La Corte Suprema acogió el reclamo de ilegalidad interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado y falló en contra del Consejo Para la Transparencia, luego de que este último Organismo ordenara la entrega de información clasificada respecto de funcionarios de la Armada.
El Máximo Tribunal, con ocasión de un recurso de queja interpuesto por el CDE, resolvió de oficio, que la información solicitada por un particular vía Ley de Transparencia, relativa a la contratación de Oficiales de la Armada ya acogidos a retiro, como profesores civiles o militares en academias o escuelas de cualquier especialidad, está cubierta por la causal de reserva contemplada en el artículo 21 Nº 5 de la Ley de Transparencia, en relación al artículo 436 del Código de Justicia Militar, por tratarse de información sobre la dotación institucional y, por ello, vinculada a la seguridad de la Nación.
De esta manera dejó sin efecto la orden inicial del Consejo Para la Transparencia, de hacer entrega de la información que se había solicitado.
Para lo anterior, la Corte Suprema consideró que la nómina de profesores civiles o militares contratados por la Armada forman parte de su dotación y, como tales, están sujetos al Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas y que sus actividades, así como las remuneraciones recibidas, están vinculadas a la función militar y, por ende, íntimamente relacionadas con la seguridad del Estado y la defensa nacional, por lo que su revelación debilita el rol esencial que la Constitución asigna a dicha institución armada.
