31.07.2020 El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella contra la médico cirujano Paulina Carrasco Godoy y contra todos quienes resulten responsables por el delito de obtención fraudulenta de prestaciones fiscales, por un monto que supera los siete mil millones de pesos, acción que se presentó al día siguiente de haber sido informado de los hechos por parte del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).
De acuerdo con los antecedentes presentes en la investigación penal que desarrolla el Ministerio público, la facultativa habría celebrado un convenio con Fonasa que le posibilitaba entregar prestaciones en la modalidad de libre elección y que le otorgaba un subsidio fiscal por cada consulta. Dicho sistema permite la venta de bonos electrónicos en las dependencias de atención informadas por el médico, evitando que los pacientes deban dirigirse hasta una oficina de Fonasa para retirarlo.
Según consta en la querella, Carrasco habría realizado “desde enero a junio de 2020 el cobro de innumerables prestaciones de salud bajo la modalidad descrita, las que habría simulado y, en definitiva, no ejecutado, que implicaron que Fonasa efectuara el respectivo pago correspondiente al Fondo de Ayuda Médica (FAM), que es aquel porcentaje del valor del bono de atención que se cubre o completa con fondos fiscales”. Así, durante el periodo comprendido entre enero y junio del presente año, la querellada habría simulado “una atención jamás prestada, obteniendo indebidamente prestaciones improcedentes, defraudando el patrimonio de Fonasa en una suma de $7.348.982.432, de los cuales se ha pagado a la facultativa la suma de $ 6.125.617.635”, detalla el libelo.
La investigación establece, además, “que existe un patrón de cobro que incluye prestaciones médicas sin que aparezcan consultas asociadas a ellas, los que implicarían los aranceles más altos y, por consiguiente, el mayor beneficio para la prestadora”.
El CDE se propone que se investigue a fondo lo sucedido y se obtengan las condenas de quienes resulten responsables de este ilícito, pena que podría alcanzar hasta los cinco años de presidio y multas respectivas.
