16.12.2019 Tras presentar querella criminal el viernes pasado, el Consejo de Defensa del Estado participó en la audiencia de formalización realizada este fin de semana ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, referente a la investigación penal que sigue el Ministerio Público contra seis funcionarios(as) de dicha Cartera y otros 15 particulares, imputados de graves irregularidades en licitaciones de proyectos informáticos desarrollados entre 2014 y 2019.
En la audiencia, el CDE adhirió a la solicitud de medidas cautelares efectuada por el equipo de fiscales de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, a cargo de la investigación. El Tribunal acogió la solicitud de prisión preventiva para siete de los imputados: cuatro ex funcionarios públicos y tres personas naturales.
En ejercicio de sus atribuciones en materia penal, el Consejo se querelló contra los funcionarios(as) Marcos Andrés Rivas Rivas, Cristián Felipe Labra Peña, María Cristina González Ilarrázabal, Alejandro Jara Arriagada, Ariel Alvarado Riquelme y Marcos Andrés Duarte López por los delitos reiterados de cohecho y fraude al Fisco, ambos en grado de desarrollo consumado y en calidad de autores.
En tanto, a los particulares Willy Fernando Conejeros Gajardo, Antonio Fernández Nacarino, Cristian Genaro Navarro Soto y Mariela Elizabeth Elgueta Rosas, el CDE imputó delitos reiterados de soborno y fraude al Fisco, ambos en grado de desarrollo consumado y en calidad de autores.
En su calidad de empleados públicos, los funcionarios formalizados habrían intervenido, en razón de su cargo, en operaciones irregulares con el propósito de adjudicar diversos proyectos de desarrollo informático a empresas específicas, en conocimiento que éstas no desarrollarían los proyectos en cuestión y que los valores de adjudicación se apartaban de su costo real.
“Dichas acciones fueron realizadas con infracción a los deberes de sus cargos, ya que fueron ejecutadas a cambio de haber recibido pagos por dichas adjudicaciones o interceder para hacer adjudicar, las que –además– generaron injustificadamente un perjuicio al Fisco, toda vez que no eran realizadas por las empresas adjudicatarias, quienes recibían dinero solo por esta acción, subiendo con ello el costo del proyecto”, establece la acción penal del Organismo.
Los imputados “han infringido sus deberes de transparencia, rectitud, imparcialidad, ecuanimidad, honestidad, probidad, eficiencia en el uso de los recursos y de velar por el interés general por sobre el particular”, establecidos en los artículos 6, 7 y 8 de la Constitución Política y otros cuerpos legales que regulan el ejercicio de la función pública, subrayó el CDE.
Una vez tome conocimiento de todos los antecedentes de la investigación, el Consejo podría ampliar eventualmente su querella y perseguir a quienes resulten responsables, dentro del marco de sus atribuciones penales. En ese sentido, es importante precisar que su ley orgánica lo faculta para perseguir penalmente aquellos delitos que puedan ocasionar perjuicios económicos para el Fisco, como malversación o defraudación de caudales públicos y sustracción, pérdida o fraude de fondos fiscales y, especialmente, delitos de cohecho, soborno y negociación incompatible, cuando son cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus funciones.
Crédito fotografía: Fiscalía de Chile
