(17.08.2021) El lunes 16 de agosto el Consejo de Defensa del Estado presentó querella criminal contra el ex director de la Policía de Investigaciones de Chile, PDI, Héctor Espinosa Valenzuela y el subcomisario Eduardo Villablanca Inostroza por delitos reiterados de malversación de caudales públicos, conforme con los hechos acreditados en la investigación penal, ilícitos cometidos en su condición de funcionarios públicos.
La acción del órgano colegiado además imputa a Espinoza delitos de falsificación de instrumentos públicos y de lavado de activos. Por este último ilícito el Consejo acusa también a su cónyuge María Neira Cabrera, y al subcomisario Villablanca Inostroza.
La querella del CDE describe el procedimiento y/o mecanismos utilizados por los imputados para, en primer lugar, sustraer cuantiosos fondos fiscales provenientes de gastos reservados asignados por Ley de Presupuestos de la Nación a dicha institución entre los años 2015 y 2018, conductas por las cuales, en concordancia con los antecedentes de la investigación penal, el CDE imputa el delito de malversación reiterada de caudales públicos.
Los antecedentes reunidos en la investigación del Ministerio Público permiten fundadamente deducir que, con ocasión de la asignación y posterior rendición de los gastos reservados otorgados por Ley de Presupuestos de la Nación a la Policía de Investigaciones de Chile –que entre junio de 2015 y diciembre de 2018 ascendieron a 1.306.033.000 de pesos, el querellado Héctor Espinosa Valenzuela, entonces director general de la PDI, concertado con el subcomisario Eduardo Villablanca, su ayudante al momento de los hechos, sustrajeron cuantiosos caudales públicos provenientes de gastos reservados, los que este último depositó en efectivo en cuentas corrientes de Espinosa y de su cónyuge, así como en cuentas propias.
Del mismo modo, la acción penal interpuesta describe la forma en que se falsificaron y/o utilizaron declaraciones juradas falsas para justificar el uso y destino de los referidos gastos reservados, presentadas entre 2015 y 2017 ante la Contraloría General de la República por el ex director general, así como ante la propia PDI, mediante certificados dolosos firmados por Espinoza para justificar egresos periódicos de fondos que, en promedio, ascendían a 30 millones de pesos mensuales.
Conforme con ello y como una forma de ocultar las sustracciones, en el proceso de rendición genérica y anual de los gastos reservados ante la Contraloría General de la República, el querellado falsificó y/o utilizó declaraciones juradas mendaces de buena inversión, mediante las cuales sostenía, bajo juramento, que estos se emplearon en los fines propios de la Policía de Investigaciones de Chile y en las misiones que le son inherentes, relativas al orden público y seguridad interior y exterior del país, señala la querella del CDE.
El Consejo sostiene que, con los dineros sustraídos, los imputados, a sabiendas del origen ilícito de estos fondos, realizaron distintas operaciones que tuvieron por finalidad su introducción en el sistema económico formal, ocultándolos mediante el fraccionamiento en diversas cuentas corrientes o productos financieros y adquiriendo bienes muebles o inmuebles. A la fecha, la indagatoria ha determinado la adquisición por parte de los imputados de vehículos, un departamento en la comuna de Las Condes, entre otros bienes.
