(08.11.2022) El Consejo de Defensa del Estado presentó, ante el Tercer Tribunal Ambiental, una demanda de reparación por daño ambiental en contra de Nova Austral S.A, producto del grave daño ocasionado sobre el Parque Nacional Alberto de Agostini, emplazado en los Fiordos del Sur de Chile de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, a consecuencia de la sobreproducción de sus Centros de Acuicultura y el vertimiento de agentes contaminantes en el fondo marino sin autorización.
La demanda interpuesta por el CDE se sustenta en la intervención penal deducidas por este mismo Servicio ante el Juzgado de Garantía de Porvenir, en los insumos técnicos proporcionados por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y las resoluciones sancionatorias dictadas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), conforme los cuales se constató la sobreproducción de los Centros de Acuicultura (“CES”) Cockburn 14, Cockburn 23 y Aracena 10, además del daño ocasionado en el CES Aracena 14, por el vertimiento de agentes contaminantes al fondo de mar.
Lo anterior significó la generación de un menoscabo significativo a los componentes ambientales pertenecientes a la columna de agua y fondo marino (sedimentos), con pérdida del ecosistema marino propio del área de emplazamiento de los proyectos y los servicios ecosistémicos que éste presta (hábitat, soporte, regulación), además de la afectación en biodiversidad, alterando el equilibrio ecológico del mismo, al punto de hacer irreversible su recuperación; todo esto, en un área protegida oficialmente por el Estado de Chile en virtud de tratados internacionales.
Previo a la acción de reparación ambiental interpuesta, se sigue una investigación penal en contra de Nova Austral S.A. y sus representantes legales, la cual se origina en la querella interpuesta por el CDE, con fecha 24 de abril de 2020, contra de los representantes y gerentes de Nova Austral. Posteriormente, con fecha 1 de junio de 2020 se presentó una ampliación, que incluyó tanto a las personas naturales querelladas anteriormente como respecto de Nova Austral.
La acción penal del CDE sostiene que, entre 2015 y 2019, Nova Austral adulteró la información sectorial, en particular de los índices de mortalidad y capacidad de producción de sus CES a través de un doble sistema de contabilidad. A consecuencia de ello, en esta arista se investigan el delito de fraude de subvenciones a consecuencia de percibir de forma ilícita los beneficios que reporta la Ley Navarino, además del delito de daño a recursos hidrobiológicos basado en el vertimiento de contaminantes al medio acuático. Esta causa fue formalizada por el Ministerio Público durante los meses de marzo y abril de 2022 y se encuentra actualmente en fase de investigación.