario de toque de queda, en un estado de excepción, facultades constitucionales y legales ejercidas por el Presidente de la República.
Aunque varias de estas acciones fueron declaradas inadmisibles (19), la mayoría terminó por sentencia que rechazó la pretensión de los recurrentes (67).
Asimismo, se han obtenido resultados favorables en la mayoría de las acciones constitucionales que cuestionan en términos generales o abstractos la legalidad del uso de armamentos no letales u otros elementos disuasivos en el marco de las protestas (76) y en nueve de 23 recursos de protección deducidos por comercios o negocios, e incluso por autoridades, que solicitaron el resguardo de grupos sociales o de personas no individualizadas que habrían sufrido o se encontrarían expuestas a sufrir limitaciones en el ejercicio de sus actividades comerciales o daños en sus instalaciones. Los 14 restantes se encuentran en tramitación.
En materia penal, la coordinación implementada ha permitido seleccionar, hasta ahora, alrededor de 850 asuntos derivados de las movilizaciones; 267 relacionados con daños a bienes, patrimonio y/o infraestructura pública; y otros 583 referidos a vulneraciones a los derechos humanos, todos los cuales están siendo analizados en mayor profundidad.
De los 267 asuntos referidos a daños en bienes de uso público, instalaciones de servicios públicos, daños a bienes protegidos por la Ley de Monumentos Nacionales, 77 cuentan con autores individualizados.
En tanto, los 583 casos referentes a vulneraciones a los derechos humanos de diversa índole y gravedad se distribuyen en 372 denuncias de apremios ilegítimos; 133 referentes a abusos contra particulares; 35 a lesiones; 19 a torturas; 7 a homicidios; 4 a violencia innecesaria; 3 a homicidios frustrados, 2 a daños a particulares, y otros 2 a allanamiento ilegal y obstrucción a la justicia, respectivamente. Completan el universo total 5 casos que no han podido ser calificados por contar con información insuficiente.
“Frente a un escenario de creciente magnitud y dado que la ley faculta al Servicio para intervenir en el proceso penal sólo mediante la interposición de querella criminal, nos pareció necesario construir un sistema de categorización de las denuncias que considerara la gravedad de los delitos perpetrados por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, contra quienes el CDE se encuentra legitimado para actuar”, sostiene la Presidenta María Eugenia Manaud.
En consecuencia, respecto de 171 asuntos categorizados como de extrema gravedad en el marco de una revisión preliminar se impartieron instrucciones a las Procuradurías Fiscales para que solicitasen inmediatamente las carpetas investigativas del Ministerio Público, con el objeto de contar con los mayores antecedentes al momento de tomar una decisión respecto a la eventual interposición de querellas, para sostener fundadamente la existencia de los hechos con caracteres de los delitos que la ley le faculta perseguir.
“La coordinación del trabajo y los criterios de categorización que se han desarrollado para el adecuado tratamiento de cada uno de estos asuntos resulta prioritaria. Es interés superior del Estado la defensa y promoción de los derechos humanos y, conforme con ese compromiso, corresponde que el CDE estudie acabadamente cada caso con el propósito de defender el interés público y perseguir el esclarecimiento de los hechos y las condenas correspondientes. Ello sólo puede ser concretado por el Servicio una vez dispone de antecedentes suficientes que le permiten arribar a ese convencimiento, y para ello estamos trabajando”, subraya Manaud.
La Presidenta del Organismo precisa que no debe olvidarse que la persecución de delitos de vulneración a los derechos humanos constituye la función principal del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), respecto del cual el CDE actúa colaborativamente, no obstante, haya definido o defina en el futuro perseguir con firmeza aquellos casos extraordinariamente graves y fundados. Precisamente, ese criterio es el que ha primado a la hora de elaborar las tres querellas por violaciones a los derechos humanos interpuestas a la fecha y otra próxima a ser presentada.
En noviembre del año pasado, el CDE ejerció dos acciones penales contra funcionarios que resulten responsables de las graves torturas y apremios infligidos a dos estudiantes universitarios que se encontraban detenidos en dependencias de la 51a Comisaría de Pedro Aguirre Cerda. Posteriormente, el pasado 15 de enero, interpuso otra querella en contra de tres funcionarios de Carabineros formalizados por delitos de homicidio simple en grado de frustrado, falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación, apremios ilegítimos y daños, cometidos en el marco de un procedimiento policial adoptado por la 55ª Comisaría de la Prefectura Santiago Occidente, durante el Estado de Emergencia decretado el 20 de octubre. Las víctimas, entre las que se incluyen menores de edad, sufrieron heridas de bala y fueron sometidas a apremios ilegítimos, de acuerdo con la formalización.
En el ámbito de ataques o daños a la propiedad pública y/o de valor histórico o patrimonial, el CDE interpuso también en noviembre querella criminal contra los responsables de un incendio que afectó las obras en construcción del futuro edificio de Posgrado de la Universidad de Chile, así como de otro siniestro en el acceso a la estación de Metro Baquedano, hechos ocurridos el 12 de noviembre y por los cuales existen personas formalizadas. Posteriormente, durante el presente mes de enero, interpuso una nueva querella contra quienes resulten responsables de los daños ocasionados al monumento del General Baquedano, ubicado en Plaza Italia, y otra para esclarecer los hechos que provocaron el incendio que afectó a la iglesia de San Francisco de Borja, en Santiago.
En cuanto al ejercicio de la acción penal y, posteriormente, la eventual defensa de recursos públicos que puedan ser demandados por vía civil a partir de un mismo hecho, la Presidenta aclaró que ambos constituyen intereses prioritarios para el Estado y, en consecuencia, es tarea del CDE representarlo y defenderlo con idéntica convicción. “Al Estado le asiste la promoción y defensa de los derechos humanos, por lo que perseguirá con firmeza a quienes los vulneren, así como requiere que se resguarde el patrimonio público que pertenece a todos los ciudadanos y habitantes”.
Finalmente, el CDE ha asumido recientemente la representación de Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) para la defensa de los recursos de protección deducidos en su contra en relación a la aplicación de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), sin perjuicio del ejercicio de las acciones penales que puedan corresponder por la imposibilidad de rendir la prueba en cierto porcentaje importante de establecimientos y por la vulneración del secreto respecto de la prueba de historia, que pudiera provenir de funcionarios públicos.
