(25.05.2022) Este martes 24 de mayo, el Consejo de Defensa del Estado participó en el Seminario “Probidad y Responsabilidad a Nivel Municipal”, organizado por la Alianza Anticorrupción UNCAC en el que colaboró nuestra Unidad Municipal.
La actividad, realizada de manera presencial y transmitida a través de la plataforma Teams, estuvo dirigida especialmente a funcionarios y funcionarias municipales, y contó con las exposiciones de representantes de diferentes organismos miembros de la Alianza, como la Asociación Chilena de Municipalidades, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, la PDI y el CDE.
Tras las palabras de bienvenida de la recientemente electa Presidenta de la Alianza Anticorrupción, Sra. María Teresa Vial, el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Peribonio, se dirigió a los asistentes primero para agradecer a la Alianza Anticorrupción, UNCAC, por organizar este tipo de actividades que permiten reflexionar e informarse sobre estas materias y también para referirse al importante rol que cumple el CDE en este ámbito.
Al respecto, señaló que “las problemáticas municipales no son ajenas al CDE, tal y como lo manifestamos hace algunos meses en nuestras Jornadas sobre el Fortalecimiento de la Probidad y Prevención de la Corrupción en el Ámbito Municipal: durante el año 2021 tuvimos 489 causas penales vigentes, que involucraron hechos ocurridos en más de la mitad de los 345 municipios del país, con querellas interpuestas en 132 de esas causas.
Agregó que, “la persecución de estos delitos, bajo la dirección del Ministerio Público, resulta compleja desde un punto de vista investigativo y probatorio. Por ello, el año pasado creamos la Unidad Coordinadora Especializada en Materias Municipales del CDE, para detectar denominadores comunes en las causas, fortaleciendo nuestra estrategia de litigio en los diversos ámbitos de nuestras competencias, ampliar y reforzar la coordinación externa, con otros Servicios y actores relevantes, como son la Contraloría General de la República y sus equipos de auditores, las Superintendencias y Ministerios, la Fiscalía, y, como no, los propios municipios. Esta articulación coordinada -interna y externa- nos ha permitido dar impulso al trabajo de nuestros litigantes y colaborar con el Ente Persecutor, en miras a esclarecer los hechos investigados e identificar a los responsables”.
En ese sentido, la autoridad del CDE, aprovechó la instancia para convocar a todos los actores relevantes, autoridades, funcionarios municipales, y concejales en su rol fiscalizador, para “prevenir, detectar y combatir la corrupción, sin perder de vista que la integridad no se descuida, y que pueden contar con el CDE para trabajar juntos en pos de un Chile más probo, con Instituciones robustas en quienes pueda confiar la ciudanía, anteponiendo siempre el bien común por sobre los intereses individuales”.
La jornada, también contó la exposición de la Asociación Chilena de Municipales, a cargo de su máxima autoridad, Carlos Cuadrado; la Contraloría General de la República, cuyo expositor se refirió a la “Responsabilidad Administrativa a Nivel Municipal”, del Ministerio Público, cuyo Subdirector de la Unidad Especializada Anticorrupción, Hernán Fernández, hizo un análisis de la corrupción en el mundo municipal y revisó los delitos más frecuentes en estas instituciones. También expuso el Subprefecto Pietro Hernández, Jefe de la Brigada Investigadora Anticorrupción de la PDI, quien se refirió especialmente a algunos aspectos prácticos de la investigación de delitos de corrupción y sistema de alertas preventivas.
Por nuestra parte, la exposición estuvo a cargo de la Abogada Jefa de Litigio Penal de la Procuraduría Fiscal de Santiago, Luppy Aguirre, quien abordó de manera muy detallada aquellos aspectos problemáticos sobre la investigación de los delitos asociados a las subvenciones de educación.
La profesional, analizó las principales irregularidades detectadas en la administración de estos fondos, entre las que destacan: gastos no acreditados o insuficientemente acreditados, asignaciones erróneamente imputadas a la Subvención Escolar Preferencial y redición de gastos correspondientes a otros períodos.
También se refirió a las principales dificultades que enfrentan quienes participan en la investigación de estos delitos, en un escenario que exige a las instituciones la máxima probidad en la administración de recursos fiscales que son de todas y todos y que, principalmente, benefician a las personas más vulnerables del país, ante lo cual señaló que “los recursos de origen estatal que reciben estas corporaciones municipales o los que ellas mismas generan, deben emplearse exclusivamente en los fines que para los que están destinados, correspondiendo a la CGR fiscalizar dicha circunstancia”.
