TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DECLARA INADMISIBLE REQUERIMIENTO DE INMOBILIARIA POR PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE GRAN ALTURA EN ESTACIÓN CENTRAL

  • La empresa buscaba que se declarara inconstitucional la resolución del Contralor General de la República que canceló permisos de edificación en la comuna.

13.08.2019 La Primera Sala del Tribunal Constitucional, por unanimidad, declaró inadmisible el requerimiento presentado por Inmobiliaria Placilla SPA –al que se sumaron otras empresas del rubro– que buscaba que se declararan inaplicables por inconstitucionales, las normas que consagran las facultades del Contralor General de la República (CGR) que le permitieron ordenar la cancelación de los permisos de construcción de 49 proyectos en la comuna de Estación Central, conocidos como “guetos verticales”.

“Estamos muy conformes con la sentencia del Excelentísimo Tribunal Constitucional que declaró inadmisible el requerimiento deducido por las inmobiliarias. En su fallo, éste declara que la potestad dictaminadora de la Contraloría General de la República tiene base constitucional, por lo que el requerimiento carece de fundamento plausible”, explicó el Consejero Rodrigo Quintana, quien asumió la defensa y representación del Estado de Chile y de la CGR frente al requerimiento interpuesto. Agregó que, a través de su dictamen, el Tribunal Constitucional señaló que a “quien corresponde controlar la legalidad de los actos administrativos de la Contraloría General de la República es a los tribunales y ello deberá ser discutido en los recursos de protección”.

En lo esencial, la inmobiliaria requirente argumentó que el Contralor suplantó el criterio técnico y urbanístico del Director de Obras Municipales de Estación Central. Además, planteó que la decisión del Contralor se traduce en una orden de invalidar el permiso de edificación, sin un procedimiento legal previo y sin que se ejerza el derecho a una defensa por parte de la empresa. En tanto, entre los argumentos expuestos en audiencia, el CDE defendió la potestad dictaminante de la Contraloría, lo que fue confirmado por el Tribunal en su dictamen.  

 

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