18.06.2019 La Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manaud, participó este lunes en la sesión de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre “Actos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y otros actos del Gobierno, en lo relativo al nombramiento y denuncias sobre la conducta de jueces y empleados judiciales de la Región de O’Higgins”.
En su presentación, la Presidenta entregó antecedentes sobre las acciones emprendidas hasta la fecha por el CDE, en el marco de la investigación penal que lleva la Fiscalía Metropolitana Sur respecto de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua y respondió las consultas de los diputados y diputadas presentes en la sesión.
Manaud sostuvo que, ante la evidente demora en la entrega de los antecedentes de la investigación por parte de la Fiscalía en esa región, los que fueron solicitados por parte del Consejo “incluso por oficio, formalmente, en tres ocasiones”, tomó la decisión de solicitar una reunión con el, entonces, Fiscal a cargo y Fiscal Regional. La Presidenta precisó a la Comisión que en esa reunión expuso al Fiscal Emiliano Arias la situación –a poco más de una semana de la audiencia de formalización anunciada por la prensa– a quien exigió le fueran entregados la totalidad de los antecedentes, situación que fue reconocida inmediatamente por éste y se concretó el lunes siguiente.
Consultada acerca de si las dificultades para acceder a la información en poder de la Fiscalía es una situación habitual a la que se enfrenta el Consejo, la Presidenta señaló que no es habitual, puesto que por ley los fiscales deben entregar la información al CDE cuando se trata de delitos de corrupción, y así suelen hacerlo, a menos que se decrete la reserva. No obstante, añadió que, en ocasiones excepcionales como ésta, pueden juntarse otros factores como por ejemplo, “un afán de protagonismo, de no querer entregar la información para no compartir con otros el éxito de una investigación. En todo caso, dicha situación no permite necesariamente relacionarla con un ocultamiento de la información en cuanto pueda importar la existencia de un delito de parte del fiscal”.
En el caso de ésta investigación -precisó- no existía entonces reserva decretada, situación que al Consejo lo habría afectado en su calidad de querellante. “Los fiscales tienen la facultad de decretar la reserva de la investigación y, si fuera el caso, como querellantes esa declaración también afecta al CDE. Cuando es decretada, ésta tiene un plazo máximo, lo que no ocurrió en este caso. Frente a mi consulta (al respecto), se me informó que no existía reserva decretada, lo que motivó la entrega inmediata a los pocos días”.
Respecto de la decisión adoptada por el CDE de traer la causa a Santiago, la Presidenta sostuvo que “fue una decisión que se adoptó de forma inmediata, precisamente, por las dificultades que se estaban teniendo con el Fiscal a cargo y porque se trata de una ciudad muy pequeña en que, naturalmente, los abogados del Consejo que litigan ante la misma Corte pueden tener relaciones de amistad o de enemistad con los Ministros o con los propios Fiscales. Por ende, tratándose de una causa tan importante que afectaba a Ministros de la Corte de Apelaciones, lo lógico era que la llevaran personas absolutamente ajenas, que no tuvieran ningún vínculo con nadie de la zona. Con posterioridad a esa decisión lo hizo también la Fiscalía Nacional, que se la asignó al Fiscal Regional Metropolitano Sur”, señaló.
Consultada sobre los abogados del Consejo de Defensa del Estado que se desempeñan en la ciudad de Rancagua, Manaud aclaró que “ellos también pusieron en mi conocimiento causales de inhabilidad de forma posterior, (lo que) fue oportuno igualmente. Mi reacción los sorprendió porque fue demasiado rápida. No obstante aquello, la Abogada Procuradora Fiscal y el abogado penalista presentaron inmediatamente causales de inhabilidad por tener relaciones de amistad o conocimiento respecto de abogados o Ministros de dicha Corte”.
Respecto de la extensión de la querella presentada por el CDE a otros eventuales delitos que podrían configurarse a medida que avance la investigación, Manaud afirmó que “por supuesto que ello está abierto, incluido también el delito de tráfico de influencias. Se omitió el delito de enriquecimiento ilícito, justamente, porque no tenemos antecedentes suficientes para (considerarlo aún). Sí –eventualmente– de vulneración de secreto, prevaricación o tráfico de influencias, todos hechos mencionados en la querella del Consejo”. Añadió que, respecto de los Ministros Vásquez y Albornoz, el Organismo se encuentra a la espera de ciertas diligencias que solicitó en su querella presentada contra el Ministro Elgueta, en la que también se individualiza a dos abogados de la zona que mantenían relaciones de amistad con los Ministros investigados mientras, paralelamente, estaban a cargo de juicios en que ejercían las defensas y el derecho a alegar, por ejemplo.
Finalmente, en cuanto a la situación que afecta a distintos Organismos del sector judicial en la Región de O’Higgins, la Presidenta del CDE aclaró no estar en condiciones de afirmar que ello sea una situación generalizada a nivel nacional, no obstante los hechos “son de una gravedad extrema y ponen en jaque, a mi juicio, a diversos poderes públicos, entre ellos, el propio Parlamento, el Poder Judicial, el Ministerio Público, es decir, instituciones básicas para el respeto del Estado de Derecho y de la democracia”.
