PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

Comité Editorial

En el presente número de la Revista de Derecho del Consejo de Defensa del Estado, William García Machmar, Investigador del Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en el artículo titulado “Criterios para la revisión judicial de la potestad reglamentaria en el Derecho Norteamericano”, realiza un análisis del control judicial de los reglamentos en Estados Unidos, refiriéndose, específicamente, a los estándares de control de la potestad reglamentaria y a las diferencias existentes entre los reglamentos informales y los formales. El autor destaca la importancia del estándar utilizado en el caso Chevron, el cual fue determinante para impulsar el respeto de la interpretación administrativa por parte de los jueces en aquellos casos en que el Congreso les otorga un poder para hacer interpretaciones obligatorias y un ámbito de decisión propia. Finalmente, se refiere a las decisiones de política, señalando que estas solamente son anulables si califican de arbitrarias. Como se advierte, es un tema de gran actualidad en cuanto explora los límites de la actuación judicial en relación con los de la Administración.

Nuestro recordado ex Presidente Guillermo Piedrabuena Richard, quien además fue el Primer Fiscal Nacional del Ministerio Público, presenta, con su autorizada voz, un trabajo titulado “Las víctimas y su derecho de recurrir a la Jurisdicción en relación al Proyecto de Ley que modifica el Código Procesal Penal y otras leyes, conocido como “La Reforma a la Reforma””, en el cual revisa el mencionado proyecto de ley desde la perspectiva de las víctimas y su derecho a recurrir a la jurisdicción, un tema que le ha preocupado en forma significativa en los últimos años, el cual, por lo demás, es una cuestión central en las políticas de persecución criminal. En su reflexión se centra en algunas normas que propone el proyecto  para aumentar la protección y la participación de las víctimas en el nuevo proceso penal, verificando el alcance de la conveniencia de las mismas.

Finalmente, Edison Carrasco Jiménez, abogado de la División de Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo de la Gestión de la Fiscalía Nacional de Chile, da a conocer los resultados de un estudio titulado “Revisión de la jurisprudencia en materia de antecedentes pretéritos en adolescentes infractores. Fallos que los acogen y rechazan y sus argumentos de base”, el cual tiene como objetivo revisar el tratamiento de la jurisprudencia chilena, en el cuatrienio 2009-2012, respecto de las anotaciones pretéritas o antecedentes delictuales por delitos cometidos por adolescentes, usados como fundamento en juicios contra ellos o adultos infractores, para denegar o acoger la configuración de la atenuante de irreprochable conducta anterior del artículo 11 Nº 6 del Código Penal y/o para denegar o acoger la alegación de la agravante del artículo 12 Nº 16 del mismo texto legal.

Como es habitual, en seguida, revisamos una serie de importantes fallos pronunciados, esta vez por la Corte Suprema, en causas fiscales, los cuales tratan temas relevantes, tales como el rechazo de una demanda de indemnización de perjuicios intentada en contra del Estado a raíz del fallecimiento de los pasajeros de un vehículo que fue aplastado por un árbol considerando para así decidir que su desprendimiento no era previsible; una decisión que afirma que no puede atribuirse una falta o un defecto en el funcionamiento del Servicio Nacional de Menores cuando no existe ningún deber legal por él incumplido que diga relación con el fallecimiento de la hija del actor acaecido en una institución colaboradora; una sentencia que establece que el Servicio de Salud de Iquique es un órgano descentralizado de la Administración del Estado, de manera que no actúa bajo la personalidad jurídica del Fisco sino que tiene una propia y que, por lo tanto, su representación judicial le corresponde a su Director; una resolución que afirma que Forestal Sarao S.A. incurrió en una omisión culposa al no adoptar las medidas de vigilancia y cuidado que impidieran la tala ilegal de 2.635 alerces vivos y demás especies de bosque nativo; un juicio en el cual el pleno del Máximo Tribunal decide, en el contexto de una acción civil interpuesta en las llamadas “causas de derechos humanos”, que la prescripción constituye un principio general del derecho destinado a garantizar la seguridad jurídica y, como tal, adquiere presencia en todo el espectro de los distintos ordenamientos jurídicos salvo que por ley o en atención a la naturaleza de la materia se determine lo contrario, esto es, la imprescriptibilidad de las acciones; y, por último, una decisión en la cual se afirma que las empresas Eurolatina fueron creadas para la ejecución del engaño, con el dolo específico de emplear medios engañosos para captar la voluntad de los sujetos pasivos, lo que luego les permitió formar en la inteligencia de los querellantes la falsa idea de que se trataba de un mutuo real y donde los inmuebles que entregaban en hipoteca no tendrían más que el carácter de garantías, en circunstancias que lo buscado era precisamente que se gravaran tales bienes con el cumplido propósito de, más tarde, poder enajenarlos forzadamente, por medio de la ejecución de pagarés que daban cuenta de montos irreales, fruto del delito de usura que se ha tenido también por establecido.

Finalmente, en la Sección Recensiones Bibliográficas se revisa el libro “Activismo Judicial en Chile ¿Hacia el gobierno de los jueces?”, de los autores José Francisco García y Sergio Verdugo, el cual ha generado un fuerte debate en el medio nacional.